Tras un año y medio de trabajo, diez equipos de investigación –integrados fundamentalmente por historiadores, antropólogos, sociólogos y abogados laboralistas– dedicados a indagar el papel de grandes empresas de Brasil durante la dictadura militar presentaron formal y públicamente sus hallazgos los días 6, 7 y 8 de junio con el informe público A responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a Ditadura.
De acuerdo a esa investigación, realizada en el contexto de un proyecto del Centro de Antropología y Arqueología Forense de la Universidad Federal de San Pablo (CAAF-Unifesp) con el apoyo del Ministerio Público Federal, empresas como Petrobras, Itaipú Binacional, Compañía Docas de Santos, Compañía Siderúrgica Nacional, Grupo Folha, Fiat, Cobrasma, Aracruz, Paranapanema y Josapar se beneficiaron de una dinámica específica que habilitó el despliegue de políticas que favorecieron notoriamente a sectores empresariales en articulación con los militares.
A través del análisis de dos grandes conjuntos de víctimas (trabajadores, por un lado, y pueblos indígenas, quilombolas o campesinos, por otro), la investigación identificó una serie de violaciones de derechos humanos (políticos, económicos y sociales) contra estas personas. En el caso de los trabajadores, se encontraron documentos que confirman indicios de violaciones de derechos laborales individuales (reducción de salarios, precarización de condiciones de trabajo), sometimiento a peligros y daños en la salud por exposición a condiciones de trabajo insalubres, violaciones de derechos colectivos (represión a organizaciones de trabajadores, limitación del ejercicio del derecho de huelga), vigilancia de trabajadores y elaboración de listas negras para impedirles encontrar nuevos empleos, prisiones ilegales y ocultamiento de información sobre el paradero a las familias, así como torturas, violencia sexual, asesinatos, discriminación racial y de género.
Respecto de las comunidades indígenas, quilombolas o campesinas trabajaron, ante la particularidad de los vínculos desplegados en esos territorios, en la contextualización de las violaciones de derechos humanos identificadas para analizar de qué forma se podrían vincular con los emprendimientos económicos desarrollados en la zona durante el período dictatorial. Se encontraron indicios de apropiación de tierras, daños a propiedades e instalaciones, destrucción de cultivos y producción, destrucción y sustracción de herramientas de trabajo, trabajo esclavo, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones, violaciones contra prácticas religiosas y culturales. Además, seis empresas serían responsables de daños al medioambiente como consecuencia de sus actividades, ya que modificaron el carácter de las aguas (y afectaron, a su vez, la flora y la fauna), contaminaron ríos, el suelo y el aire y provocaron desmontes que generan riesgos de desertificación. Es de destacar que, tanto en las presentaciones de los responsables de los equipos como en las intervenciones de los asistentes (varios de ellos/as víctimas), se reiteraron dos asuntos: la continuidad de muchas de las prácticas identificadas, y la posibilidad y la forma de la reparación de las víctimas.
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La génesis del proyecto de investigación se encuentra en 2020, cuando el Ministerio Público Federal del estado de San Pablo y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo extrajudicial con la alemana Volkswagen, por el cual la compañía se comprometió a donar 10,5 millones de reales (2,2 millones de dólares) para desarrollar proyectos de promoción de la memoria y la verdad, y a financiar instituciones especializadas en investigar la colaboración de empresas con la dictadura brasileña.
El acuerdo fue el resultado de investigaciones civiles por supuestas violaciones de derechos, perpetradas durante la última dictadura, en las que la empresa habría estado involucrada. Las indagaciones respondían a una demanda formulada por organizaciones sindicales, presidentes de comisiones y comités de la verdad, el centro Intercambio, Informaciones, Estudios y Pesquisas, juristas y activistas de derechos humanos y un grupo de trabajadores afectados por Volkswagen. Estos mismos actores se habían movilizado unos años atrás para que se incluyera la persecución a trabajadores en la agenda de la Comisión Nacional de la Verdad, que funcionó en Brasil desde 2012 a instancias del gobierno de Dilma Rousseff, y habían logrado que se conformara un grupo de trabajo que elaboró un texto incluido en el informe final de la Comisión. Este documento y otro dedicado a los civiles que colaboraron con la dictadura presentan indicios sobre la responsabilidad de una serie de empresas en violaciones de derechos humanos durante el régimen militar y han servido de base para nuevas indagaciones.
