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Con las cartas marcadas

Desde el miércoles 22, después de tres años y un mes de imputaciones y cárceles, 13 campesinos inocentes estarán sentados ante un tribunal paraguayo que los juzgará según la documentación armada por fiscales que los acusan de ser culpables de la llamada Masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías.

La matanza, el 15 de junio de 2012, sirvió como pretexto para el golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo. Los hechos tuvieron lugar en un campo fiscal ocupado por un alto dirigente del Partido Colorado, en Marina Cue, departamento de Curuguaty, tierras en las que José Artigas vivió 25 años de su exilio de tres décadas en Paraguay.

Más de 350 efectivos llegaron aquel día al sitio, donde los esperaban para dialogar algunos dirigentes campesinos al frente de unas 80 familias que días antes habían ingresado al latifundio, decididas a instalarse. Un comisario de apellido Lovera, partidario de negociar la evacuación, se dirigía al encuentro cuando recibió un balazo en la cabeza, obra de un francotirador apostado en el bosque cercano, según testimonios de los campesinos. La caída del oficial negociador desató un enfrentamiento y algunos campesinos terminaron rematados por los uniformados, según varios testimonios oculares citados por la defensa.

El hecho, de acuerdo a infinidad de pruebas, respondió a un plan de golpe de Estado ejecutado una semana después.

Los 13 campesinos enjuiciados, después de numerosas dilaciones, están sometidos a juicio oral en Asunción, en una causa denunciada como “irregular” por las organizaciones campesinas, los movimientos sociales y algunos partidos políticos apoyados por la campaña Somos Observadores de Curuguaty.

En el informe “Masacre de Curuguaty”, elaborado para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos por el abogado español Aitor Martínez, se denuncia que no se han investigado presuntas ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada de personas y la tortura, “debidamente documentada”, a la que fueron sometidos los presos.

Según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, desde que en 1989 fue desplazado del poder el general Alfredo Stroessner por colegas y familiares del propio Ejército, y hasta 2013, han sido ejecutados y de-saparecidos 115 miembros de las organizaciones campesinas. Entre ellos figura Vidal Vega, testigo de la masacre de Curuguaty. El número de víctimas ha aumentado en una media docena, incluidos periodistas de investigación, desde 2013.

El Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Onu ha denunciado que el fiscal del caso, Jalil Rachid, hijo de un ex presidente del gobernante Partido Colorado y latifundista que integra la lista de ocupantes irregulares de las tierras destinadas a la reforma agraria, “ha llevado a cabo una investigación unilateral, con el único fin de culpar a los campesinos”.

A los abogados de los procesados, Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, se les ha abierto un sumario y están amenazados de perder su licencia, “en otra maniobra de coacción a la defensa de los campesinos”, sostiene por su lado la Asociación de Familiares y Víctimas de Marina Cue, unas cien familias que el 27 de junio pasado volvieron a ocupar las tierras en disputa, reclamando un sitio para vivir y exigiendo la libertad de los 13 procesados.

Más de 35 mil firmas han sido recogidas en 62 países en solidaridad con los campesinos paraguayos y sus reclamos de tierra, por iniciativa de la Articulación Curuguaty, que integran 40 organizaciones.

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