—Participa de varias redes vinculadas a la defensa de los derechos de niños y adolescentes y en la lucha contra la violencia. ¿Qué particularidades tuvo el trabajo el año pasado, atravesado por el contexto de la emergencia sanitaria?
—Hace años que, desde el Comité de Derechos del Niño Uruguay, junto con la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales [ANONG] y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, hemos empezado a problematizar la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes en distintos escenarios, en sus casas, en la comunidad y en las instituciones. Uno de nuestros objetivos es dar cuenta de que si los gurises viven situaciones de violencia dentro de su casa y no reciben la respuesta adecuada en la atención, la prevención o la detección por parte de las instituciones, entonces hay una omisión del Estado. Definimos empezar a colocar en la agenda pública de forma coordinada esta complejidad. Antes de la pandemia, hicimos un seminario en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, en el que planteamos distintas violencias que sufren los gurises en esos escenarios. En aquel momento invitamos a todos los organismos del Estado para que escucharan las diferentes intervenciones sobre la violencia hacia la infancia, en las instituciones, en la comunidad y en la familia, visibilizando el problema y haciendo propuestas para su abordaje. Fue una sola persona de todos los jerarcas que invitamos. Luego, en el período de campaña electoral, elaboramos un proyecto llamado Diez Puntos de la Infancia como Prioridad, en el que se identificaban necesidades de reformas normativas, de política pública y de abordaje. Para el evento de presentación convocamos a todos los candidatos a la presidencia. Esto no era una cuestión partidaria, les estábamos diciendo al gobierno que se iba y al que iba a venir que los gurises en nuestro país tienen problemas graves y hay una omisión por parte del Estado en garantizar sus derechos. Se necesita un sistema de protección que no hay, se necesitan reformas normativas, se necesita responder al problema de la pobreza y la violencia. Les dijimos: «Este es un sujeto ciudadano en nuestro país al que se le debe una respuesta en cuanto a garantía de derechos».
—¿Todos los candidatos firmaron ese compromiso?
—Invitamos a todos los partidos y especialmente a los candidatos que disputaban el balotaje. Asistieron Martínez y Villar, no asistieron Lacalle Pou ni Argimón, tampoco los representantes de Cabildo Abierto ni del Partido de la Gente. Los colorados y el PERI estuvieron.
—Antes del cambio de gobierno tenían identificados esos diez puntos prioritarios que debían atenderse para responder a una omisión del Estado en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles se agudizaron durante la pandemia?
—Junto con el cambio de gobierno se vino la pandemia. Lo que en su momento habíamos identificado como prioritario no solo no se atendió, sino que no se lo consideró especialmente. A esto se sumó el aumento de la pobreza y, con ella, las situaciones de violencia se agudizaron. Distintos representantes del Estado han dicho que hay lista de espera para los servicios de atención, que hay órdenes judiciales y de medidas de protección que no se pueden activar y concretar porque no hay cupos para la atención y la protección inmediata de las infancias en situación de violencia. Es decir, hay problemas graves en la detección y eso tiene que ver con carencias en la formación y en la interpretación de los indicadores. Por ejemplo, si llega una niña embarazada, es necesario entender que ese embarazo es un indicador de violencia sexual. Si hay niñas de 11 o 12 años embarazadas, eso significa que no se detectó a tiempo la violencia sexual u otras cuestiones en los antecedentes de violencia intrafamiliar. Las decisiones políticas que se tomaron para atender la emergencia sanitaria estuvieron atravesadas por la mirada sanitarista hegemónica enfocada al covid, que era lo que había que cuidar, y se desatendieron cuestiones que tenían que ver con la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y con la protección ante la violencia. Las medidas de aislamiento para prevenir contagios y la no presencialidad agudizaron los problemas de detección, porque los gurises a quienes les van a contar lo que viven en la intimidad de sus hogares es a los adultos del afuera y el afuera es el centro educativo o es el centro de salud.
