“Para mí, esta denuncia fue una equivocación”, dijo a Brecha el abogado Iván Almeida. Se refería al juicio que inició Miguel Ángel Zuluaga por difamación e injurias contra su defendido, Richard Mariani, militante de Rebeldía Organizada y vocero de las 30 organizaciones que llevaron adelante Un Gol a la Impunidad. Ante el éxito de esta campaña, iniciada el año pasado para exigir a la Asociación Uruguaya de Fútbol que separara de su cargo al entonces jefe de seguridad de la selección nacional, Zuluaga respondió con este juicio. La campaña se había basado en el hecho de que este último fue subcomisario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) durante los años de la dictadura, en los que era frecuente que en esa dependencia se torturara a los detenidos para amedrentarlos y obtener información.
“Quedó claro que el único objetivo que perseguía Mariani era denunciar un hecho que tiene valor social”, dijo Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, que declaró a favor de este militante en la última audiencia, el pasado miércoles. En la misma línea que Almeida, Chargoñia planteó que “no hay delito de difamación, ya que Mariani no atribuyó a Zuluaga nada que no hubiese sido atribuido antes por historiadores, periodistas y abogados”.
En este sentido, Mariani explicó que parte de la estrategia de su defensa tuvo que ver con probar la verdad de lo que se denunció a través de la campaña y que para eso, además de documentos oficiales, se llevó como testigos ante la fiscal Brenda Puppo a Luis Libschitz, a Ruben Waisrub y a Diego Damián, quienes estuvieron detenidos en la Dnii durante el período en el que trabajaba allí Zuluaga y compartieron, en diálogo con Brecha, su testimonio de aquellos años.1 “Nuestra intención fue que vinieran a decir a la fiscalía que lo que publicó Brecha en su momento era cierto”, dijo Mariani. Además de Chargoñia, Libschitz, Waisrub y Damián, declaró, en representación de las organizaciones que respaldaron la campaña, el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea.
En el marco de la denuncia por difamación e injurias, la organización internacional Front Line Defenders –dedicada a la protección de los defensores de los derechos humanos– expresó “una especial preocupación por los intentos de criminalizar a Richard Mariani y a cualquier organización que apoye a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, y cerró su comunicado con un llamado a las autoridades a garantizar “que todos los defensores y defensoras en Uruguay puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libres de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial”. La fiscal Puppo aclaró a este semanario que, con la del miércoles 3, se completaron todas las audiencias previstas, por lo que tomará una resolución luego de la Semana de Turismo.
1. Véase “Dos caras”, Brecha, 13-IV-18.
