“No ejecutar a quienes torturamos.” Ese es el título de una reciente columna periodística del profesor de leyes Jonathan Hafetz, en la que argumenta a favor de utilizar esa sentencia como medio de hacer justicia, independientemente de la posición que se tenga ante la pena de muerte, para obligar al Estado a ser penado por lo que auspició y condonó. Hafetz abre así un debate de principios ante el anunciado juicio –sin fecha aún–, ante un tribunal militar, del acusado de ser el principal responsable de los atentados del 11 de setiembre de 2001, Khalid Shaik Mohammed, tras los diez años de detención y torturas por los que pasó en Guantánamo. El fallo previsible es la pena de muerte.
Hafetz argumenta que Barack Obama rechazó la posibilidad de acusar penalmente a oficiales de la administración de George W Bush por torturas y otras conductas ilegales cometidas, que el ex presidente republicano autorizó como parte de lo que llamó “la guerra contra el terror”. Obama, premio Nobel de la paz 2009, lo hizo con el argumento de que Estados Unidos “debe mirar hacia adelante, en oposición a mirar hacia atrás”. Su administración no sólo no procesó a los torturadores sino que se negó a que se hiciera una investigación exhaustiva sobre el uso de la tortura. Por su parte, un comité del Senado está por publicar una “Declaración sobre la tortura” de 6.200 páginas, tras mucha revisión legal y reescrituras.
“La ausencia de responsabilidad de aquellos que alentaron y ejecutaron torturas deja la sentencia criminal de terroristas convictos como uno de los pocos instrumentos, por imperfecto que sea, que quedan para encarar pasados abusos de la ley”, argumenta Hafetz, profesor asociado en leyes de Yale, Oxford y Amherst, y experto reconocido en materia de seguridad nacional y derechos humanos. “Sin duda la sentencia criminal no sería normalmente el vehículo para hacer responsable al gobierno de tortura. El objetivo central de la sentencia es castigar y disuadir. En situaciones normales nos focalizaríamos en aquellos que incitaron a torturar y torturaron. La Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, ha ordenado que Polonia y Macedonia paguen por los daños sufridos por los detenidos que tuvieron a cargo cuando se hicieron cómplices del programa secreto de torturas de la Cia. Más aun, la Corte determinó esto pese a que dos de esos detenidos siguen en (la cárcel de) Guantánamo”, escribió. Uno de los detenidos que estuvo en Polonia y está actualmente en Guantánamo es el propio Mohammed.
Un memorando de la Cia de 2005, desclasificado, establece que a partir de marzo de 2003 Mohammed fue sometido a submarino en 183 oportunidades, y en 2007 The New York Times agregó que las veces que fue torturado (desde entonces) superan el centenar. Esto causó, consignó el diario, que los oficiales de la Cia temieran haber excedido límites legales y detuvieran la tortura. La revelación de esta información forma parte de un debate sobre la moralidad y la eficacia de los métodos de interrogatorio que el Departamento de Justicia de la administración Bush declaró legales, pese a que históricamente Estados Unidos los consideró tortura.
Obama determinó que los oficiales que torturaron no fueran procesados por ello y ha insistido en su oposición a una “comisión de la verdad” senaturial que examinara los programas antiterroristas de la administración Bush, incluyendo métodos de interrogatorio y escuchas no autorizadas legalmente.
El informe que pese a esto se está terminando en el Senado examina las afirmaciones de la administración Bush de que el tratamiento brutal, incluyendo lanzar prisioneros contra la pared, esposarlos en posiciones incómodas o mantenerlos de pie durante días y confinarlos a pequeñas cajas era necesario para obtener información. Al Senado parece preocuparle más la eficacia que la moralidad de los métodos. Así, que el submarino se repitiera tantas veces hace que los senadores duden de su eficacia, trascendió en la prensa de Estados Unidos.
“El vacío de responsabilidad por lo hecho por el Estado es lo que hace tan importante la sentencia del señor Mohammed”, afirma Hafetz. “A diferencia de un juicio criminal, que determina culpabilidad o inocencia, la fase de la sentencia permite a la corte (que en este caso será militar) considerar circunstancias mitigantes o atenuantes. Este criterio se aplica con mayor amplitud en los casos de pena de muerte. Ejecutar al señor Mohammed sería burlarse del imperio de la ley y consolidar la tortura, privándola de toda consecuencia legal. Peor aun, reforzaría la percepción de que Estados Unidos aplica una doble moral al luchar contra el terrorismo, ensalzando valores liberales en abstracto pero ignorándolos en la práctica. En contraste, una condena a cadena perpetua (y no la previsible pena de muerte) reconocería la conducta atroz seguida. No rectificaría las indiscriminadas violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 11 de setiembre, pero daría una última oportunidad para demostrar que también el gobierno debe pagar un precio cuando viola la ley.”
