—Usted elaboró el Libro blanco de reforma penitenciaria en Uruguay que el Ministerio del Interior [MI] presentó a finales del gobierno anterior como hoja de ruta para la gestión del sistema carcelario. ¿Qué tanto de lo que planteó en ese trabajo hoy se está llevando adelante?
—Uno de los aspectos positivos del libro blanco es que fue elaborado durante una administración y recogido por la siguiente como insumo para orientar la política pública, lo que habla de cierto consenso político. El libro es un diagnóstico de la situación del sistema penitenciario uruguayo, pero con una revisión y sistematización de la evidencia internacional que es bastante consistente, en relación con las líneas a seguir para mejorar la situación penitenciaria, tanto dentro como fuera de las cárceles. Y es un insumo útil, tanto como lo han sido muchos otros que ofrece la academia, el Comisionado Parlamentario Penitenciario o la Institución Nacional de Derechos Humanos. En términos generales, la estrategia planteada en ese trabajo parte de darles la misma importancia a los tres subsistemas del Instituto Nacional de Rehabilitación [INR]. Es decir, además de la cárcel, que es el sistema cerrado, al sistema abierto, que es el de las medidas alternativas, y al sistema pospenitenciario, o sea, las políticas que se establecen para quienes egresan. Entonces, en cuanto a los avances de gestión basados en el libro blanco, yo destacaría el reposicionamiento de esos otros dos subsistemas, particularmente a través del fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas [Dinama], que pasa a considerarse como un eje fundamental del sistema.
—¿En qué consiste este fortalecimiento?, ¿y por qué se apunta a esa área?
—Usualmente cuando pensamos en el castigo pensamos en la cárcel, pero las formas alternativas a la prisión, en muchos casos, son más humanas y eficientes; económicamente y en términos de resultados, porque reducen la reincidencia. No todas las personas que han cometido delitos requieren una pena carcelaria. Y el subsistema abierto permite que las personas no interrumpan otras esferas de la vida que son consideradas prosociales, como por ejemplo la de los cuidados, la del trabajo o la de la educación. En este sentido, están en proceso muchas mejoras, como la metodología de sistematización de la información, que hoy es muy poca. Por ejemplo, la experiencia internacional muestra el éxito que tienen estas medidas alternativas en la reducción de la reincidencia delictiva, pero en Uruguay no tenemos contabilizado [oficialmente] ese fenómeno. Y hoy tenemos 10 mil medidas alternativas. Entonces, es muy importante sistematizar esta información. Por eso, también, en la nueva institucionalidad que se propone al descentralizar el INR, se le da más jerarquía a la Dinama, que pasa a ser una unidad organizativa con cometidos específicos, y en ese marco hay varios programas en curso. Uno de ellos, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, trabaja en el perfeccionamiento del instrumento de evaluación de riesgo que se hace a la persona antes de ingresar al sistema. Esta primera entrevista en la que se evalúa el riesgo de reincidencia, el riesgo que supone para sí y para terceros, ahora también se le va a hacer a quienes se les asigne medidas alternativas. Y esa evaluación también va a aportar a la decisión de qué tipo de abordaje y tratamiento necesita cada persona.
—Este énfasis en las alternativas al encierro parece estar preparando el terreno para desprisionalizar.
—Es que la decisión de mandar o no a la cárcel a la gente no es del MI ni del INR, sino de la Justicia. Desde nuestro lugar lo que tenemos que hacer es asegurar que las medidas alternativas funcionen bien para que lleguen a resultados exitosos. Sobre todo porque hay un gran desconocimiento y descreimiento de la herramienta, y esto se da también porque la Dinama es una institución débil, con pocos funcionarios, con sistemas de información precarios y una escasa presencia territorial, debido a los pocos recursos que hoy tiene. Entonces, incluso cuando formalmente existe la posibilidad de derivar a una persona a la medida alternativa, la Justicia lo evita. Y para que esto no siga ocurriendo es que estamos trabajando en fortalecer la capacidad de respuesta y mostrar esos resultados.
—Precisamente porque hay decisiones que exceden al INR, ¿en qué medida la reforma penitenciaria se trabaja de forma conjunta con las otras instituciones a las que el tema les compete? Pienso, por ejemplo, en los cambios propuestos por el gobierno para el Código del Proceso Penal [CPP].
—El MI participó del diálogo que resultó en la propuesta de reforma del CPP, como tantos otros actores. Nosotros hemos intercambiado y hecho sugerencias en cuanto a sus contenidos. Por ejemplo, sobre la reintroducción de la suspensión condicional del proceso, que es un punto clave para la desprisionalización. Pero también expresamos nuestro posicionamiento en iniciativas por fuera del Poder Ejecutivo, cada vez que se nos convoca. Por ejemplo, una propuesta relevante es el proyecto de justicia terapéutica del Partido Colorado para el abordaje de personas presas por delitos leves y vinculados al consumo problemático de sustancias o el que presentó el Frente Amplio para cambiar lo referente al microtráfico en la Ley de Estupefacientes, aspecto que estuvo muy ligado al incremento desproporcionado de mujeres privadas de libertad que hubo en el período anterior.
