El pasado viernes 19 de julio en Brecha el diputado Alejandro Sánchez polemiza con algunas de las afirmaciones realizadas por nosotros en una nota anterior (Brecha, 12-VII-13). Nuestra nota constaba de dos partes. La segunda, versa sobre los incentivos a la privatización. Se destacan muy particularmente la exoneración impositiva a las empresas privadas de la educación mediante el artículo 69 de la Constitución y el capítulo “Donaciones especiales” de la ley 18.083 del año 2007, que exonera el 75 por ciento de los aportes del irae y del impuesto al patrimonio de las empresas donantes. Decíamos que el Estado termina siendo socio mayoritario de dichas empresas y que en las mismas se violan los principios de laicidad y de universalidad, dado que existen restricciones al ingreso de estudiantes.
La respuesta del diputado no tiene en cuenta estos aspectos. Sus críticas se centran sólo en la primera parte del artículo, son esencialmente metodológicas y pueden resumirse en dos: a) la no consideración de algunos ítems como gasto educativo; b) la crítica al uso del indicador deflactado por los precios implícitos al pbi.
Sin explicar por qué, Sánchez sostiene que nosotros estamos en contra de los caif, de las becas, del Plan Ceibal, del boleto estudiantil, y de Educación Militar y Policial. Eso no es así, incluso podríamos sumar otros programas a su lista de programas educativos: faltan varios programas de inclusión del Mides, como los maestros comunitarios, los programas de formación y capacitación del Inefop o de la Oficina Nacional de Servicio Civil, entre muchos. Pero en nuestra nota argumentábamos que la reivindicación histórica del campo popular era de un 4,5 por ciento para anep-Udelar y decimos que ahora los recursos asignados a anep-Udelar son el 3,9 por ciento del pbi. Y tal vez el diputado no lo sepa, pero tanto en la anep como en la Udelar hay becas y fueron consideradas en nuestros cálculos.
Para ilustrar la relevancia de las becas y otros subsidios a la demanda, tomemos por ejemplo las asignaciones familiares (Afam) del Plan de Equidad. Las mismas tienen como contrapartida la asistencia al sistema educativo y los controles de salud. Existen diversos estudios que permiten aseverar con total rigurosidad que las Afam del Plan de Equidad han contribuido –entre otros factores– a que aumentara la matriculación en los años críticos de Secundaria. Esto es sumamente relevante. Nuestro sistema educativo tiene una de las tasas de abandono más altas del continente junto a Guatemala y Nicaragua. Desconocemos trabajos sobre becas y boletos, pero es probable que su efecto tenga el mismo sentido. El aumento de los recursos asignados por los gobiernos progresistas son notorios y los resultados son positivos.
Pero ahora que desertan menos y que se matriculan más a nivel secundario, es necesario que puedan tener una educación de calidad, que haya más horas docentes, más liceos y formación técnica y con mejor infraestructura. Si ampliamos un poco la mirada, vemos que la matrícula a nivel secundario creció un 25 por ciento entre 1999 y 2011. Las horas docentes y la cantidad de aulas deberían haber aumentado en un porcentaje mayor para que los resultados educativos mejoren. A modo de ejemplo, mientras en 1999 había 831 matriculados por establecimiento en la formación secundaria pública, en 2006 había 847 y para 2011 eran 821. La disminución de estudiantes por establecimiento fue sólo de un 1,2 por ciento. Pero en el caso de la formación técnica la evolución no fue tan feliz, ya que aumentó el número de matriculados y disminuyó la cantidad de establecimientos entre 2006 y 2011, pasando de 542 estudiantes por establecimiento a 601.
De todas formas, el diputado pone en el tapete un elemento central para la discusión: ¿por qué 4,5 por ciento para anep-Udelar? La razón fundamental es que entendemos que el desarrollo de largo plazo requiere de buenas instituciones y planificación, incluyendo la educación. O sea que, en nuestra perspectiva, es imposible pensar una educación de calidad –a la que se le pueda exigir los resultados que se requieren para transitar el desarrollo– si no se implementan instituciones educativas de calidad y se realizan con el debido pienso. Con reglas claras, donde se puedan asignar responsabilidades, exigencias y obligaciones. A diferencia del diputado, no vemos en la plataforma de 1996 de 4,5 por ciento del pbi un planteo “burocrático” sino la persistente defensa de los buenos arreglos institucionales. Parece de Perogrullo tener que aclararlo pero es difícil buscar responsabilidades, tener una visión global clara, poder evaluar el desempeño en forma permanente cuando cada vez más las políticas educativas tienen un anclaje institucional más y más difuso: mec, mtop, Mides, inau, incisos 21 y 24 que dependen de Presidencia, etcétera.
