A Gulpio se le murieron los peces del tajamar. Desde hace años los rosales se le queman por fuera y se mantienen vivos por dentro. Se le mueren las lombrices en el humus.
Ariel Gulpio, su esposa e hijo viven frente a los campos fumigados, apenas separados por la ruta. Se dedican a la elaboración de humus orgánico desde hace 35 años, y aunque el padre de familia es el experto en el estudio de suelos, su hijo ha aprendido la tarea y está dispuesto a continuar la empresa familiar.
A pesar de que en marzo de 2014 el Mgap analizó las plantas de su jardín y encontró resultados positivos de contaminación por glifosato,1 Gulpio lucha para que su producción de humus siga manteniéndose bajo la categoría de orgánica. Teme por el futuro laboral de su hijo.
Gulpio también teme por su salud. La madrugada del 7 de marzo de 2014 corrió a la mutualista Comeca en Canelones con broncoespasmos y un fuerte dolor en el abdomen. Le diagnostican “colecistitis aguda con indicación quirúrgica de urgencia”. Tiene la vesícula biliar inflamada y un dolor que le cruza intenso. Pero la mala nueva es que no está en condiciones para la cirugía: “La intervención no se lleva a cabo por un cuadro de obstrucción bronquial vinculado a la exposición a plaguicidas (glifosato) 24 horas antes de su ingreso”, apuntan en su historia clínica. Como alternativa le hacen un drenaje para vaciar la vesícula biliar pero de forma externa. Finalmente lo operan recién 52 días después, el 28 de abril, y vuelve a su casa a descansar y a cuidarse de una dermatitis que desaparece lentamente.
A Gulpio lo envenena su vecino sojero –el médico Máximo Castilla, varias veces denunciado por sus vecinos y a esta altura conocido por su terquedad–, y ante el hecho respira entrecortado y masca amargo como la bilis, literalmente.
A Juan Alberto Demarco también le cuesta la respiración. Con su señora, María Lilián Rego, se mudaron a Paso Picón hace cinco años buscando la paz del campo. Su nieto Matías Larriera, de 7 años, visita a sus abuelos los fines de semana y en las vacaciones, y gasta horas jugando en el pasto verde, pero muy cerca de los cultivos amarillos por la cura.
Aunque era una verdad a gritos, el médico tratante de Juan Alberto fue muy claro y dejó constancia en su historia clínica de que los repetidos episodios de obstrucción bronquial y rinorrea serosa (fluido por la nariz) que le sucedían luego de estar expuesto a las fumigaciones,“se vinculan a la exposición ambiental de plaguicidas” y comenzaron cuando se fue a vivir a la zona, concluye categórico el informe del Msp fechado el 25 de enero de 2016. Juan Alberto Demarco acaba de vender su casa. Se muda.
Federico López, secretario personal del intendente Yamandú Orsi, es otro de los afectados comprobados. Paradójicamente, fue rociado con los químicos mientras filmaba y tomaba fotografías para una inspección municipal en los campos del médico sojero, allá por 2013.2 “Alergia, inflamación de ganglios, náuseas, dolor de cabeza, ardor en las vías respiratorias, irritación de la vista, dolores musculares”, se despliegan una a una las lesiones en la denuncia presentada por el funcionario municipal ante el Banco de Seguros del Estado. El accidente laboral por “derivas en la fumigación” que lo dejó internado durante varios días se sumó a otra denuncia que presentó ante la comuna canaria por uso incorrecto de productos fitosanitarios.
Nahela (10 años) juega en el patio mientras el tractor fumigador (el “mosquito”) pasa humedeciéndolo todo a tan sólo 20 metros de su casa. Luego de mudarse con sus padres en 2011, a Nahela le han certificado conjuntivitis y otitis recurrentes, gastritis, afectación en todas las mucosas, y aunque la rinitis y los broncoespamos ya los sufría antes, han empeorado con las fumigaciones de su vecino sojero. Todas estas afecciones engrosan su historia clínica ambiental en la pediatría del ex hospital Filtro.