A partir del acuerdo alcanzado con Volkswagen se asignó al CAAF-Unifesp la realización de un proyecto que contaba con el apoyo del Ministerio Público Federal y de los distintos actores sociales y políticos mencionados. Los objetivos, definidos por los coordinadores del proyecto y el comité académico (que cuenta con especialistas de Brasil, Argentina, Colombia e Inglaterra), incluyeron, por un lado, producir conocimiento sobre una temática escasamente abordada y, por otro, influir en procesos judiciales a través de la recolección de documentación probatoria y la identificación de indicios.
Luego de un proceso de selección de distintas propuestas, en octubre de 2021 comenzó el trabajo de los diez equipos. Un denominador común de su trabajo, que responde a la forma en la que se gestó este proceso, es que procuraron mantenerse vinculados con las víctimas a través de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.
Dentro de tres meses, los equipos deberán presentar al Ministerio Público Federal los informes completos en los que constan datos personales que habilitarían la apertura de procesos judiciales contra los implicados. En algunos casos se pudo avanzar más que en otros, dadas las dificultades de acceso a archivos de empresas y archivos públicos estaduales.
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En el contexto de la presentación pública de las conclusiones del informe, se realizó un intercambio específico con integrantes de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica de Argentina (dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de ese país) y de la Red sobre Procesos Represivos, Empresas, Trabajadores/as y Sindicatos en América Latina, con el objetivo de poner en diálogo las distintas experiencias nacionales y comenzar a trazar líneas comunes que trasciendan esos límites.
Los participantes coincidieron en la dificultad de responsabilizar a los empresarios por el terrorismo de Estado, ya que estos actores no aparecen como los perpetradores directos. Sin embargo, este tipo de indagaciones ha permitido avanzar en la caracterización de sectores empresariales ya no solo como cómplices y beneficiarios, sino como responsables de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se pudieron mapear las redes de vinculación entre sectores empresariales y militares a través de distintas instituciones en las que confluían; se han documentado episodios en los que mandos medios de las empresas se encargaron de brindar información a los aparatos del terror para que capturaran a trabajadores activistas en los centros laborales.
Asimismo, hay pruebas de la implementación de estructuras de vigilancia interna en los espacios laborales, estructuras en las que, muchas veces, participaban directamente militares y exmilitares; así, se cuenta con pruebas de la existencia de centros de detención y tortura en recintos fabriles. Si a esto se le suma las medidas de apoyo financiero estatal (directo e indirecto) de las que se beneficiaron estas empresas, resulta bastante claro que los procesos represivos desplegados durante las dictaduras no se pueden disociar de las transformaciones de procesos productivos y económicos a escala nacional, regional y mundial. Más bien lo contrario: deberían ser analizados en conjunto.
A partir de este marco analítico, se entiende que las importantes transformaciones económicas procesadas en aquellos años no se podrían haber llevado adelante sin el control de distintos organismos estatales puestos al servicio de un determinado proyecto económico, social, cultural y político. De alguna manera, parafraseando las palabras de la historiadora Lucía Vieira en el evento recientemente realizado en San Pablo, los resultados de estas investigaciones «vienen a cambiar la manera en la que hemos visto la historia de la dictadura brasileña». Considerando los avances relativos a Argentina y Chile, deberían trastocar la forma en la que se ha interpretado la historia de las dictaduras de los sesenta y los setenta en el Cono Sur y la imposición del modelo neoliberal.
* Sabrina Álvarez es docente e investigadora del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.
