Dejar hacer – Brecha digital
Incrementos de precios y políticas públicas

Dejar hacer

A pesar de que Uruguay produce y exporta alimentos, sus precios aumentan porque los exportadores trasladan al mercado interno los que obtienen en el mercado internacional. No son los costos  los que explican los aumentos, sino la voluntad de mantener la tasa de ganancia. La capacidad del Estado para evitar esto viene siendo desmontada desde hace décadas.

Héctor Piastri

En los primeros meses de este año se han producido aumentos importantes en el rubro de los alimentos. La paradoja es que los incrementos más significativos se han constatado, en general, en aquellos bienes que Uruguay produce y exporta, como la carne vacuna, la harina de trigo (y, en consecuencia, en los productos panificados, fideos y demás). El argumento gubernamental es que esos aumentos son producto de una inflación importada, que en estos días ha tomado mayor impulso como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. En realidad, antes de la guerra los precios de las materias primas ya venían creciendo. Lo hacían desde 2021, por la recuperación de las economías pospandemia y el empuje comprador de China.

El senador frenteamplista y economista Daniel Olesker comentó a Brecha que la influencia de los precios internacionales en una economía como la uruguaya es muy alta y añadió: «Eso tiene que ver con la lógica del mercado capitalista, es decir, las empresas, cuando tienen la posibilidad de elegir entre vender en el mercado externo y el interno, y los precios en el primero se disparan, remarcan los precios internos para equiparar su tasa de ganancia entre el mercado externo y el interno; de lo contrario, venden todo afuera de acuerdo a las posibilidades. Y hoy todas las condiciones son buenas para vender al exterior».

Para Olesker, cuando aumentan los precios internacionales de nuestros productos exportables, salvo que haya medidas que se tomen para amortiguar ese efecto, son los consumidores nacionales los que pagan más caros los productos. En su opinión, las medidas de amortiguación podrían ser aplicar detracciones (un impuesto a las exportaciones) o importar productos más baratos para estimular la reducción de los del mercado interno. Si no se toma alguna medida de ese tenor, que es lo que está pasando ahora, aumentan los precios para el consumidor nacional. Además, «cuando las empresas tienen condiciones oligopólicas para marcar precios a lo largo de la cadena […], incluso cuando bajan los precios internacionales, logran impedir que la rebaja llegue al mercado interno», afirmó.

Según Olesker, hay tres teorías para explicar el incremento del índice de precios al consumo: la primera, por el aumento de los costos, lo que no sería el caso, pues, aunque algunos insumos importados han subido, no lo han hecho al punto de justificar los precios actuales; la segunda postula que el crecimiento de los salarios y el aumento de la demanda permite cobrar precios mayores, pero esto tampoco está ocurriendo; la tercera ubica la causa en la inflación importada, la que pesará en la medida en que el Estado resulte incapaz de fijar precios.

EL ADVENIMIENTO DEL LAISSEZ FAIRE

El economista Jorge Notaro recordó a este semanario que uno de los popes del neoliberalismo, Alejandro Végh Villegas (ministro de Economía durante la dictadura), sostenía que Uruguay, con su pequeña economía, debía abrirse al mundo con una concepción de libre mercado. Y, a pesar de que el país es tomador de precios, incluso en el caso de las mercancías nacionales, se debía evitar la participación del Estado en la fijación de precios en el mercado interno.

No es la primera vez que las commodities que Uruguay exporta alcanzan altos precios. Los mecanismos que encontraron gobiernos de tinte batllista para evitar importar esa inflación fueron, por un lado, la creación de entes testigos (tal es el caso del Frigorífico Nacional, creado en 1928 y liquidado por la dictadura en 1978, y la Dirección de Subsistencias, creada en 1932 y disuelta definitivamente en 1997, después de sucesivas rebajas de su papel en la comercialización de productos de primera necesidad), pero también implantaron detracciones con el fin de desalentar exportaciones de tal volumen que provocaran desabastecimiento o el encarecimiento interno. La aplicación de las detracciones era una potestad que la ley acordaba al Poder Ejecutivo y que fue eliminada por el Parlamento durante el gobierno de Jorge Batlle, en una resolución que contó con los votos del Frente Amplio.

