Al menos desde diciembre de 2016, el Perú oficial está en una crisis de Estado. La sociedad marcha desde entonces de un proceso destituyente a uno constituyente. Toda la institucionalidad oficial está en crisis. Lo que ha sucedido entre el domingo 29 de setiembre y el miércoles 2 de octubre –cuando el presidente de la república, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y este pidió la vacancia presidencial por incapacidad moral, y la vicepresidenta de la república, Mercedes Aráoz, juramentó en el Congreso, recién disuelto, y renunció menos de 24 horas después– es la expresión dramática y de opereta del desacuerdo entre dos sectores oficiales de poder, con la población mayoritariamente expectante.
LA COYUNTURA. El primer eje de la situación actual está relacionado con el nombramiento por el Congreso de jueces del Tribunal Constitucional, con la intención de usar ese órgano para liberar a Keiko Fujimori, lo que desató una crisis alimentada por la corrupción pública, privada y de los políticos en general. Pero el segundo eje es el cansancio social generado por el piloto automático del “modelo” neoliberal con “silla giratoria” impuesto por el fujimorismo en los noventa, que ha significado:
1. La captura corrupta del Estado, la concentración de la riqueza y la tierra, y la ofensiva sobre las políticas sociales, con impacto en la distribución del ingreso, que ha profundizado la pobreza y la desigualdad social.
2. La ofensiva sobre el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la biodiversidad y el aire, que proporciona ganancias extraordinarias a las grandes empresas y a la corrupción privada y pública, mediante la apropiación de la plusvalía social recaudada por el Estado.
3. La ofensiva sobre los derechos conquistados históricamente por los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores, entre otros sectores.
4. La dominación de corazones y mentes por la ideología neoliberal.
Desde hace 30 años, los sectores más duros, conservadores y reaccionarios tienen el control del gobierno y el poder absoluto en Perú. El convencimiento sin fisuras de estos sectores es que el tiempo económico es siempre anterior y más importante que el tiempo político, social, ambiental y ético. En el fondo, su único interés es proteger las ganancias del gran capital y mantener el esquema de corrupción sistémica que instalaron en el país, buscando “blindarse” de los alcances de casos como el Lava Jato. Lo excepcional es que en Perú se investigue y castigue a los culpables, a diferencia del resto de los países.
En este contexto, la resistencia popular peruana, explosiva pero desarticulada, va generando un escenario destituyente, pero sin sujeto político popular capaz de abrir en el corto plazo un proceso constituyente que transforme el Estado, la economía y la sociedad.
LOS ACTORES. Las izquierdas y el movimiento popular aún se encuentran en plena crisis, con una caída de lo viejo y una lenta emergencia de lo nuevo. Se está produciendo un proceso de reagrupamiento y recomposición de los proyectos/organizaciones que atraviesa el conjunto de las izquierdas y el movimiento social, aunque se requiere una mayor acumulación de fuerzas para acometer tareas estratégicas.
Los actores políticos y sociales actualmente existentes en el país son los siguientes:
1. El fujimorismo. Un populismo de derechas, ultraconservador, sostenido sobre redes corruptas, criminales y clientelares, que, desde la mayoría parlamentaria y en alianza con otras fuerzas políticas, viene generando las condiciones para la concentración política y el desplazamiento del poder de las elites tecnocráticas o su asimilación en un posible gobierno.
2. Los empresarios de la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (Snmp), que han capturado, desde 1992, diversos flancos del Estado a través de sus técnicos de lujo o “pilotos de bombardero”, que arrojan bombas sin importarles qué sucede abajo e impulsan la “silla giratoria” (conflictos de intereses).
3. El centro liberal. Alianza para el Progreso, Acción Popular, el partido Morado y otros capaces de aglutinar a las clases medias o los sectores emergentes asustados con la crisis.
4. Las izquierdas. Divididas y enfrentadas por apetitos de poder, incapaces aún de actuar más allá de la lógica de frente en una apuesta de construcción ciudadana y popular más amplia.
5. Los gremios de izquierdas. En crisis o marginales, debido a que atienden las demandas de sectores asalariados reducidos, sin la capacidad de renovarse política, organizativa y tácticamente.
6. Los activismos ecologistas, indigenistas, Lgtbi y feminista. Atrapados en lógicas testimoniales sectoriales y vanguardistas, con dificultades para entablar un diálogo con las grandes mayorías.
7. El senderismo, el antaurismo (de Antauro Humala, hermano de Ollanta, preso desde 2005, por intentar un levantamiento armado contra el gobierno) y el radicalismo. Aún marginales, pero con mucha voluntad política y avanzando en sectores sociales organizados de algunas regiones y ciudades.
En el escenario actual no parece definirse claramente una nueva polarización ni una alternativa política a la profunda crisis que vive el país. La debilidad y la incapacidad del gobierno y la irresolución de las contradicciones ancladas en la lucha contra la corrupción a nivel institucional no han sido resueltas. En la fase actual está en juego la lucha abierta no sólo contra la corrupción, sino además por un nuevo ciclo político: una economía para todos y una nueva representación política tanto en el Congreso como en el gobierno nacional.
* Licenciado en economía, asesor técnico de la Confederación Campesina del Perú y de la Mancomunidad Regional Amazónica, ex asesor parlamentario y ex viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (2011).
** Doctor en economía y relaciones internacionales, coordinador del Observatorio Económico de Latinoamérica (Obela), del Instituto de Investigaciones Económicas de la Unam.