—La decisión de la no presencialidad no tuvo en cuenta el cruce de las situaciones de violencia ya detectadas con los contextos de vulnerabilidad y riesgo potenciales.
—Exacto. Hubo dos problemas: por un lado, el control y el monitoreo en la situación de violencia en aislamiento cuando existe posible riesgo y, al mismo tiempo, la soledad.
A esto se suma la violencia sexual en el entorno comunitario, que no es que esté directamente vinculada a la pobreza, pero es cierto que la necesidad económica y afectiva de los gurises los expone y los pone en situaciones de riesgo. La explotación sexual es un problema que se agudiza en nuestro país, si encima tenés gurises con hambre…
Durante la emergencia sanitaria muchos servicios se cerraron, se recortaron proyectos de cercanía con las familias y de apoyo económico. En este marco de repliegue de políticas públicas, los niveles de exposición a la explotación sexual surgen. Los gurises pasaron días enteros solos, pero con el celular o la computadora. Lo que se ha observado en todas partes del mundo fue un aumento de la distribución de la producción de material pornográfico y la distribución de pornografía infantil a nivel global. Esto nos causó gran preocupación a nivel local. No se hicieron estudios de seguimientos específicos en el tema, pero lo que surgió de nuestra experiencia y trabajo cotidiano fue un notorio aumento de la exposición de los chiquilines para la producción y distribución de material de contenido abusivo, sobre todo en gurisas muy chicas.
—¿Adolescentes?
—Sí, pero muy chicas, 11 años en adelante. El año pasado hice un curso de formación sobre el tema, está siendo un problema que crece en todas partes y, además, en los niveles de exposición se identifican chicos que han sido contactados a través de los juegos online. Entonces, no es que la pandemia hizo emerger un problema nuevo, pero lo profundizó y lo aceleró. Los gurises se mueven en un escenario que los adultos no manejamos tanto y el aislamiento hizo que la soledad en conexión los pusiera en riesgo. Capaz que uno de los problemas es que no hablamos de este tema, no solo que la política pública no reconoce el problema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes como prioritario, sino que muchas veces a los adultos les cuesta hablarlo.
—El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) presentó los datos del primer semestre de 2021. El informe revela que se registraron 3.957 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, 55 por ciento más que en el mismo período de 2020. ¿El retorno a la presencialidad de los servicios pone en evidencia la importancia de la cercanía para la detección?
—Sí, el aumento puede estar vinculado al retorno de la presencialidad, porque la situación que reporta el Sipiav se construye a partir de lo que reportan los servicios que están vinculados a políticas públicas, las organizaciones que tienen convenio con el Estado y los actores que participan del comité de recepción local, que en general son actores públicos. Pero son muchísimos más los casos y las situaciones de violencia que no llegan a ser reportados. La mayoría de las actuaciones se detectan en su fase recurrente o crónica. El problema es que no es un estudio de prevalencia, solo está lo que fue detectado y atendido por este sistema.
—Las consecuencias de la emergencia sanitaria también se hicieron sentir en los proyectos que venían desarrollando las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles fueron los efectos de la pérdida de cercanía? ¿Cómo ha sido el proceso de retorno?
—El no poder estar cerca fue un gran problema. Nosotros podíamos argumentar la necesidad de presencialidad por los niveles de riesgo, pero no fue suficiente. Para poder trabajar con gurises en prevención y detección necesitás presencialidad, es necesario construir vínculos y eso no es posible de otra manera que no sea estando cerca. En el caso de [la ONG] El Paso, el abordaje de situaciones de violencia es constante. El teléfono o la videollamada no son un escenario óptimo para alcanzar grados altos de confianza. Además, por una cuestión de cuidado y garantías, no vas a hablar por teléfono en profundidad; hay que esperar a verlo para dar garantía de confidencialidad y cuidado en el encuentro. A veces ni siquiera teníamos con quién hablar si no estábamos en el barrio; y si no estamos ahí ¿quién está?