—Volviendo al proyecto de reforma del CPP, otra de las propuestas que prometía resultados en términos de desprisionalización era la que reincorporaba la libertad anticipada para ciertos delitos. ¿Cómo tomó la decisión del Poder Ejecutivo de descartar esta medida?
—Son definiciones que van más allá de mi competencia. Entiendo que la decisión es de postergar esa discusión y tratarla aparte luego. Y, bueno, me parece importante que en algún momento se retome esa propuesta.
—¿Qué pasa con el tercer subsistema, las políticas pospenitenciarias?
—Son superimportantes, tanto para disminuir los volúmenes de prisionización como para reducir los altísimos niveles de reincidencia que hay en el sistema. Hay que pensar que la mayoría de quienes reinciden en el delito lo hacen en los primeros dos, tres, seis meses luego de su egreso. Entonces, tener políticas pospenitenciarias fuertes, o una transición más gradual entre el adentro y el afuera, un acompañamiento que te permita resolver durante las primeras semanas de libertad algunas cuestiones básicas que te permitan la supervivencia, disminuye los niveles de reincidencia y, por ende, los niveles de encarcelamiento. En este caso, la institucionalidad encargada está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, entonces requiere de una coordinación conjunta. Hoy, por ejemplo, un programa en el que se está haciendo hincapié, y que a mí me entusiasma mucho, es el Libertad Segura, que apunta a la inclusión social y laboral del egresado.
—Recientemente la discusión pública volvió a centrarse en qué medidas hay que tomar para solucionar la inseguridad. Varios actores apuntaron al sistema penitenciario. Diego Sanjurjo –gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada– fue categóricamente pesimista en este punto; dijo algo así como que todos sabemos que hay que poner plata en esa área, pero que nadie quiere asumir ese riesgo, ya que no es una idea demasiado popular en la opinión pública y podría tener costos políticos. ¿Cuál es su opinión sobre ese diagnóstico? ¿Cuál es el suyo?
—No estoy tan de acuerdo con ese diagnóstico. Es decir, evidentemente el sistema penitenciario requiere muchísimos más recursos de los que tiene, pero también requiere un uso mucho más racional de esos recursos, porque tampoco es que la cárcel sea barata: destinamos aproximadamente 1.000 dólares por mes por cada persona privada de libertad, y tenemos 470 reclusos por cada 100 mil habitantes, una tasa que triplica la media mundial y duplica el promedio latinoamericano.
Entonces, para mí no es solo una cuestión de poner todo el dinero que tendríamos que poner para tener la cantidad de técnicos, plazas y condiciones de vida dignas para atender a 17 mil personas, más las 10 mil que están con medidas alternativas. Creo que la discusión debería estar centrada en la cantidad de personas que tenemos presas y en que la cárcel no sea la única respuesta ante el problema del delito, ya que en muchos casos, como también decía Sanjurjo, es más un problema que una solución. Por eso el énfasis en los tres subsistemas, porque entiendo que la inversión y el presupuesto que necesitamos, más que para construir más establecimientos, debería estar destinado a potenciar estos dos eslabones, el de medidas alternativas y el de las políticas pospenitenciarias, porque son mucho más costoeficientes que la cárcel. Y creo que ahí hay que dar una discusión política que es muy sensible, porque tiene que ver con cuán dispuestos estamos a pensar en respuestas penales alternativas a la cárcel, o que incorporen la cárcel, pero combinadas con otras medidas. Como, por ejemplo, arrestos de fines de semana, prisiones nocturnas o cumplir el último período de la pena con tobillera.
—¿Por qué te parece que es tan difícil dar esa discusión?
—Bueno, tenemos mucho para hacer frente al déficit tan grande de información que tenemos. Hay que mostrar los buenos resultados que dan estas medidas, demostrar que son una alternativa eficaz. Mientras tanto, tenemos niveles altísimos de encarcelamiento, en su gran mayoría de varones jóvenes. Tres de cada 100 varones de entre 25 y 29 años están presos. Entonces, creo que es hora de empezar a hablar de encarcelamiento masivo, que es un concepto que en Uruguay no se ha aplicado, y tiene que ver con que la cárcel deja de ser una cuestión excepcional y pasa a ser algo esperable para ciertos grupos poblacionales. Uruguay tiene una estructura poblacional muy envejecida, y con estos niveles de encarcelamiento estamos hipotecando el futuro del país, porque esas personas son las que están en edad productiva y reproductiva, y los tenemos ahí.
—En esta rendición de cuentas se concreta otro de los puntos centrales de la reforma penitenciaria, la descentralización del INR, que, además, pasa a llamarse Instituto Nacional de Reinserción. ¿Qué peso tiene esta medida?
