Un par de meses antes del dramático colapso de Conexión Ganadera, en noviembre del año pasado, otra millonaria estafa al estilo esquema Ponzi cooptaba la atención mediática y todo hacía pensar que así sería al menos por un tiempo. El caso de Gonzalo Campomar Santamaría, el exrugbista que acumuló una deuda de unos 65 millones de dólares con cientos de prestamistas y debió huir del país tras presuntas amenazas de muerte, fue de interés periodístico por no más de dos semanas antes de pasar al olvido colectivo. A nivel judicial parece haber ocurrido lo mismo.
Del hecho, consignado inicialmente por el periodista Eduardo Preve, se conocieron muchos elementos, aunque varios permanecen en el plano de las especulaciones. La suma mencionada –y aproximada– referiría a los adeudos que el deportista, apodado el Lechuga, mantendría con allegados que, en un negocio cuyo inicio se remontaría a tres años atrás, le habrían confiado sus ingresos para que los invirtiera en el mercado de las criptomonedas a cambio del compromiso de altos niveles de rentabilidad. En principio, la información conocida era que la trama estaba siendo investigada
por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Sin embargo, según pudo confirmar Brecha con fuentes judiciales, contra Campomar consta solo una causa por libramientos de cheques sin fondos, por un valor del entorno del millón de dólares, que en su momento fue derivada a una fiscalía de Flagrancia y sobre la que no hubo novedades. «Tema Campomar nada de nada. El caso está completamente apagado», sostuvo al respecto el abogado penalista Ignacio Durán, quien reconoció que representa a una víctima de esta maniobra, pero no dio más detalles sobre el caso al ser consultado por este semanario. Lo que no existen, según las fuentes oficiales, son denuncias por estafa al exrugbista a nivel de la Fiscalía.
«Esto llama la atención por lo significativo de los montos invertidos, que oscilarían entre 300 mil y un millón de dólares.» Parte de la explicación había sido dada en aquella columna de la radio M24 en la que Preve abordó el tema por primera vez. Citando como fuentes –sin mencionar nombres– a algunos damnificados, a sus defensas y a la defensa del propio denunciado, el comunicador dijo que muchos de los afectados, por no poder declarar el origen de los fondos invertidos, debieron prescindir de la denuncia para evitar, ellos mismos, un brete legal. Al respecto, fuentes consultadas por Brecha complementaron esa lectura al sugerir que, en ciertos casos, podría haberse utilizado la amenaza de denuncia para presionar a Campomar y finalmente llegar a un acuerdo económico por fuera del terreno judicial. Ante la pregunta de este semanario sobre si, dada la magnitud de lo descrito, correspondería iniciar una investigación de oficio, una de las fuentes fiscales remarcó que para hacerlo «es necesaria una fuente de información suficiente para empezar a construir una teoría del caso a partir de evidencia concreta».
EL LECHUGA
En 2016, la carrera deportiva de Campomar parecía más que prometedora. Después de un tiempo considerable en Carrasco Club, el tercera línea había logrado integrar el plantel de Los Teros que ese mismo año llevó a Uruguay a triunfar por tercera vez en el Campeonato Sudamericano A. Al respecto, la web de la federación internacional World Rugby señala al uruguayo como una «destacada figura» que ayudó a su equipo a «coronarse campeón». Un mes después, dio positivo en un antidoping por consumir un suplemento deportivo que contenía esteroides anabólicos –se trató de una reincidencia, ya que en 2011 fue suspendido por seis meses por consumo de cocaína– y el organismo lo inhabilitó a competir profesionalmente por cuatro años, hasta 2020. Fue poco después que Campomar comenzó a captar entre sus antiguos círculos deportivos a interesados en las inversiones digitales, con el respaldo, presuntamente, de socios que lo ayudarían a obtener nuevos clientes, algunos de ellos del exterior.
Eventualmente, el éxito inicial del negocio habría acercado a clientes que, al verse afectados por la maniobra, optaron por mecanismos más hostiles para intentar recuperar su dinero, lo que derivó en la salida del país de Campomar y su familia. Uno de los presuntos ataques mencionados en la noticia inicial habría tenido lugar a finales de abril, en Colonia del Sacramento, cuando un joven de 18 años disparó contra una mujer –presuntamente la pareja del deportista– en el jardín de su casa, sin lograr herirla, a plena luz del día, en un caso que fue consignado por múltiples medios de prensa. En tanto, de acuerdo con una investigación de Carlos Peláez publicada en Caras y Caretas, uno de los clientes del exrugbista es un narcotraficante con vínculos en Paraguay, que le habría dado un ultimátum de 48 horas para devolverle su dinero, bajo la amenaza de atentar contra su familia. De hecho, algunos medios manejaron la versión de que, producto del perfil delictivo de sus inversionistas, Campomar estaría siendo investigado por la Interpol, algo que fue descartado por fuentes oficiales del Ministerio del Interior consultadas por Brecha que, además, subrayaron que a nivel policial no hay más que la denuncia por el libramiento de cheques sin fondos, aunque sin precisar si se trata solo de una y por qué monto.
CRIPTO PARA PRINCIPIANTES
Con todo, la elección de invertir en el mercado de divisas digitales no parece ser antojadiza –según lo trascendido, Campomar se manejaba con la criptomoneda Tether (USDT), que tiene una cotización similar a la del dólar estadounidense–. Si bien en setiembre del año pasado fue aprobada la ley de activos virtuales, que adjudica al Banco Central potestades para regular el área, la normativa aún no se ha reglamentado, por lo que hoy no existe control alguno sobre el dinero digital, subrayó en diálogo con Brecha, el abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Juan Diana. En ese marco, las criptomonedas se tornan una opción deseable para quienes manejan grandes sumas de dinero y no desean atravesar los controles bancarios convencionales. De todos modos, Diana remarcó que, más allá de la metodología de acumulación de activos, el esquema es el mismo que el de cualquier otra «calesita». «Esto no es distinto a como terminó Conexión Ganadera: yo capto inversiones con promesas de rentabilidad, voy pagando lo prometido, genero nuevas captaciones y así hasta que explota. Al final del día, es un esquema Ponzi, ya sea que esté hecho con cripto, dólares o vacas; lo que importa es la esencia de la maniobra», sostuvo el abogado.
En esta línea, Diana subrayó que este tipo de estafas se vuelven particularmente exitosas en épocas de crisis y recesión, en las que muchos confían sus ahorros a privados con el afán de sostener su economía. «Cuando vos pagás, a la gente no le interesa averiguar cómo hiciste para pagarle», reafirmó en referencia a por qué suele ser tan popular el mecanismo de estafa piramidal. Más aún, dijo, si se trata de dinero ilícito, ya que, con los «firuletes legales» correctos, pueden ser blanqueados si se justifican como resultado de la actividad prestamista. En este sentido, Diana remarcó la necesidad de reglamentar la nueva ley para dar transparencia al mercado, que cuenta con comercios regulados que hacen inversiones de forma legal y generan ganancias legítimas. Al igual que otros abogados consultados, Diana reconoció que lo poco que se ha investigado el caso y la falta de información certera conocida hasta ahora al respecto le resultan «llamativos».