El debate es tan antiguo como la existencia misma del Fondo de Solidaridad. En la comunidad universitaria nunca quedó realmente saldado si responde a un verdadero sistema de solidaridad intergeneracional –en el que los egresados apoyan a estudiantes con carencias económicas para que accedan a la Universidad– o a una forma de cobrar la educación brindada, lo que vulneraría el principio de gratuidad de la enseñanza.
Sin embargo, son recientes las chispas que encendieron esa vieja llama: primero fue un artículo de la ley de presupuesto nacional de 2015, que llevó la duración de los aportes de 25 a 35 años; luego una resolución del fondo de fines de 2016 que definió aumentar el porcentaje que cobra a la Universidad por gastos de administración; por último, un decreto del 10 de enero que modifi...
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