El homenaje se acordó entre las bancadas, sin objeciones. Sería el 18 de abril, días antes de conmemorarse los 49 años del crimen. Durante su intervención, la diputada frenteamplista Verónica Mato recordó el violento procedimiento ocurrido en la madrugada del 21 de abril de 1974, en una finca de la calle Mariano Soler, que culminó con el asesinato de las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanik y Silvia Reyes, conocidas como las «muchachas de abril».
Cabildo Abierto, sin embargo, llegó al plenario de Diputados con otras intenciones. El vocero fue el diputado Carlos Herrera, un coronel retirado del Ejército, quien reivindicó el rol de las Fuerzas Conjuntas durante la dictadura y acusó a las homenajeadas de «enemigas de la patria». En su intervención, que se extendió por diez minutos, Herrera aseguró que la muerte de las tres jóvenes debía ser puesta en contexto, ya que por aquellos años existía un estado de guerra interno, y que el relato de su colega omitía una parte de la historia, lo que profundizaba una mirada hemipléjica de la «historia no tan reciente», con la pretensión de «incentivar el desprecio hacia quienes defienden la otra parte de la verdad».
Con tono monocorde, aseguró que las jóvenes «eran cómplices del movimiento guerrillero que en esa época actuaba en nuestro país», cuyo único objetivo era «dañar la democracia existente en ese momento a fin de instalar un régimen totalitario». «Cualquier muerte es lamentable –y, por supuesto, no es motivo de ningún festejo, ni siquiera la de los enemigos de la patria–, pero de ahí a pretender cambiar la situación, los hechos, y decir que poco menos que eran héroes, que estaban luchando por el bien de su país, y transformar en villanos a quienes combatieron en defensa de todo lo agredido es realmente demasiada tergiversación», apuntó Herrera.
El legislador cabildante explicó que la prensa de la época detalla que los oficiales partícipes del operativo fueron recibidos con «un nutrido fuego de varias armas», y que durante el intercambio de disparos se les arrojó una granada de mano. También que producto de esa balacera fue herido de gravedad el oficial José Gutiérrez, oriundo de Rivera y padre de tres hijos, que falleció dos meses después.
«Debemos tener bien claro, antes que nada, que quienes actuaron en defensa del Estado de derecho lo hicieron porque era su misión y porque recibieron la orden del poder político de actuar. […] Como dije anteriormente, estas señoras eran integrantes del movimiento terrorista que por ese entonces asolaba nuestro país con atentados, asesinatos, robos, secuestros y otras acciones por el estilo», insistió. El discurso se cerró con aplausos desde las barras.
Paso seguido, los cabildantes abandonaron el hemiciclo. La respuesta de la oposición no demoró. El diputado Óscar Amigo expresó contrariedad con el manejo temporal del discurso cabildante, ya que el crimen de las «muchachas de abril» fue en abril de 1974. «Si yo no tengo mal la información, había una dictadura, ya en pleno proceso; de gobierno legítimo no tenía absolutamente nada. […] Los mandos militares que estaban sujetos a este operaban con un gobierno ilegítimo», dijo Amigo. Y apuntó que la intervencion cabildante forma parte de un intento de «alentar otros relatos, buscando distorsionar las implicancias del terror vivido en nuestra sociedad».
La intervención de Herrera, excandidato a alcalde de San Carlos (Maldonado), está alineada con la retórica de otros dirigentes cabildantes en el Parlamento, incluido el senador Guido Manini Ríos, con críticas reiteradas al procesamiento de militares por crímenes de la dictadura, pero también sobre lo que sucedió aquella noche de abril, hace 49 años. En julio de 2022, los principales referentes cabildantes cuestionaron públicamente el procesamiento con prisión del general retirado Juan Modesto Rebollo por el homicidio de las jóvenes.
Rebollo fue uno de los oficiales a cargo del operativo que derivó en la violenta irrupción del Ejército en la finca de la calle Mariano Soler. Ese operativo tenía como objetivo la detención del militante tupamaro Washington Barrios (hoy desaparecido), quien era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. En esa ocasión, al igual que ahora, los cabildantes insistieron en que esa noche hubo un enfrentamiento, con disparos en uno y en otro sentido.
Sin embargo, el relato cabildante fue descartado por el fiscal Ricardo Perciballe. En su dictamen sobre esta causa, Perciballe aseguró que los militares ingresaron a la fincha de noche, sin orden judicial y que, lejos de un enfrentamiento, las jóvenes fueron acribilladas. «La muerte de las jóvenes Reyes, Maidanik y Raggio es de estricta responsabilidad de los militares que actuaron en el operativo, quienes, sin lugar a dudas, procedieron en forma ilegítima. […] Más allá de si las jóvenes resistieron o no el allanamiento, lo real es que fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna», escribió. También, que la muerte del oficial Gutiérrez fue debido a disparos efectuados por sus propios compañeros (veáse «Balas propias», Brecha, 29-VII-22).
En este sentido, el relato cabildante no solo busca desacreditar la versión del homicidio que fue ratificada por la Justicia, sino también un intento de reescribir la historia. La versión de Herrera sobre el estado de guerra interno que existía en 1974 se produce en momentos en que el Parlamento debate un proyecto de reparación a las víctimas de grupos armados, que tiene el apoyo de la mayoría de la coalición oficialista. Allí se fija un orden cronológico que motiva polémica: la reparación a las víctimas de grupos armados activos en Uruguay entre 1962 y 1976.