El impacto fue tremendo en las organizaciones sociales también por los niveles de estrés de los trabajadores. Muchas organizaciones que integran nuestras coaliciones estaban siendo afectadas por los recortes en políticas públicas, por un lado, y, por otro, por la vida y los problemas personales. Pasamos un año entero armando canastas, tratando de garantizar la comida, atajando urgencias, cuidando nuestro entorno y viendo a colegas perder empleos. No dábamos abasto, todavía estamos revisando lo que quedó pendiente.
—El Comité de Derechos del Niño Uruguay publicó dos informes en mayo y diciembre del año pasado en los que constan las preocupaciones manifestadas por niños y adolescentes. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? ¿Recibieron devoluciones por parte de los representantes del gobierno?
—Alfredo Correa tiene una gran experiencia en trabajo de campo y fue uno de los coordinadores. Nos llamó la atención cómo los chiquilines se extendieron en la parte de comentarios, mostraron preocupación por lo que pasaba en sus casas, por el trabajo de la familia, por la situación de sus familiares y de sus amigos. Algo que me gusta de la interpretación del informe, y que he constatado durante todos estos años, es que los gurises son mucho más empáticos con las cuestiones sociales y con las dificultades de su comunidad. Y sin embargo, los adultos no hemos demostrado lo mismo. La conclusión que fuimos sacando es que las decisiones políticas no contemplan lo que necesitan los gurises. Por ejemplo, la información con respecto al manejo de la enfermedad del covid, los contagios o la propagación no priorizaba cómo los gurises decodifican los mensajes. Incluso hubo algunos planteos muy culpabilizantes, los ponían en un lugar complicado, como si fueran un peligro para sus abuelos o adultos mayores. Eso les produjo miedo. Los gurises fueron los primeros en dejar de concurrir a los espacios públicos y prácticamente los últimos en integrarse. Este año hice un diplomado sobre Derecho de Infancia y Litigio Estratégico y discutimos cuándo es que los Estados pueden limitar derechos. A raíz de esto, la pregunta que yo creo que las organizaciones no pudimos colocar con fuerza en la agenda pública fue respecto a la situación de niños y adolescentes frente a las restricciones. Hubo una cantidad de derechos que se vieron afectados o que no fueron considerados desde una perspectiva que priorizara a las infancias y adolescencias, el derecho al ocio, al esparcimiento, al juego en los espacios públicos, a la intimidad y la privacidad, a crecer en un ambiente libre de violencias. Los chiquilines fueron muy empáticos con las acciones de cuidado que tenían que tener hacia la comunidad y eso no lo mostró el resto del mundo adulto hacia ellos.
No solo no hubo políticas específicas para atender los problemas de alto riesgo que, quiero dejar esto claro, ya existían, tampoco para anticiparse a diagnosticar los problemas que se podían agudizar con las decisiones políticas. No se pusieron en el centro de las decisiones los derechos de niños, niñas y adolescentes y eso es una omisión porque no hubo garantías, sobre todo para aquellos que estaban en contextos de violencia y vulnerabilidad previos a la pandemia.
—En el mismo período estuvieron en la agenda la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el proyecto de ley de tenencia compartida y corresponsabilidad. Para las organizaciones sociales que integran el comité, ¿fue prioritario discutirlas y generar insumos de discusión colectivos?