Lo curioso es que, para su creación, el Frigorífico Nacional contó con el apoyo de la Asociación Rural y la Federación Rural, ambas preocupadas por las condiciones negativas que les imponían los frigoríficos estadounidenses del momento (Swift y Artigas), por lo que la nueva entidad no solo tendría como fin la regulación del precio de la carne, sino también la relación comercial de los productores ganaderos con la industria. Hoy esta sigue, concentrada y extranjerizada, y con una relación dominante. Esto permite que los frigoríficos paguen el ganado en cuarta balanza, apropiándose del cuero, las vísceras y parte de la grasa. Y son ellos los que fijan el precio de la carne a las carnicerías y, por tanto, al consumidor final. En los días que transcurren de 2022 la carne subió un 25 por ciento, sin que nada tenga que ver la guerra en Ucrania, sino por mantener la tasa de ganancia que consiguen en el exterior.

TRIGO Y HARINAS

No solo el precio de la carne se dispara, también sucede con los granos y el girasol. La soja orilla los 600 dólares la tonelada y el trigo llegó a los 500 dólares, aunque tuvo luego una pequeña reducción. Para justificar el aumento de la harina, los panificados y también del aceite de girasol, se arguye que Ucrania y Rusia son parte del granero del mundo y que Ucrania es el gran exportador de girasol. Sin embargo, Uruguay es productor y exportador de trigo y es autosustentable en la producción de girasol. Otra vez la causa del aumento de los precios es mantener la tasa de ganancia de productores y exportadores y no el aumento de costos, y, si bien se descuenta un incremento de los fertilizantes, ello no explica la suba.

El coordinador general del molino cooperativo Santa Rosa, Carlos Reyes, indicó a Brecha que la inflación en el mundo llegó antes de la guerra. «Hoy la industria no tiene cotización del trigo, porque, cuando vienen estos cambios tan grandes, la volatilidad es la norma. En un momento la tonelada aumentó en 200 dólares, un 70 por ciento. Si bien Uruguay es exportador neto de trigo desde hace años, el precio de referencia internacional tiene mucho peso, porque el porcentaje que compra la industria es el 50 por ciento, y el resto se exporta. La tonelada estaba a 500, hoy a 400 a nivel internacional.»

Reyes contó que la ausencia del Estado en el negocio del trigo llevó a que en 2007 los molinos no tuvieran material para producir harina y se debiera importar el cereal. «En esa época también hubo una suba de este tipo y nosotros avisamos: “Ojo que nos vamos a quedar sin trigo para el mercado interno” […]. Llegamos a junio y no había más trigo para moler, se tuvo que importar grano y se pagó como 100 dólares más caro que el que se exportó. El productor ganó pero el resto perdió.» Ante el aviso de los molineros, lo que el gobierno de la época decidió fue que los molinos debían hacer declaraciones juradas de sus existencias.

Reyes advirtió que los productores de grano tienen la válvula de la exportación directa, a diferencia de los ganaderos, porque es poco lo que se exporta en pie. Hoy se plantan unas 200 mil hectáreas, y quienes lo hacen –aseguró Reyes– son los mismos productores que la soja, porque esta se planta en verano y el trigo en invierno, es parte de la rotación. El esquema de producción es el mismo.

En el libre mercado, agregó, «siempre hay tres patas: están los productores, los consumidores y al medio el Estado». «Si el Estado no quiere interferir, pasan estas cosas con los precios. En Argentina pasa otra cosa. El Estado interfirió, prohibió las exportaciones de harina y trigo, entonces regula el mercado interno, le saca posibilidades al productor de comercializar en el mercado externo.» A lo dicho por Reyes debe agregarse en Argentina la creación de un fideicomiso que asegura que la tonelada para el mercado interno cueste 114 dólares, lo que evita el encarecimiento interno de los derivados del trigo.

La ausencia del Estado facilita que prime la intención de los productores de alimentos y los frigoríficos de mantener esa ganancia a costa de los consumidores uruguayos. Donde sí hay poco margen de maniobra es en el precio del petróleo y en eso sí que la guerra en Ucrania juega su papel.

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