Desde el centro

Dos personas fueron formalizadas el sábado 10 de febrero por la investigación abierta en Uruguay tras la incautación en el puerto de Amberes, Bélgica, de 2,16 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento con budines, alfajores y botellas de vermú. La causa está a cargo de la fiscal de Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, –que a la vez es actualmente fiscal de Corte subrogante–. Como la audiencia de formalización fue reservada, por ahora no se conocen los detalles de la investigación, aunque desde la fiscalía informaron que una persona fue formalizada por tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación y la otra, por asistencia al narcotráfico. En ambos casos se dispusieron 180 días de prisión preventiva. A un tercer implicado se le impusieron medidas limitativas –fijación de domicilio, imposibilidad de salir del país y retención del pasaporte– pero sin formalización.

La teoría del caso que maneja el equipo fiscal es que la mercadería a exportar legalmente –los budines, los alfajores y el vermú– fue comprada en la cadena de supermercados Tienda Inglesa, luego se la trasladó a un depósito en Canelones, donde se camufló la droga, y desde allí fue a la zona franca Zonamérica, donde opera la empresa Liderking SA, la remitente de la carga que salió hacia el exterior por Terminal Cuenca del Plata. Liderking SA es presidida por Juan Eduardo Aquino Toledo, uno de los formalizados en la causa (el otro formalizado es la persona que viajó dando indicaciones junto al camionero que transportó la carga). Hasta ese momento la empresa no tenía exportaciones registradas. Su actividad comercial era la importación de perfumes desde Francia, cuyo destino final, según informó La Diaria (12-I-24), era Paraguay.

Liderking SA fue creada en mayo de 2019 con el objeto de ser usuaria de zona franca y pasó a ser presidida por Aquino Toledo un año más tarde. De acuerdo a la información registral de la compañía, su creación estuvo a cargo de profesionales del estudio Grostein, que ofrece la venta de sociedades anónimas en zona franca «preconstituidas y con entrega inmediata», entre otros servicios.

SIN TAPUJOS

De acuerdo a su sitio web, el estudio Grostein fue fundado en 1958 y es dirigido por el contador Milton Grostein. Sus oficinas están en el piso 20 de Torre El Gaucho y cuenta con «una amplia cartera de clientes de Argentina, Brasil y Uruguay». Los servicios que ofrece están meridianamente claros en su web. Por ejemplo, en el apartado en que se presenta el servicio de «sociedades anónimas offshore», también «preconstituidas y con entrega inmediata», se explica que «en Uruguay no se cobran impuestos a las sociedades anónimas por sus rentas originadas íntegramente en el exterior. Es decir, una sociedad anónima uruguaya con director extranjero que no realiza actividad dentro de Uruguay no paga impuesto a la renta. Se paga impuesto al patrimonio 1,5 por ciento anual sobre los bienes y/o derechos situados en el Uruguay. Los bienes y/o derechos situados en el extranjero están exentos de este impuesto».

También se informa que «en Uruguay existe libertad absoluta para movimientos de capitales (respetando todas las normas contra el lavado de dinero) y libre convertibilidad de moneda extranjera. Existen sociedades con acciones al portador, las cuales deben comunicar sus accionistas al Banco Central uruguayo. Están protegidas por el secreto bancario, el cual puede ser levantado por diversas razones (juicios por corrupción, narcotráfico, terrorismo, convenios, etcétera)». Luego se comunica el precio al que se vende una sociedad por acciones simplificadas (un tipo de sociedad comercial creado en 2019): 1.200 dólares. Y, finalmente, se muestra un cuadro comparativo con las características que, para la creación de sociedades comerciales, ofrecen distintas jurisdicciones (todas consideradas como paraísos fiscales): los estados de Florida y Delaware, en Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice y Seychelles. «Las sociedades anónimas locales [es decir, las uruguayas] se pueden utilizar como sociedades offshore», informa la web de Grostein. El estudio también se dedica a la apertura de cuentas comerciales y de inversión en bancos y corredores de bolsa, principalmente en Uruguay, Panamá, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Brasil y Paraguay.

Hasta ahora no se conocen tramas ilícitas en las que haya participado este estudio situado en la torre del Gaucho, pero pueden rastrearse algunos de sus servicios para importantes capitales extranjeros. En 2005, luego de que la ciudad de Buenos Aires prohibiera el registro de sociedades offshore tras constatarse que el boliche donde sucedió la tragedia de Cromañón estaba a nombre de una offshore uruguaya, desde un programa periodístico argentino se comunicaron con Milton Grostein simulando ser un cliente que quería ocultar sus propiedades en el contexto de un divorcio, para evitar dividirlos en el reparto de bienes conyugales. «Grostein no solo recomendó una SAFI –sociedad anónima financiera e inversora [un instrumento que dejó de usarse con la reforma tributaria del gobierno del Frente Amplio]–, como denominó genéricamente a las offshore, sino que, además, le aclaró que “si el trámite es muy urgente, en unos días va a pasar el escribano por Buenos Aires” y podrían arreglar un encuentro en un lugar a definir, ya que el estudio no tenía oficinas en esta ciudad “para mayor seguridad de los clientes”», cuenta al respecto una nota de Página 12 (9-VI-05), que deja constancia de los artilugios para sortear la prohibición bonaerense.

También en la web ecuadorpapers.org pueden rastrearse algunas operaciones del estudio Grostein. El patrón de sus operaciones consiste en la creación de sociedades anónimas ante las autoridades nacionales, su registro a nombre de miembros del estudio y su posterior cesión al comprador, deslindándose los creadores de la propiedad de la sociedad. Así sucedió, por ejemplo, con Garplus SA, que en 2014 fue cedida a Yuri Parreño Rodríguez, un empresario que años más tarde, en 2019, sería designado como ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca por el entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. En tanto, a Juan José, María Elena y Violeta Janet Antón Bucaram les tocó Multiplus SA, registrada en 2017. Los tres son herederos de un importante empresario industrial ecuatoriano, José Antón Díaz, fallecido en 2014. Al operador financiero José Luis Turnes –sancionado en Estados Unidos por especular de forma contumaz con ventas de bonos del holding Statetrust Group, del que es dueño– y a sus socios David Burgait y Lourdes Pontes les fue cedida la firma Troversol SA, que luego pasaría a denominarse Atlanticmed Services SA, nombre que coincide con el de una compañía de seguros ecuatoriana autorizada en ese país a ofrecer servicios de salud prepaga.

La constitución o propiedad de una empresa offshore –es decir, una compañía registrada en una jurisdicción extranjera en la que no lleva adelante actividades comerciales– no constituye un delito, aunque con frecuencia ese tipo de instrumentos se utilizan para la evasión fiscal en los países en los que sus titulares tienen actividad económica real, para generar opacidad en torno a la propiedad de capitales o incluso para el lavado de dinero. Así lo han demostrado numerosas filtraciones periodísticas internacionales, en las que queda en evidencia que Uruguay (aunque en los últimos años ha ganado protagonismo como vía de salida del tráfico de drogas hacia Europa y también como país de acopio) juega un rol central en la circulación y el ocultamiento de capitales ilícitos en carácter de intermediador, a través de la provisión de servicios societarios, bancarios, etcétera.