La fiscal Gabriela Fossati está de licencia. Durante las próximas dos semanas estará fuera de fronteras, descansando, como parte de un viaje familiar concertado desde hace tiempo. Sin embargo, la investigación sobre el caso de falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos sigue su curso, y la información fluye en su oficina del tercer piso del edificio central de la fiscalía de Cerrito y Misiones.
Antes de ser detenido, el exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano borró buena parte de la información que tenía en su celular. Sabía que era buscado y cuál sería su destino, y que en ese aparato había pruebas que podían incriminarlo. Veinte días después, la fiscal Fossati tenía en su poder apenas un 2 por ciento de toda la información que guardaba la memoria del teléfono móvil: «Recuperar esa información lleva mucho tiempo y es muy costoso. Hay que pagar servicios de aplicaciones. Es muy lamentable para esta fiscalía, pero es algo a lo que estamos expuestos todos», argumentó.
Sin embargo, la Policía Científica logró recuperar unos 51 gigabytes de información del celular. La recuperación se hizo a través del UFED (Universal Forensic Extraction Device), un dispositivo y software de origen israelí, adquirido en 2018 por el Ministerio del Interior (MI) a la empresa Softrom Uruguay. Con el UFED, los investigadores pueden hackear el aparato y obtener registros de llamadas, contactos, fotos, videos, audios e información de geolocalización del dispositivo. Se trata de un elemento clave en la indagatoria, porque permitiría avanzar en el conocimiento de los vínculos entre Astesiano y otros funcionarios públicos, que pueden estar involucrados con actividades ilícitas.
En efecto, la investigación se centra en la red montada para fraguar la documentación de los ciudadanos rusos, para lo cual se solicitó información al Registro Civil, la Dirección Nacional de Migración y la Corte Electoral, entre otros organismos. También al Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la eventual responsabilidad de un funcionario del Consulado de Uruguay en Rusia, donde se tramitaron más de 170 pasaportes para ciudadanos rusos. Esta línea apunta al eventual nexo con organizaciones criminales rusas: «Estamos hablando, en algunos casos, de personas rusas que están vinculadas con poderes de inteligencia del país ruso de antes y de ahora», afirmó Fossati en la sede judicial.
De acuerdo a los datos recabados, la red está activa desde el año 2013. Astesiano se vinculó con la operativa en forma reciente, después de 2020. Su puesto clave en las cercanías del presidente Luis Lacalle Pou y sus contactos con altas esferas de la Policía Nacional lo presentaban como un hombre capaz de facilitar la llegada del grupo a lugares clave de la administración. En este sentido, la fiscal Fossati apunta a que el exjefe de custodia oficiaba como vínculo de la banda con personas dentro de distintas oficinas públicas.
POSIBLE JUICIO ABREVIADO
Astesiano está recluido en la cárcel de Florida, en principio, hasta mediados de marzo de 2023, imputado por delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias, sin que existan noticias sobre nuevas líneas de investigación en su contra. Desde el comienzo, el exfuncionario se negó a declarar, sabiendo que su silencio podía tener valor en el futuro.
En este contexto, su abogado, Marcos Prieto, ratificó a Brecha que la posibilidad de lograr un acuerdo de proceso abreviado, en el que Astesiano reconozca su responsabilidad, está abierta (véase «Nuevas fichas», Brecha, 7-X-22). Para alcanzar un acuerdo es clave conocer toda la información con la que cuenta la fiscalía. Este jueves Prieto se retiró de la sede judicial con un pendrive con 2 terabytes de documentos. Del análisis de esa información –y de la voluntad que demuestre su cliente– dependerá si se transita ese camino. Por el momento, Prieto prepara su estrategia para ejercer la defensa en un juicio oral.
El avance de la causa, sin embargo, comenzó a abrir otros frentes, que hacen foco en el vínculo entre Astesiano y varios jerarcas policiales. De la información recabada, se constata que el excustodia recibió una serie de favores de parte de algunos funcionarios. Por este motivo, la fiscal dispuso la citación del subdirector de la Policía, Héctor Ferreira, y del director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del MI, Henry de León. Los policías se negaron a declarar en fiscalía porque desconocían los motivos de su citación y qué información contenía la carpeta de investigación, justificó su abogado Carlos Bustamante (El Observador, 23-X-22).
Por este motivo, el MI decidió iniciar una investigación administrativa sobre estos hechos, aunque al mismo tiempo expresó su respaldo a los funcionarios. Para los responsables de esa secretaría de Estado, los jerarcas policiales son víctimas de una campaña de desinformación, que lesiona su honor e integridad. Sobre esto abundó el ministro Luis Alberto Heber, quien aseguró que se respetará la presunción de inocencia, pese a lo cual ambos fueron licenciados mientras se sustancia la investigación.
La posición ministerial, en este caso, difiere de la asumida durante la reciente comparecencia del ministro Heber y otras autoridades en el Parlamento para responder sobre el caso Astesiano. En esa instancia, se profundizó sobre la investigación administrativa iniciada por el cambio en el legajo de antecedentes de Astesiano –cuya fecha se desconoce– y se apuntó a que un exjerarca de Policía Científica se negó a declarar en el expediente administrativo, lo que resultaba «muy sugestivo».
«El director de Archivo de 2015, que supuestamente llevó la maniobra de disociar la cédula del nombre para que no aparecieran los antecedentes del señor Astesiano, no quiere declarar. Nosotros vamos a comunicar esto a la fiscalía. El señor, por más que esté retirado, va a tener que declarar. Va a tener que ir», afirmó Heber. En esa instancia, el ministro intentaba que parte de la responsabilidad en el escándalo de los pasaportes recayera en los gobiernos anteriores.
