Es una de esas situaciones sociales que se cronifican en su “irritante injusticia” y atraviesan los años sin que se les encuentre una solución. Se trata de una porción de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (Bhu) y de la Agencia Nacional de Vivienda (Anv) –unas 23 mil familias– que amortizan sus créditos en unidades reajustables (que se ajustan por el índice medio de salario) y que, desde la reinstalación democrática a la fecha, han visto cómo el valor de las cuotas crece año a año por encima de la inflación –con un acumulado cercano al 70 por ciento– y se dispara respecto a los créditos hipotecarios otorgados en unidades indexadas (que se ajustan por inflación). Pero que además han tenido que lidiar con una complicación extra: en 2007 el Bhu modificó su carta orgánica y, al decir d...
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