Detener el avance retrógrado

Increíblemente, aún hoy, la agenda de los derechos humanos, sexuales y reproductivos es vista como “de segunda” por gran parte de la izquierda latinoamericana, la cual, salvo excepciones, no los incorpora a su proyecto político, dice Leonel Briozzo en esta columna de opinión.

La 47 edición de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (Oea) realizada en Santo Domingo, República Dominicana, entre el 13 y el 15 de junio pasados, a la que concurrí como coordinador de la iniciativa “Más vida y más salud para las mujeres, niñas y niños en las Américas”1 fue el escenario, una vez más, de la disputa entre visiones contrapuestas de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales y reproductivos.

Partimos de la base de que la agenda de los derechos humanos constituye la mayor alternativa para apostar a la felicidad pública, y es la agenda privilegiada para los y las vulneradas en sus derechos de la región y del mundo. Dentro del conjunto de los derechos humanos, los  sexuales y reproductivos son esenciales, ya que hacen a la vida, la salud y la felicidad de las personas. No alcanza con el desarrollo económico sustentable, no alcanza con gobiernos transparentes y ejecutivos, no alcanza con luchar por cada vez más democracia participativa en el marco de la representativa. Para lograr el proyecto de felicidad pública hace falta incorporar plenamente los derechos humanos, sexuales y reproductivos al proyecto político transformador, progresista, democrático, popular… o como se le quiera llamar. Increíblemente, aún hoy, la agenda de estos derechos es vista como “de segunda” por gran parte de la izquierda latinoamericana, la cual, salvo excepciones, no los incorpora a su proyecto político. Esto se da por varias razones que lamentablemente siguen transversalizando organizaciones políticas y gestiones gubernamentales de todo pelo y color. Entre ellas se pueden mencionar: la dificultad de entendimiento en el continente con más prevalencia de católicos del mundo, la ignorancia de llamarle “nueva agenda” (¡cuando tiene más de 20 años de oficializada en las Naciones Unidas!), los caudillismos retrógrados, los autoritarismos machistas, las visiones paternalistas…

Por decir fútbol

En la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en la región y en el mundo, los temas centrales en disputa son: el concepto hegemónico de familia, la participación del Estado en las políticas públicas de educación en derechos y el abordaje del tema de la mortalidad materna y el aborto inseguro (probablemente la causa más frecuente de muerte luego de las hemorragias en el momento del parto). Como no podría ser de otra manera, estos fueron los temas en disputa en la mencionada asamblea de la Oea. Con llamativos niveles de violencia e intolerancia por parte de los grupos fundamentalistas católicos y evangélicos, financiados fuertemente por distintas organizaciones de Estados Unidos, y con la participación de una variada pléyade de sectores autodenominados “pro familia”, “pro vida”, “pro derechos del no nacido”. En este teatro de operaciones, la derecha regional y los sectores más conservadores promueven una agenda para retardar los avances de los derechos sexuales y reproductivos. Es parte importante del proyecto político liberal en términos económicos la minimización de la incidencia del Estado en la disminución de las desigualdades y la promoción de relaciones inequitativas entre América Latina y Norteamérica, fundamentalmente Estados Unidos. En contraposición, desde el movimiento social de mujeres y feministas, de trabajadores y de grupos de jóvenes, de grupos afro, originarios y otras minorías, se teje una alianza compleja que promueve la concreción de los derechos humanos a nivel regional a través de la plataforma acordada en nuestro país en 2013, que se denominó “Consenso de Montevideo”. Tal como reza su consigna (“Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014”), el Consenso expresa el avance más notorio en términos de derechos sexuales y reproductivos desde su consagración como derechos humanos en 1994.

En la región con mayor número de hogares monoparentales, sobre todo con mujeres como jefas de hogar, se debe tener una perspectiva de género clara al analizar estos asuntos. Sin embargo, en la disputa por la conceptualización de la familia, los grupos conservadores asumen que lo único válido es el casamiento heterosexual y la presencia de los hijos en ese contexto. Además desconocen la existencia de la diversidad sexual, siendo “más realistas que el rey” (que el papa, en este caso), y el derecho a la crianza, en un continente plagado de huérfanos y niños abandonados y abusados. Critican desde este pedestal de “naturaleza divina” a los grupos Lgtbi, negando su existencia.

Con respecto al rol del Estado en las políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos, lo que está en discusión es la necesidad de generar estados laicos, donde las religiones sigan jugando el rol jerárquico que tienen en la región, pero que no se pierda de vista la regulación de la educación laica y la promoción a ese nivel de los acuerdos logrados en el marco de los derechos humanos a nivel global en cada país.