Toda esta diversidad de instituciones públicas con su cultura y lógica propias, y este “bypaseo” institucional, debilita el efecto potencial de las políticas, pero no sólo eso. Nosotros entendemos que implica un ataque a la autonomía de la educación.
Por otro lado, en 1996 había caif y también había Educación Militar y Policial, así como programas compensatorios y becas en diversas instituciones públicas, pero no los considerábamos en la plataforma del 4,5 por ciento y tampoco para calcular el gasto en educación en Uruguay. Simplemente, se tenía de fondo la defensa acérrima de la autonomía en la educación, y además considerábamos estratégico el buen diseño institucional. Es que la acusación de burocrática que realiza Sánchez resulta extraña cuando los cambios en la asignación del gasto en educación han ido reforzando burocracias y técnicos a lo largo y ancho del Estado, restando efectividad al esfuerzo fiscal realizado.
Pero la cosa no termina acá. La crítica metodológica del diputado no tiene en cuenta algunos ítems de gasto que nosotros sumamos y que ningún análisis riguroso debería obviar. Como mencionábamos en el artículo anterior, los aportes patronales en la educación pública son de 19,5 por ciento, en el sector privado no vinculado a lo educativo son 7,5 por ciento, luego de la reforma tributaria de 2007, y son nulos para la educación privada. Claramente la sobretasa de 12 por ciento a la educación pública no tiene justificación y no debería considerarse gasto en educación sino un subsidio indirecto al bps. Si lo restamos, el 3,9 por ciento del pbi para anep-Udelar se reduce a 3,55 por ciento del pbi, y si sumáramos todos los rubros fuera de dichos incisos –Educación Policial y Militar, Plan Ceibal, etcétera– estaríamos asistiendo a un 3,96 por ciento del pbi. Peor aun si tomamos como escenario contrafáctico la educación privada, que está exonerada totalmente de impuestos. Sólo restando los aportes patronales al bps y por Fonasa, deberíamos considerar como gasto en educación anep-Udelar el 3,25 por ciento del pbi, y sumando los ítems por fuera que tanto preocupan a Sánchez, llegaríamos a 3,66 por ciento del pbi.
A esta crítica debe sumarse la realizada por el diputado al gasto deflactado por el índice de precios implícitos del pbi enseñanza. La interpretación que hace Sánchez es correcta, el hecho de que haya aumentado poco “esconde” que muy buena parte de la “inflación educativa” obedece al aumento salarial. Según el diputado nosotros omitimos por “falaces” dicha lectura. Sin embargo, nuestro artículo deja bien en claro que el salario real de la enseñanza está un 12 por ciento por encima del año 2001. A Sánchez le dan mayores aumentos porque toma como base un salario deprimido por la crisis mientras que nosotros usamos el pico más alto de la fase de crecimiento anterior. Ninguno miente, sólo que optamos por mirar cosas distintas. La relevancia del indicador era poder mostrar que el salto del 2,3 por ciento al 3,9 por ciento –que como mencionábamos en el artículo anterior, sin dudas implica una mejora– no ha permitido aumentar en forma importante las horas docentes –sí los salarios–, ni la infraestructura y las condiciones edilicias, ni los recursos corrientes con que cuentan las instituciones educativas, y más aun si se considera el aumento de la matrícula.
Podría inferirse entonces que los salarios docentes son altos y que cualquier aumento debería priorizarse en otros rubros dentro de la anep-Udelar, pero dicha afirmación parece ser demasiado fuerte. En el artículo anterior decíamos que, siendo el sector de actividad con mayor participación de trabajadores calificados, está en el puesto 20 en 34 del ranking de los mejor pagos. Según la Encuesta Continua de Hogares del año 2011, el 75 por ciento de los maestros ganaba menos de 22.400 pesos y el promedio ganaba 18.210 pesos, los docentes de Secundaria cuentan con cifras similares, y ambos en promedio trabajan casi 30 horas semanales, considerando sólo esa ocupación. Una de las razones, como esgrimíamos en el artículo anterior, es que muchos de los modelos que son tomados como ejemplo tienen niveles de gasto sobre pbi en educación muy superiores; sin embargo, no fueron causa de la indignación del diputado Sánchez.
Para terminar, resulta evidente que el debate educativo no puede acabarse en las bases materiales, es necesario que los trabajadores de la enseñanza pensemos nuestros planes de estudio, nuestras carreras docentes, nos preparemos continuamente, pero hoy como en décadas pasadas el presupuesto sigue siendo insuficiente. También corre riesgo la autonomía, lucha histórica del movimiento sindical y gremial de la enseñanza. Celebramos el debate y reafirmamos la necesidad de hacer de la educación el eje fundamental de las transformaciones más profundas que se necesitan.
Los autores, Pablo Messina y Martín Sanguinetti son economistas.