Caballero Verde SRL es una compañía de inversiones panameña creada en agosto de 2016. La empresa es controlada por Tenor Opportunity Associates LLC, empresa con sede en Nueva York (Estados Unidos) que integra un holding de capital privado, con más de 2.000 millones de dólares de activos gestionados en el mundo,1 y Green Knight Investments LLC, otro fondo de inversión con sede en Florida (Estados Unidos), acusado de estafas Ponzi en el país del norte. Según el sitio Open Corporates, el administrador y representante es Daniel Kochav, uno de los hombres fuertes de Tenor Capital. Se trata de una empresa de oportunidad: se dedica a financiar casos legales de inversionistas contra Estados a cambio de la adquisición de acciones en eventuales concesiones. Un fondo buitre dedicado a la especulación financiera, mediante la compra de acciones de bajo valor, para litigar contra los Estados por montos millonarios.
Dos años después de su creación, la empresa de capitales estadounidenses se lanzó por una de esas oportunidades. En 2018, Caballero Verde compró las acciones de Latin American Regional Aviation Holdings SA (LARAH), que nucleaba a los inversores privados de la extinta Pluna SA. «Tras pasar más de dos años analizando la inversión en LARAH, Caballero considera que el proyecto brinda una gran oportunidad y espera trabajar de manera diligente con LARAH y sus partes interesadas para desarrollar todo su potencial», dijo Brian Maddox, vocero del caballeresco fondo, al sitio especializado Business Wire (22-X-18).
Con las acciones en su poder, LARAH –ya controlada por Caballero Verde– anunció una demanda internacional contra el Estado uruguayo por 680 millones de dólares por presuntas ilegalidades en la salida de los inversores privados de la aerolínea uruguaya. La querella se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en aplicación del Tratado de Proteccion de Inversiones entre Uruguay y Panamá. El fallo fue favorable al fondo de inversión.
El 13 de febrero, el CIADI condenó a Uruguay a pagar unos 30 millones de dólares a los accionistas de LARAH, pero con la suma de los intereses y los costos del juicio la indemnización alcanza los 80 millones de dólares (El Observador, 14-II-24). El tribunal consideró que el Estado «expropió ilegalmente la inversión» de la empresa «a través de un conjunto de medidas que resultaron en la paralización de la compañía y su pérdida de valor total». Para el CIADI, los representantes del gobierno tomaron acciones erráticas y gravemente imprudentes con el intento de obstaculizar la gestión privada, algo que habría impedido que Leadgate SA accediera a un fideicomiso por 30 millones de dólares del banco ING (Londres) y que habría constituido una situación de acoso y amenazas para que los inversores privados se retiraran del negocio.
El gobierno celebró el trabajo de «reducción de daños» que habría cristalizado en el monto de la indemnización, pero aprovechó el fallo, sobre todo por parte de figuras ya en decidida campaña electoral, para relanzar sus críticas a los gobiernos del Frente Amplio por el cierre de Pluna SA. Sin embargo, durante el proceso ante el CIADI, la defensa uruguaya respaldó la actuación de los directores de Pluna Ente Autónomo y consideró como «razonable» la estrategia del gobierno de José Mujica de buscar un nuevo inversor privado para enfrentar el déficit acumulado durante la gestión de Leadgate. También los representantes del Estado uruguayo alegaron que la cláusula de indemnidad firmada entre las partes –cuestionada por la entonces oposición– impedía las demandas cruzadas. Sus argumentos no tuvieron eco en el tribunal. Uruguay no puede apelar la sentencia, pero el gobierno analiza solicitar su nulidad, afirmó el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.
DE CIERRE
En junio de 2012, tras semanas de idas y vueltas, el Estado uruguayo retomó el control de Pluna SA. Habían pasado cinco años desde la llegada de Leadgate SA, cuyos responsables eran Matías Campiani y sus socios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde. Leadgate SA, una empresa especializada en la recuperación y la reconstrucción patrimonial de empresas con dificultades, adquirió el 75 por ciento del paquete accionario de la empresa. Fueron años de crecimiento de la operativa de la aerolínea, con aumento de frecuencias y la compra de siete aviones Bombardier, pero también de su pasivo, que para ese momento era de 385,5 millones de dólares.
