Dieciséis minutos fueron suficientes para enumerar las medidas con que se buscará una apertura indiscriminada de la economía argentina. Entre los principales cambios decretados por Javier Milei el miércoles, se cuenta una reforma laboral regresiva para los trabajadores, la venta de empresas públicas, la desregulación de la venta de tierras fiscales, la posibilidad de firmar contratos en dólares para casi todas las transacciones comerciales, modificaciones a los códigos Civil y Comercial, la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas, la desregulación de la salud y la educación públicas, entre otras.
Milei utilizó como marco jurídico el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, firmado en la tarde del miércoles, para establecer la emergencia económica y social hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha en que todas las medidas anunciadas en el decreto deberían estar encaminadas. Sus anuncios fueron grabados con el presidente rodeado por sus ministros, como forma de mostrar unanimidad y fortaleza. Sin embargo, apenas conocidos, estallaron protestas con cacerolas en las calles de una docena de barrios de la capital y de algunas ciudades del interior del país.
Las redes sociales también se hicieron eco de estas protestas, junto con dirigentes políticos opositores, legisladores nacionales, gobernadores e intendentes municipales. Desde la Unión Cívica Radical, otrora socio en la fuerza Juntos por el Cambio, anunciaron la elaboración de un documento crítico de las medidas oficiales y afirmaron que «ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática». La Coalición Cívica, otro exsocio de la coalición de derecha, prometió un documento crítico y pormenorizado de cada uno de los artículos del decreto de 83 páginas y más de 300 artículos. Las diputadas Margarita Stolbizer (Cambio Federal) y Mónica Frade (Coalición Cívica) calificaron el decreto de «inconstitucional». Las bancadas kirchneristas también salieron de punta contra la medida. Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad llamaron a elaborar un plan de lucha y declarar un paro nacional activo. Exceptuando al oficialismo y sus aliados del macrismo duro, todos los bloques parlamentarios parecen, en primera instancia, oponerse a los anuncios del presidente, que incluso provocaron algunas críticas veladas de parte de miembros del PRO (Propuesta Republicana). El parlamento apunta a convertirse en una trinchera frente a los embates del Poder Ejecutivo.
La exsecretaria legal de la Presidencia del gobierno de Alberto Fernández, Vilma Ibarra, cuestionó la legalidad y legitimidad de un decreto de semejante alcance. «Es un avasallamiento a la división de poderes», aseguró. Desde las centrales sindicales anunciaron su oposición a las medidas decretadas y recurrirán a la Justicia para frenar «cualquier intento de cercenar derechos de los trabajadores», anunció Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores de la Argentina.
Los DNU fueron incorporados a la Constitución nacional con la reforma de 1994, como una atribución excepcional del presidente en caso «de ser imposibles los trámites ordinarios previstos por esta Constitución», es decir, el estudio y la aprobación de una norma por el parlamento. Sin embargo, el mandatario tiene expresamente prohibido usar esta herramienta para modificar normas penales, tributarias o electorales. Los anuncios de esta semana de Milei apuntan a modificar, entre otras cosas, cuestiones tributarias, como son, por ejemplo, los regímenes aduaneros. Una vez publicado el DNU, el Congreso interviene para ratificar o no la continuidad del decreto, y lo hace en función de cuestiones de forma –plazos, acuerdo con la Constitución, si están o no justificadas la «necesidad» y la «urgencia»–, pero no puede expedirse sobre el contenido de las medidas decretadas y su fallo solo tiene efecto si ambas Cámaras acuerdan sobre el tema mediante mayoría simple en sus respectivas votaciones.
Sobre el cierre de su mensaje al país, Milei buscó presionar al Congreso. «Confío en que los representantes defenderán los intereses de los argentinos», «serán parte del cambio» y «no obstruirán el proyecto de reformas más ambicioso de los últimos 40 años». Y luego anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias en el parlamento para los próximos días. Se estima que la validez del DNU se definiría, a más tardar, el 15 de enero.
Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández también usaron la herramienta de los DNU con discrecionalidad y, sumando sus gestiones, llegaron a presentar un total de 723.
ANIVERSARIO Y PROTESTAS
Durante toda la jornada del miércoles, la tensión se hizo sentir en las calles de Buenos Aires. Los movimientos sociales encabezados por los piqueteros conmemoraron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que sellaron la suerte del gobierno de Fernando de la Rúa y dejaron un saldo de 38 muertos en todo el país. Los familiares de esas víctimas denunciaron que, a 22 años de los hechos, aún no hay sentencia firme para los funcionarios públicos responsables de esas muertes.
La movilización es el primer round entre el gobierno y los movimientos sociales en la batalla por el espacio público. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –que en tiempos de De la Rúa era ministra de Trabajo–, inauguró un «protocolo antipiquete» que incluye la intervención de las fuerzas de seguridad en caso del cierre de calles por parte de manifestantes. Junto con la intervención en el lugar de los hechos, la ministra implementó una línea telefónica para denunciar a quienes obligaran a los beneficiarios de planes sociales a asistir a la manifestación. En la tarde del martes, su par en el gabinete, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había anunciado la quita de subsidios a todo piquetero que cortara la calle. Una forma burocrática de recortar el poder de los movimientos sociales.
Dos detenidos y algunos incidentes menores cerraron la jornada de memoria y lucha de los movimientos piqueteros que plantaron bandera frente al gobierno liberal instalado el 10 de diciembre.
