“La actividad de los asentamientos (israelíes) (…) es corrosiva para la causa de la paz.” Así comienza la declaración, que describe las recientes medidas tomadas por Israel como “los últimos ejemplos de lo que parece ser una aceleración constante de la construcción de asentamientos, lo cual está socavando sistemáticamente las perspectivas de una solución de dos estados”.
La construcción de asentamientos y la demolición de viviendas palestinas, continúa, “forma parte de un proceso continuo de apropiación de tierras, expansión de asentamientos, legalización de los puestos de avanzada,1 y la negación del desarrollo palestino, todo lo cual corre el riesgo de afianzar una realidad de un solo Estado de ocupación y conflicto perpetuos”. Y al final, el tiro de gracia: el “patrón de acción provocativa y contraproducente del gobierno de Netania-hu (…) plantea serias dudas sobre el compromiso final de Israel con una solución pacífica y negociada con los palestinos”.
Los hechos a los que el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, estaba respondiendo son tristemente familiares: en las últimas semanas ha habido informes de planes de construcción de cientos de viviendas en las colonias, que avanzan a través de diferentes etapas del proceso de planificación, así como “un plan para legalizar retroactivamente un puesto de avanzada cerca de Ramala”. Mientras tanto, como subraya el Departamento de Estado, ha habido un aumento de las demoliciones de estructuras palestinas en Cisjordania y Jerusalén este. Según el último informe de la Onu, las autoridades israelíes han demolido 684 estructuras de propiedad palestina en lo que va del año (hasta el 1 de agosto), desplazando a 990 personas. En comparación, en todo 2015 fueron destruidos 531 edificios.
Por supuesto, existe una importante disparidad entre la retórica y la acción del gobierno de Estados Unidos. Aun así, el problema de la expansión de sus colonias en paralelo con la demolición de casas palestinas podría causarle a Israel crecientes problemas diplomáticos.
Para los gobiernos occidentales, una de las principales razones por las que la construcción de colonias y la demolición de casas palestinas son problemáticas es porque hacen más complicado el establecimiento de un Estado palestino (un temor expresado por Wa-shington).
Las colonias y las demoliciones son también dos graves violaciones del derecho internacional: la cuarta convención de Ginebra prohíbe el establecimiento de colonias civiles israelíes en el territorio palestino ocupado, y también limita la demolición de propiedades estrictamente a los casos de “necesidad militar”.
Pero aparte de los daños al “proceso de paz” –que ya está en estado de coma profundo– y la cuestión de las violaciones deliberadas y sistemáticas de Israel al derecho internacional humanitario, la demolición de propiedades palestinas junto con el continuo crecimiento de las colonias ilegales constituyen un microcosmos de un panorama más amplio.
Son las dos caras de la misma moneda del apart-heid en Cisjordania, y reflejan un régimen en el que un grupo –ciudadanos israelíes judíos, protegidos por el ejército israelí– vive en un estado de privilegio segregado, mientras que el otro grupo, la población palestina sin ciudadanía, es expulsada, controlada y brutalizada por el mismo ejército israelí.
Esto no es un fenómeno nuevo. En los últimos diez años las fuerzas de ocupación israelíes demolieron más de 1.100 hogares palestinos. Y eso sin contar otras estructuras, como tiendas, escuelas y fábricas. Pero podemos adoptar una perspectiva incluso más amplia, ya que los asentamientos y las demoliciones son una línea de continuidad que atraviesa la historia del colonialismo de asentamiento en Palestina. En los primeros cinco años posteriores a la creación del Estado de Israel, 95 por ciento de las nuevas comunidades judías fueron construidas en propiedades de familias palestinas expulsadas y convertidas en refugiadas.
Más de 400 aldeas palestinas fueron destruidas en la Nakba, y sus tierras fueron redistribuidas entre otros destinatarios –los kibutzim–. Los barrios palestinos de ciudades históricas, como Jerusalén, Acre y Haifa, fueron vaciados y repoblados con judíos israelíes.
Y así continúa. Los hogares de la población palestina con ciudadanía israelí tampoco están a salvo de un sistema burocrático que dice ser ciego respecto del origen étnico de aquellos cuyas propiedades destruye, pero cuyos jefes políticos tienen claro lo que significa en la práctica un “Estado judío” para sus ciudadanos no judíos.
A veces se los llama “hechos consumados”; otras veces “desarrollo”. En el Negev se construyen comunidades judías y se derriban comunidades palestinas. A unas pocas millas carretera arriba, en el sur de Cisjordania, está sucediendo lo mismo. Esta semana en Jerusalén este una familia palestina sufrió la sexta demolición de su vivienda en una década. La escalada de demoliciones y la continua construcción de colonias, duramente criticadas por los aliados internacionales de Israel, son una oportunidad para explicar que tales procesos no son aberraciones o un cambio radical de políticas, sino un microcosmos de la experiencia palestina a lo largo de 70 años hasta el presente, a manos del colonialismo sionista.
* Ben White es un periodista y analista británico especializado en la cuestión Palestina-Israel. Autor, entre otras obras, de Apartheid israelí. Una introducción (2009), publicado el 5-VIII-16 en Middle East Eye. Traducción: María Landi.
- Nuevas construcciones o expansiones de las colonias existentes, al principio ilegales, pero que luego de un tiempo suelen ser legalizadas por el Estado. Se les llama en inglés outposts o puestos de avanzada (nota de la traductora).