Con Campiani y sus socios fuera del negocio, el gobierno inició intensas negociaciones con la canadiense Jazz Airlines y con el empresario naviero Juan Carlos López Mena, propietario de BQB, para que se hicieran cargo del negocio. Ninguna prosperó. Por eso, en agosto el gobierno dispuso el cierre de la aerolínea y presentó el concurso voluntario: «La situación de Pluna se ha visto progresivamente agravada en los últimos tiempos a raíz de una serie de factores regionales y locales adversos que la han colocado en una coyuntura cada vez más difícil, pese a los reiterados esfuerzos para evitarla», decía el escrito elaborado por el gobierno de entonces.
El texto señala que la situación crítica que atravesaba Pluna desestimuló la captación de nuevos inversores privados o socios estratégicos, lo que «constituye un punto de inflexión a partir del cual la sociedad deja de estar en condiciones de hacer frente a sus obligaciones y de contar con los recursos necesarios para mantenerse operativa. […] Las medidas adoptadas no han sido suficientes frente a la acumulación de circunstancias negativas que afectan al mundo en general y a la región en particular ni frente a las dificultades específicas de Pluna».
Ese año terminó con los exsocios de Leadgate en prisión. La jueza Adriana de los Santos dispuso el procesamiento de Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde por un delito continuado de estafa, por irregularidades constatadas en la gestión de la aerolínea. Campiani, la cara visible del negocio, estuvo 522 días en prisión. Después de dejar la cárcel de Campanero, los tres inversionistas se radicaron en Miami, donde reconstruyeron su vida.
Hirsch fundó Signvest MIC, una empresa de consultoría e inversión. Álvarez Demalde es socio de AD4, una agencia de bienes raíces en la que aporta su experiencia como gestor en Leadgate y en Siemens sobre estructuración financiera. Campiani, en tanto, es vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Aurelius Group, un holding especializado en escisión, reestructuración operativa y adquisión de empresas rentables de bajo rendimiento, con operaciones en América y Europa, en línea con la operativa llevada adelante por Leadgate. En medio de eso les llegó una oferta de Caballero Verde. El negocio se cerró por una cifra aún desconocida. Se abría otra etapa.
VALE ORO
Caballero Verde tomó el control de LARAH tras adquirir las acciones de Chorus Aviation (nombre societario de Jazz Airlines) y de Leadgate. Con esto, el fondo de inversión presentó la demanda ante el CIADI, patrocinado por los estudios Freshfields Bruckhaus Deringer (Estados Unidos), Dechamps International Law (Inglaterra) y Ferrere Abogados, de Uruguay, que en los últimos años participó como demandante en varios juicios internacionales contra el Estado uruguayo, a través de su área de litigación.
El estudio uruguayo tenía conocimiento directo de lo que sucedió en Pluna. La consultora CPA Ferrere, integrante del grupo, asesoró a Leadgate en temas financieros, contables e impositivos, mientras el área jurídica participó en la redacción de los contratos de la asociación. También CPA Ferrere estuvo a cargo de las auditorías de due diligence («debida diligencia») durante los cinco años que duró la aventura. Además, dos abogados del estudio defendieron a Campiani en una demanda civil por plagio presentada por Buquebus. También el estudio controlaba EF Asset Management, una administradora de fondos de inversión que gestionó fideicomisos privados a favor de Pluna; los presidentes de EF Asset Management eran Diego Rodríguez y Sandra González, encargada del área de litigios internacionales (véase «¿Quién desplumó a Pluna?», Brecha, 20-VII-12).
Pero Ferrere también tiene vínculos estrechos con Freshfields. Martín Rosati, socio de Ferrere y especializado en el área de arbitrajes domésticos e internacionales, trabajó en Freshfields en Nueva York entre 2016 y 2018. En Freshfields, estuvo involucrado en algunas de las disputas más grandes en Sudamérica, representando a inversores extranjeros en arbitrajes de inversión y arbitrajes comerciales administrados por el CIADI y la Corte Permanente de Arbitraje, en áreas de petróleo, telecomunicaciones, agronegocios y distribución de alimentos, según la página web del estudio.
Rosati es cofundador de Uruvyap, un espacio para jóvenes abogados uruguayos o vinculados a Uruguay para intercambiar ideas y opiniones, así como para profundizar conocimientos sobre el arbitraje internacional. Otro de los fundadores de ese espacio es Santiago Gatica, exabogado en Guyer & Regules, hoy asociado sénior del Grupo de Arbitraje Internacional de Freshfields.
