Dos policías abordaron en la calle de manera violenta al abogado Javier Ordóñez y, tras reducirlo con excesivo uso de la fuerza, lo trasladaron a un destacamento policial donde lo torturaron hasta causarle la muerte. Sucedió el 9 de setiembre. Desde entonces, el descontento social sumió las calles de Bogotá en una serie de protestas a las que siguió una represión que dejó a otros 14 civiles muertos y a más de 300 heridos. En los disturbios se incineraron varias instalaciones de la Policía y buses de servicio público.
Luego de que ardieran las paredes de los destacamentos policiales, aún quedaron brasas que soplar por la vida de Julieth Ramírez, una joven de 18 años que iba camino a la casa de una amiga cuando la impactó una bala perdida en la segunda noche de protestas. Su memoria fue grabada en un mural en una instalación policial incendiada que mutó en altar de los manifestantes.
Con frases como «Queremos paz y educación», «Un centro de reclusión y tortura convertido en uno de creación y cultura» y la exhibición de libros sobre los derechos humanos, los ciudadanos del barrio La Gaitana se valieron del arte, la música y la cultura para convertir las ruinas del destacamento en un centro cultural. Sin embargo, a los pocos días la Policía acudió al lugar específicamente a tapar con pintura el mural en memoria de la joven.
DESLINDAR RESPONSABILIDADES
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ha dicho públicamente que ella no dio la orden a la Policía de uso de las armas de fuego, como finalmente ocurrió durante la represión a las protestas de esta última semana. Asimismo, López ofreció asistencia judicial a la familia de las víctimas de los disparos policiales.
Al día siguiente de la muerte de Ordóñez y en su cuenta de Twitter, la alcaldesa, de la centrista Alianza Verde, dijo que le corresponde al presidente Iván Duque liderar un proceso de reforma estructural de la Policía: «¿Si la Policía es un organismo civil, por qué tiene fuero penal militar? Eso es parte de la impunidad que tienen estos casos, la solidaridad de cuerpo antes que la solidaridad con los ciudadanos».
Más tarde, López organizaría un acto ceremonial de perdón a las víctimas en la Plaza de Bolívar. Ante las familias quedaron tres sillas vacías que correspondían a las máximas autoridades: el presidente y los altos mandos de la Policía Nacional.
Por su parte, esta semana, en una entrevista con la radio RCN, Duque calificó lo sucedido con Javier Ordóñez como «inadmisible» y sostuvo que, en menos de 48 horas, se desvinculó a dos uniformados implicados en su muerte y otros cinco fueron suspendidos. Sin embargo, con respecto a las protestas por el asesinato dijo que «una cosa es la indignación, que uno la puede entender, pero otra muy distinta son esos fenómenos donde hay vandalismo, donde hay criminalidad». Más tarde, el mandatario se dedicó a visitar, vistiendo el uniforme policial, varios de los destacamentos afectados por las manifestaciones.
En tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, deslindó a las instituciones de responsabilidad sobre los hechos. «Unos policías mataron a un ciudadano colombiano. Deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético y desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución», puntualizó durante una intervención en el Senado.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
A lo largo de la historia, las agencias de seguridad del Estado colombiano, entre ellas la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), han sido responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos. Según el informe «Silencio oficial» publicado por la ONG Temblores, las violencias ejercidas por los agentes de control son registradas oficialmente bajo la categoría fuerza pública, sin especificar de qué institución armada se trata en cada caso, lo que favorece la impunidad y el subregistro.
Víctor Barrera, politólogo e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, dijo a Brecha que «existe una correlación entre la disminución del conflicto armado en 2017 y un mayor protagonismo de la Policía en procedimientos relacionados con la convivencia y con el contacto de los ciudadanos en las calles».
En 2017 entró en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia. «Este código empezó a darle muchas atribuciones a la Policía Nacional, la que se orientó a controlar contravenciones, resolviéndolas a través del uso excesivo de la fuerza», explicó Barrera. Además, cuestionó que los policías sean evaluados por la cantidad de comparendos (notificaciones para presentarse ante la autoridad policial por cometer alguna contravención) que hacen en un día y no por los niveles de confianza de la ciudadanía en esta institución.
Según él, entre las causas del alto nivel de violencia de la Policía colombiana, además de una mala formación y escasos incentivos profesionales, se hallan factores inherentes a un contexto tan desigual como el colombiano. «Hay una gran desigualdad entre los oficiales y los suboficiales, eso ha hecho que la carrera de ascensos sea muy difícil. No tienen ningún incentivo para moderar su comportamiento», manifestó. A eso se suman procedimientos policiales enfocados en la persecusión de sectores marginados y personas en situaciones de riesgo, además de la impunidad que existe dentro de la institución policial.
Desde su creación en 1999 hasta 2019, el ESMAD asesinó al menos a 34 personas que, en su mayoría, se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta. No es el único brazo de la fuerza pública implicado en asesinatos. La ONG Temblores documentó en el informe «Bolillo, Dios y patria» que, en total, entre 2017 y 2019 hubo al menos 639 homicidios, 40.481 hechos de violencia física y 241 casos de violencia sexual cometidos por las Fuerzas Armadas, la Policía y los servicios de inteligencia.
Para Barrera, el manejo político de la protesta social en el país ha quedado limitado a un manejo del ESMAD, una fuerza de choque que sólo sabe intervenir cuando hay disturbios. Además, recordó que las responsabilidades no son sólo de los uniformados, «la queja del comandante y del policía es siempre la misma: “La orden [de reprimir] es de la máxima autoridad”».
POLÍTICA CRIMINAL E IMPUNIDAD
En teoría, en Colombia la máxima autoridad en cuestiones operativas de la Policía reside en los alcaldes, pero el poder sobre los ascensos y el presupuesto reside en el presidente. En la realidad hay cortocircuitos institucionales con relación a quién autoriza los procedimientos represivos. Estos choques de autoridad generan un vacío que no permite un control efectivo de las fuerzas.
«En el ámbito jurídico, hay unos niveles muy altos de impunidad y muchas veces no se llega a saber quiénes son los perpetradores directos porque estos procedimientos operan en una cadena de mando que obstaculiza las investigaciones», señaló Barrera, y agregó que el hecho de que no se tomen medidas ejemplarizantes contra los policías que dispararon contra manifestantes «implica una responsabilidad superior de las autoridades civiles, que son las que tienen que controlar a la Policía».
«Si no se judicializan estos casos, van a seguir quedando en redes sociales como casos aislados y no como un problema estructural de la fuerza pública», señaló a Brecha Alejandro Lanz Sánchez, codirector de Temblores. Sánchez indicó que la organización construyó junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la base de datos GRITA, a través de la cual se pretende grabar, denunciar y asesorar legalmente en todos los casos de violencia social en Colombia. Antes de los disturbios del 9 de setiembre, aseguró, ya se habían registrado 170 agresiones en la base de datos de la capital.
Esta violencia se trata de una pulsión letal del Estado colombiano, en un país donde históricamente las violaciones a los derechos humanos se ocultan en nombre de la defensa del orden público, la propiedad privada y un pacto silencioso de impunidad.
