La discusión sobre el proyecto de ley de reparaciones para víctimas de grupos armados propone una perspectiva particular para pensar un tema que no es nuevo en la historia reciente uruguaya. Mientras la dictadura homenajeó a los caídos en la lucha contra la subversión y Sanguinetti los llamó caídos en defensa de las instituciones democráticas (aunque en algunos casos no quedaba muy claro a quiénes se refería), ahora se los denomina víctimas de grupos armados. Mientras antes se trataba de homenajear a civiles, policías y militares por su labor, ahora el presupuesto teórico alrededor del problema es el concepto de reparación. Aunque no se explicita, el fundamento de la responsabilidad estatal es la omisión. El Estado no fue responsable de esos asesinatos, pero no pudo detener las prácticas violentas cometidas por diversos actores en los sesenta y por dicho motivo debería hacerse responsable.
Esta particular modalidad de argumentar alrededor del concepto de reparación ha sido utilizada por países que vivieron experiencias de guerras civiles masivas, como Colombia. En esos casos, dichas políticas de reparación se dieron en el marco de largos procesos de discusión pública, en los que se incorporaron víctimas pertenecientes a diversos actores políticos y sociales. Sin embargo, la discusión sobre este proyecto de ley ha sido relativamente opaca, sujeta a negociaciones políticas, con escaso debate público y direccionada hacia ciertas víctimas en desmedro de otras. Además, el proyecto hasta el momento no parece tener una fundamentación clara con relación al período sobre el que se propone trabajar, así como sobre el concepto de víctima en que se sostiene.
En términos generales, las leyes que proponen formas de reparación histórica definen un tiempo que marca el inicio y el final de un período que tuvo características excepcionales. En el caso de nuestra historia reciente, historiadores y cientistas sociales han ensayado diversas propuestas de periodización para conceptualizar el período marcado por la crisis, la polarización y la violencia política y social, y el creciente autoritarismo estatal. No obstante, la opción elegida por el proyecto no parece asociarse a ningún intento previo. No fundamenta los motivos por los que elige 1962 como punto de partida y 1976 como punto final. Tampoco resulta claro por qué se señala el primer día de 1962 y el último de 1976, ya que dichas fechas no remiten a eventos relevantes del período en cuestión. Si el interés es la reparación hacia personas que sufrieron como consecuencia de la violencia política no estatal, cabría aclarar que en 1961 existieron eventos de estas características. Dos de ellos resultaron paradigmáticos de las violencias de derechas e izquierdas de los sesenta. Me refiero a la muerte del militante anticastrista Serafín Billoto en una escaramuza con militantes comunistas y la de Arbelio Ramírez en el Paraninfo de la Universidad el día en que el Che Guevara daba un discurso alabando las condiciones democráticas de Uruguay.
Durante las décadas del 60 y el 70, diferentes actores denunciaron múltiples ataques perpetrados por organizaciones armadas de izquierda y de derecha. Estas acciones derivaron en el asesinato de personas, atentados a hogares y otras modalidades de violencia política. Entre los muertos, la mayor expresión de la violencia política, hay personas asesinadas por la guerrilla de izquierda, pero también asesinatos cometidos por organizaciones ilegales de extrema derecha, como el Escuadrón de la Muerte. Respecto a otras formas de violencia política, como los atentados contra hogares, los malos tratos y las torturas, también fueron cometidos por organizaciones de diverso signo ideológico. En la última redacción, la ley incorporó un listado de personas que venían de un proyecto de la administración Vázquez, redactado en el contexto de su propuesta de reconciliación: «Nunca más orientales contra orientales», que parecía responder más a un lobby de los sectores militares que a una seria indagación de lo ocurrido en los sesenta. De alguna forma, ese listado reafirma la narrativa sostenida inicialmente por la dictadura y luego, en los noventa, por figuras civiles como Sanguinetti, que proponía la idea de que en aquella década la violencia había sido de izquierda y la dictadura fue una reacción a dicha violencia.
¿Se trata de una nueva manera de pensar la violencia política de los sesenta o simplemente es el retorno de aquella memoria autoritaria conformada en dictadura? El proyecto no termina de dejarlo claro, ya que no menciona cómo se relaciona con los antecedentes previos. En la última modificación del proyecto, afortunadamente se aclaró que a la indemnización que se ofrece se le descontarán las anteriores prestaciones. La aclaración parecía más que necesaria, ya que desde 1973 familiares de militares y civiles recibieron diversas formas de indemnización por estos hechos. Por otra parte, durante la dictadura, la política memorialística vinculada al Día de los Caídos en la Lucha contra la Subversión tuvo como eje central el reconocimiento moral a un sector de las víctimas señaladas por el proyecto. El 14 de abril fue una de las principales fechas en el calendario oficial, cuando se recordaba a los caídos y se los presentaba como mártires que habían entregado su sangre para la consagración de un nuevo orden político con características explícitamente antidemocráticas. Luego de la inauguración de la Plaza de la Nacionalidad Oriental, ese lugar se convirtió en el principal memorial relativo a dichas víctimas. Una iniciativa de este tipo debería reconocer estos antecedentes de reparación material y simbólica a los efectos de evaluar si la actual política que expresa esta ley intenta ser una continuidad de las políticas desarrolladas en otros períodos como la dictadura o se propone otro tipo de enfoque al problema.
Así como la sociedad uruguaya ha avanzado en el reconocimiento del dolor sufrido por miles de uruguayos durante el terrorismo de Estado, también podría avanzar en una mejor comprensión de las formas de violencia no estatal que se vivieron en los sesenta y los tempranos setenta. ¿Estamos preparados para entender que el dolor de la experiencia de familiares de militares, policías y civiles que sufrieron por el accionar guerrillero es parte de nuestra memoria como sociedad, así como también lo es el de los familiares de los militantes de izquierda que sufrieron atentados, torturas y en algunos casos fueron asesinados por organizaciones paraestatales o de extrema derecha durante los sesenta y los tempranos setenta? Yo creo que sí. Pero solo en el reconocimiento de la variedad de experiencias de aquellos calientes años se puede desarrollar un diálogo honesto que habilite una auténtica reflexión democrática. Por ahora, lo que tenemos es un proyecto que, aunque con nuevos conceptos, parece reforzar viejas narrativas e identidades, algunas asociadas al autoritarismo, y no habilita a pensar de maneras más abiertas un período que sigue doliendo.