Sin embargo, el vínculo entre los estudios trasciende el intercambio de profesionales. Ferrere y Freshfields participaron, junto con otras firmas de la región, en un proceso de refinanciación para la compañía Nordex por 200 millones de dólares. En 2015, asociada con Guyer & Regules y la argentina M&M Bomchil Abogados, Freshfields asesoró al grupo aeroportuario Corporación América, liderado por Eduardo Eurnekián, para obtener un préstamo por 180 millones de dólares para financiar dos parques eólicos en Maldonado. En este proceso, el estudio Ferrere asesoró a los bancos que otorgaron el préstamo a Corporación América, entre ellos, el Banco República.
Freshfields y Ferrere también tuvieron activa participación en el litigio internacional presentado por Glencore Finance (Bermuda) LTD contra Bolivia ante la Corte Penal de Arbitraje por la expropiación de sus bienes en el país del altiplano en 2007 y 2012. Glencore adujo haber sido afectada por la nacionalización de la explotación de estaño, uno de los recursos minerales más importantes de ese país. La empresa, que era propietaria de Vinto, titular de la fundición de estaño más importante de Bolivia, reclamó 778,2 millones de dólares; en este caso, Ferrere fue representado por sus subsidiarias en Bolivia y Ecuador. En los últimos años, Ferrere también participó como demandante en los juicios iniciados por Conecta (Petrobras), Italba, Linzor Capital Partners (accionista de Farmashop) y Zamin Ferrous (la minera Aratirí) contra Uruguay.
NO PASA NADA
El fallo del CIADI tiene como contexto la falta de resolución sobre la responsabilidad penal y civil de los expropietarios de Leadgate SA en el cierre de Pluna. Si bien Campiani y sus socios fueron procesados, 12 años después la fiscalía aún no pidió condena. El atraso se debió, en parte, a la demora en la tramitación de exhortos internacionales solicitados por las defensas en procura de demostrar la inocencia de los empresarios.
Sin embargo, la demanda internacional de Caballero Verde SRL también fue favorecida por el resultado del concurso de Pluna. En medio de ese proceso, la sindicatura presentó una demanda contra los accionistas de Pluna para que cumplieran con «sus compromisos de capitalización» de la empresa. La demanda recordaba que en junio de 2010 los accionistas hicieron un aporte de 20 millones de dólares, que no fue suficiente para sacar a la sociedad de sus problemas financieros. En febrero de 2012, una asamblea extraordinaria reafirmó la obligación de los accionistas de capitalizar la empresa por el monto que definiera el balance de junio de ese año.
Eso no se concretó: «El incumplimiento de los accionistas en capitalizar Pluna SA fue la causa principal de su ingreso al proceso concursal y posterior liquidación», señaló la sindicatura. Por este motivo, estos interventores reclamaron que los accionistas aportaran unos 55 millones de dólares a la masa concursal.2 Esta cifra debía pagarse en un 25 por ciento por el Estado y un 75 por ciento por los socios privados. De esta forma, Leadgate debía reincorporar unos 41,6 millones de dólares al concurso. La demanda no llegó a resolverse.
En noviembre de 2016, los acreedores lograron un acuerdo con la sindicatura para cerrar todos los procesos seguidos contra Pluna, sus autoridades y demás personas relacionadas. Este acuerdo estabecía «dejar sin efecto los reclamos con causas en los sucesos vinculados a Pluna SA incluyendo la terminación del proceso de calificación y de diversos expedientes en otros juzgados, sin más que reclamar por ningún concepto contra Pluna SA, sus acccionistas, administradores, integrantes de órganos de control interno o exadministradores».
El acuerdo fue ratificado por la sindicatura de Pluna SA (Daniel Germán y Gabriel Ferreira), el Estado uruguayo (representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas), Pluna Ente Autónomo, el Bank of Nova Scotia (que participó del negocio de compra de los aviones Bombardier) y el estudio Posadas, Posadas & Vecino, en representación de los acreedores quirografarios con derecho a voto. Ese acuerdo fue aprobado por la jueza Silvia Rodríguez, el 9 de diciembre de 2016, y fue el cierre del largo litigio. Esto favoreció directamente a Campiani y sus socios, pero también a los representantes estatales en el directorio de Pluna, ya que impidió que el concurso fuera calificado como «culpable». Un dato singificativo es que Caballero Verde fue creada en Panamá cuando este acuerdo concursal ya estaba en marcha.
- La empresa madre es Tenor Opportunity Fund LP, cuyas oficinas están en 1180 Avenue of the Americas, suite 1940, en Nueva York, inscripta en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
- Esta cifra incluía unos 30 millones de dólares por la capitalización no realizada y 25 millones de dólares por una sobrevaluación inadecuada de los aviones Bombardier que alteraba los bienes de la empresa.
