La aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, en 2018, fue el último gran hito en el ciclo de conquistas en la esfera jurídica por parte de los feminismos y el movimiento por la diversidad. Un año después, tras la derrota electoral del Frente Amplio ante una coalición de derechas, emergieron importantes interrogantes: ¿serían revocadas las recientes leyes de la agenda de derechos? Y, en caso de continuar, ¿qué nivel de institucionalización mantendrían dichas políticas? Hoy, a cuatro años de esa coyuntura crítica, nos encontramos en condiciones de esbozar algunas valoraciones iniciales.
Avanzada ya la presidencia de Luis Lacalle Pou, se disipó la primera duda: a pesar de contar con mayoría parlamentaria de la coalición de derechas en ambas cámaras, la agenda de derechos en su dimensión legislativa se mantuvo intacta, incluso en las leyes más combatidas por el discurso conservador del momento –destacándose la Ley Integral para Personas Trans y la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, las dos sometidas a consultas populares para su derogación–. Esto debe ser comprendido en toda su significación: en la democracia uruguaya existe consenso político y social sobre los derechos consagrados en materia de reconocimiento cultural. Se trata de un debate ya saldado que únicamente los sectores más radicalizados de la coalición intentan reinstalar discursivamente (en particular, algunas figuras de ultraderecha herreristas y cabildantes).
No obstante, y al igual que lo sucedido en la historia reciente en otros países del Cono Sur que transitaron por giros a la derecha, el conflicto relativo a las cuestiones de género y diversidad sexual se expresa frontalmente en el campo de las políticas públicas, donde los gobiernos tienen una mayor capacidad de iniciativa, así como la competencia para ejecutar, vetar o reformular las políticas con perspectiva de derechos humanos, y donde la impronta (neo)liberal conservadora muestra actualmente su cariz más regresivo.
DESMONTE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
El principal impacto del cambio en la coalición gobernante estuvo dado en la arena de las políticas sociales. El recorte presupuestal neoliberal afectó a sectores tradicionales de la política social, como lo son el trabajo, la salud y la educación públicas, impactando directamente en los colectivos sociales más vulnerados, entre ellos, el de las personas trans.
LOS EFECTOS EN LA SALUD
Según el Censo Nacional de Personas Trans, la mayor parte de esta población es usuaria de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado). La caída presupuestal en áreas clave para el efectivo funcionamiento de los servicios de salud públicos, por ejemplo, en la adquisición y la distribución de medicación y la contratación de personal, conllevó la baja en la calidad asistencial y la prolongación de las listas de espera,1 con efectos perjudiciales para una población históricamente afectada por la vulneración de su derecho a la salud.
A esta acción regresiva en la inversión en salud se sumó la decisión política de no implementar parte de la Ley Integral para Personas Trans, en tanto que el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud –las instituciones reguladoras del sistema– se niegan a establecer las correspondientes sanciones a los prestadores privados que deciden no cumplir con la normativa, una verdadera política de laissez faire con la que se renuncia a las funciones básicas de contralor estatal sobre el sistema de salud –en el marco de una estrategia de lobby de las instituciones privadas para no cubrir lo que consideran «gastos».
A esta situación se le suman las barreras de acceso en el territorio nacional. En un país centralista, los derechos se desdibujan cuanto más nos alejamos de la capital: en la mayoría de los hospitales departamentales y las policlínicas locales niegan sistemáticamente el acceso a las prestaciones para personas trans, excusándose en no contar con recursos y derivando a las personas usuarias hacia los ya saturados –y lejanos– hospitales de Montevideo. En algunos casos, se llegó a entregar medicación vencida para la terapia de hormonización. En otros, las direcciones no aceptan recibir capacitaciones técnicas sobre estos temas, que tachan de «ideología de género». Cuando sos una persona trans del interior, tu derecho a la salud depende de la buena voluntad de quien te atienda en ese momento.
BARRERAS EN EDUCACIÓN Y EN EL MERCADO LABORAL
En los últimos tres años se desmanteló una serie de acciones focalizadas en poblaciones históricamente excluidas de la enseñanza: Jóvenes en Red, un programa de revinculación y protección de las trayectorias educativas (con una importante participación de población trans), y la estrategia de Centros Promotores de Derechos, que se orientaba a desarrollar comunidades educativas amigables con la diversidad y respetuosas de los derechos humanos. Además, los nuevos lineamientos regresivos de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) en materia de educación sexual, con importantes recortes en horas docentes y presupuesto, así como episodios de censura en distintos centros del interior del país a gremios estudiantiles que promueven acciones en defensa de la diversidad sexual forman parte del nuevo escenario instalado en el sistema educativo formal.
Como corolario, en materia laboral y según los últimos datos oficiales disponibles, en 2021 habían ingresado únicamente nueve personas trans a organismos del Estado (0,036 por ciento del total de cargos abiertos ese año). Si se considera el tipo de vínculo contractual y el perfil ocupacional de dichos cargos, se observa que casi la totalidad ingresaron en cargos zafrales, jornaleros o en pasantías de baja jerarquía y especialización técnica. De esta forma, a la población trans, cuando no se la excluye del mercado de trabajo, se la incorpora a través de dinámicas de precarización laboral fomentadas incluso desde las propias instituciones públicas.
A modo de cierre, debe destacarse que los componentes analizados –el sistema de salud, el mercado de trabajo formal y el sistema educativo– son agentes necesarios en cualquier proceso de inclusión social genuina. Mientras estos mecanismos de integración estructural no sean activados por parte del Estado, el círculo vicioso que condena a la población trans a habitar en los márgenes de la sociedad continuará funcionando.
- Existen denuncias de listas de espera mayores a un año para recibir atención, incluso para pacientes con problemáticas de salud graves, como la deformación corporal a causa de la silicona industrial empleada en intervenciones clandestinas.