Los últimos trascendidos relacionados al territorio de Montevideo y su futuro, particularmente en lo referido a la celulosa, al ferrocarril y al nuevo complejo portuario de Buquebus, son preocupantes tanto en términos técnicos como en términos políticos. Hasta ahora no se ha dado a conocer ningún fundamento ni opinión técnica de naturaleza territorial, urbana, ambiental y/o logística que respalde las decisiones anunciadas. En este sentido, la imposición de una traza y una operativa portuaria indiferentes a nuestra ciudad y sus planes, junto a la decisión de vender una porción de nuestro espacio público urbano más preciado a un grupo de capitales privados, parecen retrotraernos a crudas lógicas del hacer político que suponíamos, al menos desde 2005, abandonadas. La situación planteada al día de hoy tiene un dato de partida decisivo y poco señalado: la salida de la producción de la futura planta de Upm por el viejo puerto de Montevideo hace inviables los proyectos para el puerto de pasajeros y para la recuperación del frente costero en Capurro, aprobados por la Intendencia de Montevideo (IM) hace varios años. Dichos proyectos forman parte de los planes elaborados conjuntamente por la Asociación Nacional de Puertos y la IM a lo largo de mucho tiempo de trabajo compartido. En ellos se establecen los futuros desarrollos portuarios, circunscriptos a la bahía, y su adecuada articulación con los espacios urbanos vecinos. Establecen la localización y las características del puerto de pasajeros, de los puertos pesqueros nacional e internacional, del viejo puerto de mercancías y su crecimiento en Puntas de Sayago, donde un nuevo recinto portuario de 90 hectáreas que ya está en funcionamiento permitió duplicar el área del puerto histórico. La incompatibilidad mencionada no impidió que la autoridad nacional, es decir el Poder Ejecutivo, haya decidido seguir adelante con sus planes. Dicha autoridad tomó una decisión política que violenta varias leyes vigentes que ella misma promovió y aprobó con el objetivo de comenzar a cambiar las cosas. Se pasa por alto la ley de ordenamiento territorial (2008), se ignora el Plan Montevideo (1998) y las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial de Montevideo (2014) y se hace inviable el plan para la cinta de borde de Bella Vista y Capurro (2008). Todo esto en el plano de lo “formal”, es decir de lo jurídico. En términos políticos las cosas no parecen muy diferentes. Las definiciones programáticas departamentales del Frente Amplio imaginan un Montevideo transformado en “una verdadera comunidad organizada y plena de vida, preservando y mejorando el ambiente con una protección racional y una defensa del paisaje natural y construido”. Y señalan que se ha hecho “especial énfasis en la participación de la población en los procesos de elaboración de planes” ya que “la producción de planes reduce los márgenes de discrecionalidad de los gobernantes”. No parecen definiciones muy afines con los planes del Ejecutivo. Más aun, si fuéramos políticamente estrictos, deberíamos afirmar que dichas definiciones programáticas se oponen tanto en la forma como en el contenido al proyecto del Ejecutivo.
* * *
No existe un territorio técnicamente correcto. Como la sociedad que lo habita, el territorio es ámbito de proyectos y planes contradictorios e incluso opuestos. Ordenar el territorio, en este sentido, es un proyecto eminentemente político. Entre la herencia y la novedad, entre la permanencia y el cambio, la característica genética fundamental del territorio radica en su potencialidad para ser lo que aún no es. Es decir, para ser transformado y, por tanto, para ser proyecto. En una sociedad democrática dicho proyecto es una construcción colectiva que necesita definiciones técnicas, voluntades políticas explícitas y una gran cantidad de trabajo social acumulado. Por ello necesita reglas de juego precisas, maneras definidas y compartidas de hacer las cosas, de cambiarlas o mantenerlas. Por ello el Frente Amplio promovió la construcción de una institucionalidad democrática y participativa en materia territorial y ambiental. Y por ello estableció que ninguno de los instrumentos previstos por la ley de ordenamiento territorial que no cuente con el debido respaldo de los procesos participativos establecidos por la propia ley tendría validez jurídica. ¿Si te digo una cosa te digo la otra? Aparentemente en el Poder Ejecutivo algunos piensan que lo político está por encima de lo jurídico y que los fines justifican los medios. Como impertérrito izquierdista que soy, me siento muy alejado de estas maneras, visiones y prácticas del gobierno que voté. En una nota reciente sobre estos temas, el ilustre Mariano Arana afirma: “confiamos en una toma de conciencia colectiva que nos permita ser congruentes y sensibles con los valores esenciales para nuestro territorio y nuestra población”. Por mi parte, después de lo expresado, no sé si pueda conservar dicha confianza.
- Arquitecto, magíster en ordenamiento territorial y ex director general de Planificación (2010-2015) de Montevideo.