Por último, la posición retrógrada con respecto al derecho a decidir y –más aun– el derecho a la atención en salud de las mujeres que cursan embarazos no deseados o no aceptados aumenta de manera desmesurada el riesgo de mortalidad materna, y es una de las explicaciones por las cuales la región no logró la meta del milenio (véase nota al pie). La ausencia de avances en esta materia no sólo continúa enfermando gravemente y matando mujeres a lo largo y ancho de América Latina, sino que por el rol social de éstas se incrementa también el riesgo para las niñas y niños a su cargo, aumentando la mortalidad infantil. Los que se manifiestan “pro vida” en realidad promueven, queriéndolo o no, políticas que aumentan la mortalidad materna e infantil. Terrible.

Si queremos avanzar en equidad, desarrollo y democracia con “más derechos para más gente” (como reza la consigna actual de la Oea), todos los que buscamos el cambio debemos apoyar el movimiento en pro de los derechos humanos como una prioridad. No se puede hocicar en términos de defensa de la felicidad pública, ése debe ser el centro del proyecto progresista. En la región tenemos tristes ejemplos
–quizás el más claro es el de Brasil– que muestran que retroceder en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos llevó a la consolidación de grupos ultraconservadores protestantes que fueron parte integrante del jaqueo y golpe de Estado. Más claro: la agenda de estos derechos está indisolublemente ligada a la de la transformación social en América Latina y el Caribe por causas estructurales y de hegemonía cultural de las clases dominantes.

Los impresionantes avances que se registraron en nuestro país en esta agenda no son fruto ni de la generación espontánea ni del inequívoco compromiso del ex presidente Mujica y su elenco (del cual me enorgullezco de haber formado parte). Son fruto de una lucha prolongada por décadas, que fue generando en espiral ascendente una alianza a modo de círculo virtuoso que articuló como en ningún otro país de la región al movimiento social, sobre todo de mujeres y feministas, la fuerza política –nuestro Frente Amplio– y los sectores de profesionales de la salud, en pos de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la ley, los servicios y la cotidianidad. Este es quizás uno de los aportes más ricos de la izquierda uruguaya a nuestro barrio latinoamericano.

Los tres aspectos de la agenda progresista son imprescindibles, indisolubles y dialécticamente interdependientes. No podemos como izquierda volver al paradigma de que el fin socioeconómico justifica debilitar la democracia, ni olvidarnos de que la lucha por la equidad y el desarrollo es tan importante como asegurar la participación libre de nuestra gente. No incluir esto en las prioridades, además de hacer que perdamos una oportunidad estratégica, es facilitar que la derecha y los conservadores retrógrados y represivos avancen en la desbandada de impeachments, criptas en iglesias, pajaritos conversadores y afines. De eso se trata, de articular desarrollo económico y social, la redistribución con incremento de la inversión pública (sobre todo en educación), la sustentabilidad ambiental, el ejercicio de los derechos humanos y la participación política.

Más claro: no creemos que haya auténtica izquierda sin respeto y promoción de los derechos humanos, y en particular, dada la vulnerabilidad y la inequidad existentes en la región, sin la incorporación plena de todos los derechos sexuales y reproductivos a las políticas públicas.

* Leonel Briozzo es médico, ginecotocólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Udelar.

 

  1. Impulsada por el secretario general, Luis Almagro, la iniciativa “Más vida y más salud para las mujeres, niñas y niños en las Américas. Una contribución de la Oea para la disminución de la mortalidad y la morbilidad materna” busca fortalecer la agenda de los derechos sexuales y reproductivos a nivel regional, proponiendo un trabajo articulado entre las agencias que hoy desarrollan su mandato en el área, como son la Organización Panamericana de la Salud (Ops), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer (Onu Mujeres), la Conferencia Económica para América Latina (Cepal), en conjunto con organizaciones sociales, de mujeres y feministas y asociaciones representativas de los profesionales de la salud, con el objetivo de efectivizar las acciones, ya definidas, para la disminución de la mortalidad y enfermedad de las mujeres y de la infancia. Esta coalición global articulará una serie de acciones, actualmente en desarrollo, para efectivizar las transformaciones necesarias en cada país de nuestra América, que continúa siendo el continente más desigual del mundo y que tiene el triste récord de no haber cumplido en ningún país con la meta de desarrollo del milenio con respecto al “Objetivo 5”, que planteaba la disminución de la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.
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