Su madre, Adriana Pascual, es tal vez la cara más visible de esta lucha y militancia vecinal. Esta maestra flaquísima –ha perdido 15 quilos desde que se mudó a Picón hace cinco años– cuenta con naturalidad cómo sus niveles de colinesterasa (enzima producida por el hígado cuya insuficiencia en la sangre acarrea desórdenes hepáticos) disminuyeron drásticamente en los últimos años, cómo luego le extrajeron la vesícula biliar, le diagnosticaron afectación a la vista producto de la exposición a los agrotóxicos… y su historia clínica sigue. “Ni hablar de lo que pone mi psiquiatra”, bromea, pero la verdad es que el estrés se le ha disparado luego de recibir las amenazas de Castilla, de denunciarlo sistemáticamente ante todos los organismos posibles, de enfrentar un juicio por difamación iniciado por el médico-productor, de recibir una carta plagada de agravios que el propio Castilla repartió entre todos los vecinos, de invitar a sus pares a que denuncien a pesar del temor a las represalias y la lentitud burocrática.
MIRAR EL CASO A CASO. En los fundamentos de una multa impuesta por el Msp a Castilla en diciembre de 2014 ya constaban los tres primeros casos de afectación directa por agrotóxicos –Adriana Pascual, su hija Nahela y Federico López–, y aunque no mencionara los nombres, el informe fue contundente y advertía por primera vez del riesgo general para la salud de los vecinos. “Se documenta y constata que existe una exposición a plaguicidas por parte de la población residente en la zona, y que la misma ha afectado la salud de los pobladores”, decía el informe, y agregaba: “La sintomatología reportada por los vecinos afectados (cefaleas, ardor ocular, dolor y ardor orofaríngeo, ardor nasal, dificultad respiratoria, broncoespasmo, irritación cutánea y diarrea) se corresponde con el cuadro clínico descrito en intoxicaciones agudas y reiteradas por plaguicidas”.3
Uruguay no tiene la tecnología necesaria para detectar la presencia de glifosato en sangre, por lo que hasta el momento esa comprobación corre por cuenta de los usuarios que tengan los medios para viajar al exterior.
Lo que localmente puede hacerse es estudiar caso por caso, como en el filme Erin Brockovich. Así fue como el 23 de setiembre de 2015 la directora de Salud Ambiental y Ocupacional del Msp, la toxicóloga Carmen Ciganda, encargó la tarea de recopilar las historias clínicas, realizar las consultas a los centros de salud y contactarse con las familias denunciantes. Allí se tomaron en cuenta nueve casos, entre ellos el del niño Matías Larriera. De esos nueve, se comprobó vinculación directa con los insumos fumigados en los casos de Gulpio y Demarco. En el resto de los casos no se comprobó la relación porque los pacientes no consultaron luego de las fumigaciones, dice el informe del Msp, aunque eso no es cierto: entran y salen de las mutualistas luego de cada exposición y pueden probarlo (véase recuadro “Traspapelados”).
Por último, el informe advierte sobre un aspecto importante: las enfermedades previas pueden agravarse por las fumigaciones: “Se destaca que se evidenciaron antecedentes personales de patologías crónicas que pueden ser descompensadas ante exposiciones reiteradas a productos químicos”.
CON NOMBRE Y APELLIDO. Demarco y Gulpio completan el total de cinco casos certificados y se vuelven evidencia: es la primera vez que el Msp prueba la relación directa entre síntomas y exposición a agrotóxicos, con nombre y apellido. Según consta en el expediente, estas nuevas evidencias tienen tal valor que fueron inmediatamente enviadas por la División de Salud Ambiental y Ocupacional del Msp a las autoridades del ministerio, también al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Canelones (y a la jueza María Noel Odriozola) para que se utilice como prueba en el juicio penal que la comuna mantiene contra Castilla. Otra copia ha sido enviada en mayo de este año al intendente canario, Yamandú Orsi. Todos han sido notificados del caso.
Un detalle. Mientras el expediente del Msp navegaba en estos mares administrativos (“El Msp no va a dar declaraciones de ningún tipo mientras el caso permanezca en la justicia”, contestaron a Brecha desde la cartera), los vecinos directamente involucrados no se habían enterado de que el ministerio había demostrado científicamente el daño en su salud desde comienzos de año. Primero tuvieron “oídas”, pero fueron notificados, por teléfono, recién cinco meses después.