—Las organizaciones estábamos sacudidas en un nuevo escenario y mientras tanto se discutía en la entrada del nuevo gobierno la LUC, que afectaba directamente a niños y adolescentes, en especial a adolescentes, porque el aumento de penas, el proceso abreviado y algunas otras modificaciones legales impactan en la adolescencia. Entonces, tomamos la decisión política con la ANONG y el comité de plantear algunas preocupaciones con relación a la ley, porque no contempló atender ninguna de las urgencias que vivía la infancia y hubiera debido, ya que era una oportunidad inmejorable para hacerlo. Lo que nosotros planteamos fueron preocupaciones por el aumento de penas para adolescentes, porque significa una vulneración de derechos consagrados en los tratados internacionales y además iba a profundizar los problemas de seguridad pública. Con respecto a las situaciones de violencia y en especial de explotación sexual hacia los y las adolescentes, también profundiza los problemas, porque ya habíamos identificado y planteado que la gran mayoría de adolescentes privados de libertad han vivido situaciones de explotación sexual. A veces están en esa situación por delitos que cometen en el marco de la explotación sexual. Pero en la medida en que no fueron protegidos ni identificados como víctimas, tampoco fueron amparados por el derecho que tienen a la no punibilidad por haber cometido un delito en el marco de su propia victimización. El aumento de penas y el proceso abreviado iban a significar seguir profundizando una respuesta del Estado que ya es nociva hacia los gurises y que no es protectora ni restituye el ejercicio de sus derechos.
—Desde el trabajo actual, ¿han podido identificar o sistematizar variables vinculadas a las consecuencias que tuvo el aislamiento en la salud mental y el crecimiento de los chiquilines?
—Tenemos la experiencia de haber identificado situaciones de mucho riesgo por ideación suicida o intento de autoeliminación vinculados a contextos de violencia, que es mi área de trabajo. El aislamiento en hogares o entornos en los que ya existía violencia los expuso aún más. Sin embrago, es importante señalar que los niveles de sufrimiento de los gurises en el aislamiento se profundizaron en todos los contextos. Se ha expresado públicamente que hubo un aumento de las consultas. Lo que nosotros y las organizaciones sociales hemos venido denunciando, en especial desde el comité, es que entendemos que no hay una política de atención en salud mental con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se priorizan las propuestas de atención e internación, que muchas veces implican medidas que vulneran los derechos, e incluso prácticas que pueden rozar con la prisión indebida. Desde el comité participamos de un grupo de trabajo convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre medicalización y patologización de las infancias. Es un espacio coordinado en el que venimos planteando insistentemente que a nuestra Ley de Salud Mental le falta perspectiva de derecho de infancia y que no tenemos en nuestro país atención en salud mental primaria y a nivel comunitario en todas las localidades. Cuando los gurises hacen crisis importantes, en algunos departamentos no existen lugares especializados para una intervención de urgencia y en episodios agudos se termina apelando a respuestas de internación, que generan mucho daño. Hemos avanzado: hace unos años ni siquiera se los reconocía como sujetos de derecho, pero no es suficiente.
Durante año y medio no tuvieron los espacios educativos ni de esparcimiento necesarios y se vieron afectados en el desarrollo afectivo, emocional y cognitivo. La perspectiva adultocéntrica dejó de lado aspectos que son claves en el desarrollo. Los gurises que no fueron a cumpleaños de 15 no van a tener nunca la experiencia, los que no fueron a la fiesta de fin de año de la escuela, tampoco. Hay experiencias que son significativas en nuestras vidas y que no son medibles ni cuantificables. No sé si habrá voluntad política para impulsar equipos que den seguimiento al impacto que tuvo la pandemia específicamente en el desarrollo y la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Las cifras de intentos de autoeliminación que muestra el último informe del Ministerio de Salud Pública son un ejemplo. Desde El Paso solicitamos los datos abiertos para conocer las franjas de edad y comprender el problema. Porque, además, la ideación suicida muchas veces se relaciona con situaciones de violencia previas. Considero que no se toma conciencia de la soledad y el sufrimiento enorme que padecen muchos gurises y la percepción que tengo es que no hay muchos actores sociales y tampoco políticos interesados en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso, como te decía al inicio, es necesario que haya un consenso público y político, es deber de los Estados garantizar sus derechos y es responsabilidad de todos los adultos visibilizar las omisiones.
1. Fabiana Condon es psicóloga, diplomada en Género y Políticas Públicas, está especializada en derechos de la infancia y es una de las fundadoras de la ONG El Paso, participa del Comité de Derechos del Niño Uruguay, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
