Inspecciones a los comedores de todo el país revelan variados incumplimientos en el servicio. En Maldonado el tenor de las irregularidades detectadas tiene en vilo a un servicio que, cada día, atiende un promedio de 450 comensales: comida que se compra y desaparece, incongruencias entre los registros de planilla y las boletas de compra, beneficiarios que no están registrados son algunos de los problemas.
Tras el ingreso del Instituto Nacional de Alimentación (Inda) a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en 2016, se inició un proceso de reestructura que no sólo desató críticas sindicales y fallas en la ejecución de algún programa nutricional (véase nota en páginas 9 y 10). Los cambios y avances tecnológicos en los sistemas de información, monitoreo y evaluación que implica ese proceso también dejaron al descubierto variopintas irregularidades en la gestión de servicios del Sistema Nacional de Comedores (Snc), un programa de almuerzo gratuito dirigido a personas en situación de pobreza extrema, que cada día atiende un promedio de 8 mil comensales en 59 centros de todo el país.
Las inspecciones y auditorías del Inda-Mides revelaron un amplio espectro de situaciones que van desde las más simples y de rápida solución (como deficiencias en los inmuebles donde operan los comedores o alteraciones en los menús diseñados por nutricionistas), hasta las más graves y complejas, como la existencia de facturas de compra que no coin-
ciden con el stock de alimentos disponibles en el momento de inspección; listados con usuarios no autorizados para acceder al servicio, o con cédulas y nombres falsos; falta de registros o registros parciales de los verdaderos beneficiarios; y diferentes modalidades de maltrato sistemático a los comensales. Si esto es producto de una cuestión cultural, de resistencia a un mayor control en la distribución y gestión del dinero para políticas públicas, o si responde a una intención de apropiarse de los recursos que el Estado emplea con el objetivo de erradicar el hambre y garantizar el derecho humano a la alimentación, es algo que en buena parte de los casos está por verse. Por eso el director del Inda, Gerardo Lorbeer, prefiere hablar de “inconsistencias” antes que de irregularidades al referirse a hechos que todavía están bajo investigación.
MALDONADO EN LA MIRA. Por cantidad y gravedad, las “inconsistencias” verificadas desde el año pasado en dos de los cuatro servicios del Snc en Maldonado son llamativas a nivel nacional, según se desprende de la conversaciones que Brecha sostuvo con el director del Inda y la directora departamental del Mides en Maldonado, Eda Mendiola. Pero antes de avanzar en estos casos es preciso contar que en Montevideo todos los comedores son administrados por el Inda –que además aporta la infraestructura–, mientras que en el Interior el programa se ejecuta por convenio entre el Inda y las intendencias. De forma centralizada o a través de los municipios, los gobiernos departamentales ponen a disposición los inmuebles y el personal necesario para administrar y atender los comedores. Los alimentos se distribuyen en dos modalidades: mediante transferencias monetarias desde el Inda a las intendencias, para que los encargados de cada servicio compren pollo, frutas y verduras (alimentos frescos); y en camiones que parten de Montevideo con carne vacuna y alimentos secos (fideos, harina, sal, arroz, etcétera) para depositarlos en las dependencias municipales, desde donde se reparten a los comedores. Tanto el monto de las partidas de dinero como la cantidad y tipo de alimentos se definen en función del menú que elaboran los nutricionistas del Inda (teniendo en cuenta particularidades sanitarias de los beneficiarios) y el promedio de comensales autorizados en cada servicio, en una proyección a tres meses. El convenio obliga a las intendencias a rendir cuentas sobre el destino de las transferencias y cumplir con rigurosos requisitos en cuanto al registro de usuarios y movimientos de mercaderías en cada centro; el Inda, por su parte, tiene que supervisar la actividad, el manejo del dinero público y el cumplimiento de los lineamientos de la política social.
Desde que el Inda salió de la órbita del Mtss, la supervisión y control del Snc es comandada por las oficinas del Mides en cada departamento. Con esto el instituto ganó más presencia en el territorio y sumó recursos humanos especializados para monitorear los comedores y la situación de los beneficiarios. Al principio las visitas se hacían de forma programada, fundamentalmente para informar al personal sobre los cambios y plantear a las intendencias los aspectos del servicio que no se ajustaban a lo establecido, con ánimo de corregirlos. Sin embargo, la seguidilla de observaciones y la ausencia de medidas para levantarlas derivaron en cronogramas de inspecciones por sorpresa y auditorías internas que, en el caso de Maldonado, detectaron graves problemas que siguen sin solución. A tal punto, que hace un mes el Inda envió un oficio al intendente, Enrique Antía, para marcarle los requisitos del convenio que no se están cumpliendo en Maldonado y que condicionan la continuidad de las partidas para el departamento, donde cada día almuerzan en promedio 450 personas mediante el Snc.
INEXPLICABLE. Dos comedores están en las afueras de la capital (el de Villa Delia, que es administrado por personal del Municipio fernandino, y el de Maldonado Nuevo, que manejan funcionarios contratados por la Intendencia de Maldonado, Idm) y dos se ubican en San Carlos y Pan de Azúcar, ambos a cargo de los respectivos gobiernos locales. Para su funcionamiento el Inda invierte un total de 4.187.000 pesos, si se suman las transferencias a la Idm y el costo de los alimentos secos y carne vacuna enviados desde Montevideo. Los reportes de los últimos meses revelan que la gestión en los comedores de San Carlos y Maldonado Nuevo no presenta grandes inconvenientes. Pero no ocurre lo mismo en Villa Delia y Pan de Azúcar, donde, según el Mides, el personal hace caso omiso de la mayoría de las indicaciones y recomendaciones de los técnicos y profesionales que supervisan los comedores.