Máximo Ramón Castilla Butti es médico y cultivador de soja transgénica (como la mayoría de la que se cultiva por estas latitudes). Es el mismo que aparece en el diario El País como un agricultor prudente y “víctima de las multas” por parte de una Intendencia que lo “persigue”.4 Máximo Castilla es el mismo que, a diferencia de otros productores multados en las zonas de Guichón y Río Branco, se niega sistemáticamente a pagar las sanciones que le han sido impuestas. El médico es el mismo que ha sido visto amenazando a sus vecinos revólver en mano o insultando hasta al intendente, como ocurrió a la vista de todos en la última marcha de los sojeros en enero. Y si nada se mueve en la justicia, será el mismo Castilla en persona el que fumigará sus campos con los primeros calores del año.
- “Y era nomás”, Brecha, 20-III-14.
- “La cura y la enfermedad”, Brecha, 7-II-14.
- “No tiene precio”, Brecha, 5-XII-14.
- También es mencionado como víctima de una “persecución política” por parte de la Intendencia canaria por pertenecer a las filas del Partido Nacional. Véase “Lluvia de multas para productores canarios”, El País 2-VII-16.
Traspapelados
A las demoras de los prestadores de salud involucrados en proporcionar las historias clínicas para la investigación del Msp se le agregan otras omisiones. La propia Adriana Pascual, a quien el ministerio ya le había constatado afectaciones por la deriva de agrotóxicos cuando la primera multa a Castilla (en diciembre de 2014), esta vez aparece como una de las no afectadas: “No se encontraron consultas por exposición ambiental a plaguicidas”, dice el informe del Msp sobre Pascual y otros siete de los casos analizados (excepto Gulpio y Demarco, los dos casos sí comprobados esta última vez).
“Es lisa y llanamente una mentira”, dice Pascual, que ya es conocida por la mayoría de los doctores de Canelones, y explica: “No entiendo cómo, pero mezclaron mi historia clínica con las de otros dos vecinos denunciantes”, dice al constatar con sus propios ojos como en un mismo legajo salta absurdamente de tener 60 años a tener 40 o 30, o incluso diferentes sexos, mutando de hombre a mujer en pocas hojas de distancia. “Puede ser un error de desidia administrativa por parte de la mutualista, pero no deja de ser un error grave”, afirmó Pascual, quien puso en duda la exactitud del informe y arriesgó que la cifra de personas afectadas puede ser incluso mayor.
No hay que olvidar que las demoras y errores vienen desde las mutualistas de la capital canaria, entorno de influencia directa del médico Máximo Castilla.
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Con Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones
“Más no podemos hacer”
“Primero definimos la categoría ‘perímetros rurales con asentamientos urbanos’ e incluimos a Picón en un proceso junto a los vecinos. Luego trabajamos en un plan de control y vigilancia para todo el departamento. Cada vez que recibimos denuncias respondemos enseguida y toda esa información la sumamos al juicio en marcha contra Castilla. La última denuncia es de hace 20 días; fue nuestro equipo, sacó fotos, certificó, y lo mismo de siempre: siguió fumigando.
Estamos al tanto del expediente del Msp, y es una prueba que nos da sustento para decir que las medidas que se tomaron para proteger la salud de la gente no eran al santo botón.
Hemos definido reglas de juego a cumplir, sancionamos (la primera multa fue de 10 mil UR y una segunda de 15 mil UR, por reiteración), fuimos a la justicia, más que eso no podemos hacer. Hemos aplicado multas grandes en otros lados, y lo que ocurre paulatinamente es que los observados terminan asumiendo la afectación a los recursos naturales o la salud de la población, incluso consultan sobre las nuevas normativas para ver qué se puede hacer y qué no, pero un caso como el de Castilla, donde le explicás y lo sigue haciendo, lo multás y lo sigue haciendo… es un caso realmente muy complicado. Nos hubiese gustado no llegar a la justicia, pero si este es el camino, seguiremos.”
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Bitácora del perfecto sojero
Ayuda memoria
Aquí algunos de los mojones en el caso Picón, en su mayoría reportados por Brecha.
