Líderes opositores y manifestantes asesinados y heridos de bala, desapariciones, detenciones arbitrarias: la represión se ha ido acentuando en las últimas semanas en Haití, tras el anuncio (en realidad una confirmación) por el gobierno de Michel Martelly de que las elecciones previstas para el 12 de enero próximo para renovar la Cámara de Diputados y un tercio del Senado no se realizarían y que el Ejecutivo continuaría, como lo viene haciendo desde hace más de dos años, gobernando por decreto “hasta nueva fecha”.
A fines de noviembre, manifestaciones multitudinarias convocadas por la oposición para, entre otros puntos, exigir la renuncia de Martelly y de su primer ministro, Laurent Lamothe, fueron atacadas a balazos por la policía, que hirió a una veintena de personas y detuvo a otras. Dos dirigentes del partido opositor Lavalas fueron asesinados recientemente, y en la represión de una manifestación en la ciudad de Ouanaminthe un bebé de tres meses murió en su cuna al inhalar gases lacrimógenos lanzados de manera indiscriminada por la policía en las barriadas. Otros manifestantes fueron heridos en ciudades como Fort Liberté y Cabaret en protestas que exigían el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad.
Este fin de semana vence el plazo de diez días dado por Lamothe a una “comisión de notables” constituida por él mismo para “buscar salidas” a la crisis política que vive el país. La oposición no espera nada de las propuestas de esa instancia e insiste en que la única salida viable es la convocatoria a elecciones. En paralelo, denuncia escándalos como el anuncio de la construcción, con fondos públicos, de una usina eléctrica en un parque industrial manejado por una compañía privada, en un país de más de 10 millones de habitantes en el que la empresa estatal de electricidad apenas surte a 300 mil personas. Los 446 millones de dólares invertidos en ese parque industrial fueron, además, desviados de las ayudas llegadas del exterior para asistir a las víctimas del terremoto de 2010, muchas de las cuales continúan viviendo en campamentos en condiciones deplorables.
En medio de este panorama, hoy viernes estaba prevista la llegada a Puerto Príncipe del canciller de Estados Unidos, John Kerry. “Viene para refrendar el apoyo a la Minustah, la misión de las Naciones Unidas que a esta altura no puede disimular su condición de fuerza de ocupación, repudiada por casi 90 por ciento de la población, según sondeos, y para darle de hecho un espaldarazo a Martelly”, denunciaron fuerzas de oposición. El 3 de diciembre tuvo lugar en la localidad de Christ Roi una manifestación de repudio a la embajadora de Estados Unidos en Haití, Pamela White, tres días antes de la conmemoración del 85 aniversario de una masacre de campesinos por las fuerzas de ocupación estadounidenses. A White la oposición la acusa de asumir una actitud de injerencia permanente en los asuntos internos haitianos, “propia de una regente”, según dijo un portavoz del partido Lavalas. “El gobierno de Martelly-Lamothe se apresuró a emitir un comunicado arrodillándose para pedir perdón a la señora White, cuando todavía nadie del Ejecutivo pronunció palabra alguna con respecto al bebé de tres meses que la policía nacional asesinó en Ouanaminthe”, señaló en un comunicado el partido de izquierda Campo del Pueblo.
El jueves 18 la Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití, de Uruguay, convoca a un acto de repudio a los 100 años de colonialismo en Haití ante la Torre Ejecutiva, en la plaza Independencia. Entre los oradores estará Henry Boisrolin, del Comité Democrático Haitiano.