—Efectivamente, esto fue señalado en el libro blanco, pero también es una propuesta que se viene discutiendo desde hace décadas. El cambio de nombre que decís puede parecer menor, pero tiene que ver con la concepción de los cometidos del sistema: pasa de ser un instituto de rehabilitación, idea que está muy asociada al paradigma médico, de intervención sobre las carencias de un individuo, a un instituto de reinserción, que es una categoría bastante más integral, que no deposita toda la responsabilidad en la persona que delinque, sino que involucra a otros actores y a la sociedad toda, porque para que ocurra una reinserción el entorno también tiene que modificarse. Y esto va de la mano con ofrecer oportunidades habitacionales, laborales, sanitarias. En cuanto a lo operativo, el INR es una institución muy grande, con 17 mil personas presas, 10 mil medidas alternativas y cerca de 4 mil funcionarios, entonces la autonomía que ofrece la descentralización le permite otra capacidad de ejecución. Por ejemplo, en la planificación de su presupuesto, del diálogo directo con el Parlamento, ya no mediado por el MI, que tiene otro universo de direcciones y órganos de los que ocuparse.
—Mientras tanto, el INR apuntó a descomprimir algunas unidades a través de la construcción de nuevas cárceles. ¿Cómo se viene desarrollando esa estrategia?
—Hasta ahora son cuatro nuevas unidades, de participación público-privada, que vienen de la administración anterior. La Unidad 5 de Mujeres, inaugurada este jueves, lo que hace es sustituir la vieja cárcel ubicada en Colón, por lo cual esa unidad se cierra. La nueva tiene bastante más capacidad: 856 plazas disponibles, cuando la anterior tenía poco más de 400 y niveles altísimos de hacinamiento. Además, incluye un sector para personas trans, el primero del sistema penitenciario uruguayo.
Y después las otras tres unidades masculinas en el Penal de Libertad. La primera de ellas ya fue inaugurada, la Unidad 29, y está destinada a albergar a personas condenadas por delitos sexuales. Lo que hicimos fue un relevamiento de las personas que estaban alojadas por este delito en las distintas unidades del área metropolitana y se fueron trasladando progresivamente hacia allí. Se prevé implementar un dispositivo de abordaje para este tipo de delito. Y las otras dos también están previstas para delitos específicos; la 28 para condenados por delitos de violencia doméstica y de género, y la 27 para presos primarios con penas breves, por delitos menores. Son abordajes pensados en función de los perfiles criminológicos de las personas. En estos últimos dos casos, se inaugurarán en la medida en que vayan ingresando funcionarios penitenciarios, como está previsto que ocurra en los próximos meses.
—¿Qué pasó con las dos unidades de máxima seguridad que anunció en marzo el presidente Yamandú Orsi?
—Sobre esas unidades actualmente estamos en diálogo con la empresa (porque lo previsto es que se realicen a través de una ampliación del pliego de las cárceles de participación público-privada). Serían dos unidades de pequeño porte, de aproximadamente 50 plazas cada una. Ahora se está trabajando en el diseño de esas unidades. Y, bueno, van a estar destinadas a lo que nosotros denominamos perfiles de alto riesgo para la seguridad, vinculados generalmente al crimen organizado. La idea es alojar a personas que ocupan roles de liderazgo en organizaciones y que tienen capacidad, digamos, de operar desde adentro hacia afuera. Están pensadas para perfiles muy específicos y hay un proceso de análisis bastante delicado para definir quiénes ocuparían esas plazas, que se hace por parte del INR en conjunto con la Policía Nacional. Y es un régimen, digamos, excepcional y sujeto a una revisión continua para ver en qué medida y hasta cuándo una persona tiene que estar en uno de estos establecimientos.
—Teniendo en cuenta la experiencia de países como Brasil, en cuyas cárceles se han originado organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital, ¿qué diagnóstico tiene el INR del fenómeno del crimen organizado dentro de los establecimientos del sistema uruguayo? ¿Existen hoy estas actividades en cárceles del país?
—Uruguay ha podido observar los procesos que se han dado en la región y estamos alerta al eventual desarrollo de ese tipo de organizaciones. Hoy la situación local realmente no es comparable con lo que ha ocurrido en otros países de la región. Sin embargo, todas estas medidas que te estoy comentando tienen que ver con anticiparse y evitar que esos grupos criminales organizados se consoliden dentro de los establecimientos.
Tenemos prevista una inversión en tecnología, con escáneres de bultos, de personas, cámaras de videovigilancia y demás, que va a permitir incrementar el control sobre lo que sucede dentro de las unidades. También estamos desarrollando muchas formaciones, por ejemplo, con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en temas de clasificación e identificación de perfiles de alto riesgo y también en materia de inteligencia penitenciaria, que es una pata fundamental para la anticipación, prevención y detección de estos grupos delictivos que operan dentro de las cárceles. Ahí estamos trabajando fuerte en la formación del personal y también en la articulación con la Policía. Todas estas líneas tienen que ver con adelantarnos e intentar minimizar los riesgos que son claros. Además, estos procesos de capacitación los estamos haciendo en conjunto con los sistemas penitenciarios de Brasil, Argentina, Chile, porque es un trabajo que debe ser transnacional. Todo esto en paralelo con los múltiples programas para el tratamiento del consumo problemático de sustancias dentro de las cárceles, en lo que también estamos trabajando.