2013
Setiembre. Los vecinos de Picón inician la primera denuncia por “uso incorrecto de productos fitosanitarios” ante el Mgap en la ciudad de Canelones (ya en 2009 uno de los vecinos, Hugo Fontán, denunció al sojero por fumigar con una avioneta). La denuncia contra el médico Máximo Castilla se deriva al Msp y se inicia un expediente.
Noviembre. El funcionario de la Intendencia canaria Federico López es fumigado mientras fotografiaba durante una inspección en el campo de Castilla.
Diciembre. Castilla reparte una carta entre los vecinos defendiendo su labor (véase “La cura y la enfermedad”, Brecha 7-II-14) y agraviando especialmente a dos de sus denunciantes: Adriana Pascual y Hugo Fontán, a quienes les inicia un juicio por difamación.
2014
Marzo. El Mgap analiza plantas en la casa de Ariel Gulpio y las muestras arrojan positivo para glifosato. El 7 de ese mes Gulpio ingresa a la mutualista por un cuadro de “colecistitis aguda”, pero recién el 28 de abril se le realiza la cirugía.
Junio. El Mgap visita a Gulpio y elabora un expediente. El Msp comienza a sugerir que su sintomatología respiratoria “puede corresponder a la acción de plaguicidas”.
Diciembre. El Msp multa a Castilla con 1.000 unidades reajustables (UR) tras constatar la afectación a la salud en la población de Picón. Se comprueban los tres primeros casos (Pascual, su hija y Federico López) a través de sus historias clínicas.
En el mismo mes el Tribunal de Ética Médica sanciona a Castilla inhabilitándolo de ejercer por tres meses. Sin embargo, apelación mediante, el Colegio Médico del Uruguay revoca el fallo y deja sin efecto la sanción con el argumento de que su accionar como productor afectaba a “otros ciudadanos con los cuales no está relacionado profesionalmente” como pacientes.
2015
Marzo. Por primera vez la Organización Mundial de la la Salud categoriza al glifosato –el herbicida más usado en el mundo– como posible cancerígeno: de los cinco niveles de peligrosidad lo ubica en el segundo lugar (2A).
Abril. Una resolución de la Intendencia de Canelones (IC) finalmente define la categoría “Perímetros rurales con asentamientos urbanos”, y no podrá fumigarse a menos de 300 metros de las casas de los vecinos. (La inexistencia de esta normativa demoró durante meses el accionar de las autoridades sobre Castilla.) En el mismo mes se impulsa una coordinación interinstitucional entre la IC, la Dinama, el Mgap y el Msp para facilitar los mecanismos de denuncia y actuación. Castilla continúa fumigando.
Mayo. Las tierras de Picón pasan a formar parte de esta nueva categoría territorial y este cambio lo obliga a amoldarse a las nuevas distancias.
Setiembre. La Intendencia de Canelones denuncia penalmente a Castilla por no respetar las distancias mínimas y por una “acción dolosa” y “delictiva”, cuya “conducta demostrada atenta contra la salud de sus vecinos”. Previamente había multado al productor con 10 mil UR y luego con 15 mil, por reiteración.
En el mismo mes se toma contacto con los vecinos afectados para recopilar historias clínicas y consultas que hayan realizado en centros de salud.
Diciembre. Se agenda la primera audiencia en el juicio de la IC contra Castilla y, certificado médico mediante, el productor no asiste a dar testimonio al juzgado.
2016
Enero. El Msp obtiene los resultados de la evaluación de las historias clínicas de ocho adultos y de un niño residentes en Picón: se encuentra influencia directa de plaguicidas en dos de ellos.
Marzo. Castilla reincide y vuelve a fumigar durante la Semana de Turismo.
Mayo. Por primera vez el Mgap multa a Castilla con 60 UR por constatar “existencia de daños por deriva en el predio de los denunciantes” luego de la “aplicación terrestre y uso inapropiado de productos fitosanitarios”.
Junio. Cuatro meses después el Msp les notifica a los vecinos involucrados que se ha probado que las afectaciones a su salud están vinculadas a la exposición al glifosato.
Julio. El juicio penal de la IC contra Castilla sigue en marcha y todas las denuncias se agregan como prueba.
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