Una inspección realizada en mayo en Villa Delia –donde están autorizados unos 90 comensales, incluidos funcionarios de las cuadrillas municipales– determinó que se compró pollo en cantidades que casi duplicaban lo estipulado por el Inda. En el momento de la visita el excedente no estaba por ningún lado y la encargada no pudo explicar el hecho. Paralelamente se verificó que algunas personas retiraban diversas viandas, pero como carecían de identificación fue imposible determinar si estaban autorizadas. Al mes siguiente los técnicos volvieron en inspección sorpresa para verificar si se habían cumplido las recomendaciones y correcciones marcadas en la anterior visita. En esa oportunidad revisaron las planillas mensuales y encontraron llamativas incongruencias. Por motivos que todavía se investigan, los ingresos de mercadería registrados eran inferiores a los que figuraban en las boletas de compra, mientras que las salidas resultaban superiores a las estipuladas para el consumo habitual. Además, para la misma cantidad de usuarios registrados había notorias variaciones en la compra de frutas y verduras de un mes a otro. Una vez más aparecieron personas sin identificación y beneficiarios cuyas cédulas no estaban registradas, lo cual no sólo impide determinar si el servicio llega a quien corresponde, sino también hacer un seguimiento de las personas que sí necesitan esa ayuda alimentaria, para considerar otros apoyos que las saquen de su estado de vulnerabilidad. Además, algunos usuarios denunciaron malos tratos y pidieron cambiarse de comedor, sin que les importara que el más cercano esté al otro lado de la ciudad. También afirmaron que, en contra de lo dispuesto, existen menús diferenciados para los funcionarios municipales: algunos días éstos comen lomo al horno con papas a la crema, por ejemplo, mientras que a los beneficiarios del programa les sirven guiso o fideos. Esto fue constatado por lo menos en una de las visitas.
Por otra parte, en Pan de Azúcar las inspecciones también revelaron un desfase entre los usuarios registrados y los alimentos comprados y utilizados. En este servicio el Inda determinó un apoyo para 90 usuarios, pero, según los relevamientos, se hicieron compras para 150 y no se registran los movimientos de mercaderías como requiere el instituto, entre otras “inconsistencias” de los últimos meses.
Paralelamente, dos auditorías internas del Inda sobre las rendiciones de cuentas presentadas por la Idm entre enero y abril de 2018 revelaron que los recibos de pago no estaban firmados por funcionarios de la Intendencia, que algunos comprobantes presentaban montos ampliamente superiores a las facturas que se establecían en las planillas, y que no coincidían las fechas del registro de pagos con la emisión de las facturas. De estos resultados fue informado a fines de julio el intendente Antía, con la esperanza de que pueda corregir la situación antes del próximo vencimiento del convenio.
CAMBIO CULTURAL. Según el director del Inda, es a la Idm que le corresponde determinar si alguno de estos hechos implica dolo y amerita denuncias penales, ya que tiene a su cargo el personal. Lorbeer, sin embargo, elije pensar que estas cosas pasan debido a la “complejidad de la actividad”, la “fluctuación de la población” usuaria del sistema, la “idiosincrasia de las diferentes localidades”. “La línea a trabajar es la localización de qué usuarios realmente deben acudir y cuáles no, usando nuevos indicadores por departamento sobre qué es lo esperable. Pero recabar los datos es un asunto sensible: cuanto más chica es la localidad, esto se vuelve más personal, el funcionario y el usuario tienen mucha cercanía. Y aparecen personas que no deberían ser usuarios pero están, y a veces eso es una inconsistencia que no está basada en la mala fe”, remarcó, aunque enfatizó que las investigaciones administrativas del Inda continúan profundizando en las causas de los incumplimientos.
No lejos de esa postura, la directora del Mides de Maldonado considera necesario “un cambio cultural” en el manejo de los recursos destinados a las políticas sociales. Eda Mendiola sostiene que el diálogo social para “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y la anunciada aprobación de la ley marco de derecho a la alimentación exige terminar con la “cuestión naturalizada de que el dinero público puede manejarse con economía doméstica”. También subrayó que ahora el Mides dispone de nuevas herramientas para acercarse a las personas y conocer sus necesidades, por lo cual es importante que los encargados de los comedores cumplan con cada uno de los registros solicitados. “Todos los cambios traen aparejada la resistencia. Hay mucho para construir, mucha tela para cortar. Pero también es claro que cuando las instituciones son responsables de estos servicios no hay que esperar un cambio cultural del personal. Hay un convenio que cumplir y diferentes grados de responsabilidad y compromiso”, advirtió.
Lorbeer confía en que estas situaciones puedan corregirse, porque de lo contrario podrían derivar en la caída de un convenio. “Hay que agotar todas las vías para no cerrar un comedor, si es que hay gente que realmente lo necesita. No apuntamos a un momento en el que no haya servicio, que es lo peor que puede pasar”, advirtió.