La alianza del régimen con el gran capital permitió desarrollar una serie de privilegios para los de arriba con base en una red de complicidades y componendas.
Entre 2007 y 2024 se han incrementado las grandes fortunas de los 210 multimillonarios de Nicaragua. El gran capital ha privilegiado el interés de sus empresas sobre las prioridades de la nación, ha privilegiado el lucro empresarial sobre las demandas básicas de la población, ya que le interesan más sus privilegios (por ejemplo, las exoneraciones) que la democracia.
Al mismo tiempo, el desempleo, los bajos salarios, el aumento de la desigualdad y el alto costo de la vida se han traducido en una pérdida de confianza del público en la capacidad del régimen de gestionar el futuro del país. En ese contexto, el régimen ha perdido su base social y su capacidad de torsión a la población. El régimen está desesperado por parar el proceso de implosión, es decir, se desarrolla por sus propios errores y desaciertos un proceso de autodestrucción.
A lo largo de los últimos años, el régimen Ortega-Murillo ha reformado y destrozado la Constitución hasta convertirla en un objeto para beneficio de la dictadura y permitir el control de los poderes del Estado, el sistema judicial, la Fiscalía, la Policía, el Ejército y los paramilitares. Los nicaragüenses han perdido los derechos constitucionales y el país vive de facto bajo el estado de excepción. La población vive con una pistola en la cabeza: es la forma de poder reprimir y desarticular cualquier movimiento de protesta por mínimo que sea.
La alianza de la dictadura, el dinero y el gran capital construyeron, de 2007 a la fecha, un orden de dominación político– económico excluyente. Su forma de ejercer el poder ha sido no democrático, dictatorial y represivo. Entre sus armas preferidas de dominación encontramos la corrupción, el chantaje, la cárcel, la represión, el exilio y la mentira. Cada vez que el régimen se siente frágil, toma medidas más desesperadas para aferrarse a su hegemonía.
Los miembros del primer círculo de poder han creado una red de empresas que se ocultan bajo sociedades anónimas. Nada les es ajeno a la hora de aumentar su poder político y económico, favoreciendo una mayor concentración de la riqueza, poco preocupados por la economía de los de abajo.
Y cuando se sienten amenazados patean el tablero político. Primero sus intereses. La política agresiva de la dictadura no es una estrategia beneficiosa para el país.
No olvidemos que la dictadura surge como una forma política para equilibrar y limitar el poder de la vieja oligarquía, de la burguesía tradicional y del capital financiero, enfrentados por cuotas de poder económico con las nuevas castas privilegiadas surgidas al amparo de la dictadura. Las plutocracias se protegen unas a otras, evitando confrontaciones en busca de la impunidad, y utilizan el poder para esconder a los evasores fiscales.
El régimen ha contado con la complicidad y el entreguismo –no gratuito, desde luego– de los poderes fácticos, que todo lo han permitido y avalado para cumplir con el objetivo de poner todo al servicio de la dictadura y sus allegados, lo que ha posibilitado el dominio directo y total de los recursos naturales y de las propiedades de la nación, como consecuencia de las depredadoras leyes aprobadas que han facilitado el atraco institucionalizado.
El sistema judicial, en manos de la dictadura, hace lo inenarrable para colaborar en la represión contra la población. La Justicia está en sus manos, más allá de los jueces corruptos. Al mismo tiempo, la dictadura reprime los medios y a los periodistas independientes. Persigue las voces críticas que todavía están en el país. El discurso de que estamos avanzando hacia el «socialismo» es absurdo. En el régimen Ortega-Murillo toda la vida pública de Nicaragua se ha convertido en un país de unos cuantos en el que el pueblo no existe.
La economía se centra en los bancos, las grandes empresas, en las corporaciones de la nueva clase orteguista, apoyadas en los dirigentes sindicales blancos, en las mafias maderera y aurífera, y en las empresas extractivistas, etcétera. Todos ellos se encuentran y luchan por mantenerse en la cúspide de la economía. La brecha de la desigualdad va aumentando cada día: menos ricos, pero con más plata, más concentrada, y todos los días más pobres y con menos plata.
La política económica de la dictadura ha favorecido la precarización laboral, el desempleo, el parasitismo financierista, y ha doblegado los sindicatos. El documento del Fondo Monetario Internacional elogia el régimen por su política económica; sin embargo, Transparencia Internacional señala que la corrupción de las élites en el poder se incrementó a costa del empobrecimiento de una innumerable cantidad de personas. La pobreza multidimensional limita los indicadores de educación, salud, nivel de vida y empleo de acuerdo a los datos oficiales.
No olvidemos la alianza que existe entre la cúpula de la dictadura y los diferentes círculos de poder con el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, las mafias de la inmigración, la trata de mujeres y los capitales ilícitos; todos participan de la manera en que los diferentes anillos del poder han podido incrementar su acumulación de capital, su enriquecimiento inexplicable. Al mismo tiempo, tratan de ocultar los nombres de los nuevos propietarios de las tierras y de las propiedades confiscadas o robadas a sus legítimos dueños.
La conducta ilícita tiene como objetivo desestabilizar permanentemente el Estado de derecho, entregarles una auténtica patente de corso a los miembros de los distintos anillos del poder y mantener a una clase capitalista parasitaria. Corrupción y política suelen ir de la mano, pero siempre acompañadas por un aire de misterio que busca darles aires de legitimidad difusa y confusa. Lo cierto es que el crimen organizado ha afirmado su presencia en vastos espacios y capas de la vida pública y ha influido en los asuntos públicos y del poder.
La crisis sociopolítica, la tendencia a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de la clase media y de los de abajo, la corrupción generalizada y el mantenimiento de la represión indiscriminada están prefigurando situaciones más críticas para la población nicaragüense, cuya sobrevivencia es –y será– cada día más difícil. Creo que estos deberían ser los temas centrales que nos desvelen, que consuman el tiempo y los quehaceres de los líderes y sus asesores.
Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. Los estados mayores continúan empantanados en la visión chiquitita del liderazgo narcisista, que no resuelve nada de fondo. Esto es un triunfo del régimen. Ortega nos lleva de cabeza al colapso del país mientras los estados mayores de las diferentes corrientes de la oposición miran hacia las elecciones, ignorando la destrucción y la masacre de los derechos humanos. Hay que desarrollar una dinámica política más allá del tema electoral.
La mayoría de los estados mayores de los diferentes liderazgos de la oposición no ve o no cree posible la implosión del régimen, apuesta por favorecer una «salida al suave». La dictadura ha logrado inculcar que la salida es electoral, por lo tanto, en los estados mayores prevalece una visión negacionista del actuar cotidiano de las termitas.
(Publicado originalmente en Correspondencia de Prensa.)