A diferencia de las otras instituciones del sistema penal, la cárcel suscita un cierto consenso negativo: así como funciona es un verdadero fracaso, que, lejos de contener el delito, lo reproduce. Sin embargo, no todos están dispuestos a embarcarse en un cambio radical. La realidad de la cárcel empeora sin remedio y nada parece detenerla. Los defensores del encarcelamiento masivo sostienen la necesidad de mejoras, pero no reconocen que no hay margen fiscal ni institucional para ese contexto de superpoblación. Los más moderados, por su parte, no terminan de decir con claridad que la cárcel que tenemos hoy es el resultado de un proceso de encarcelamiento, es decir, de un conjunto de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Es más fácil que señalen la falta de recursos para tener programas que hagan menos gravosa la vida en prisión o que adviertan que casi no ha habido políticas pospenitenciarias que ayuden a romper el círculo de la reincidencia.
Las políticas criminales suelen quedar por fuera del radar de la reflexión y de la acción transformadora. La reciente propuesta que introduce cambios en el Código del Proceso Penal, elaborada por un destacado grupo de juristas, ya parece haber retrocedido antes de ingresar en la discusión. Un par de gritos salvajes y engañosos en la arena parlamentaria y mediática alcanzó para desbaratar cualquier alternativa que introduzca algo de razonabilidad.
Seguimos creyendo que el aumento de la población carcelaria obedece al incremento del delito y a los niveles de eficiencia y eficacia de la Policía. El argumento se ha repetido en los últimos 15 años bajo gobiernos de signos muy distintos. En rigor, ese ha sido el gran argumento que ha esgrimido la Policía para justificar su lógica de acción. Más aún, es muy posible que la Policía haya sido y sea el actor clave a la hora de promover estas políticas. Sin la cárcel como depósito ilimitado, las políticas hegemónicas de seguridad pierden su punto de referencia central. Por eso, la cárcel tiene la importancia política que tiene y navega en ese horror incremental: entre la necesidad funcional y la indiferencia moral, la cárcel es un espacio social complejo que no cabe imaginar distinto a lo que es.
Uruguay atraviesa desde hace más de tres décadas un proceso sostenido de expansión penitenciaria que ya no puede ser explicado únicamente por el aumento del delito. El crecimiento de la población privada de libertad se ha convertido en un fenómeno estructural que expresa transformaciones profundas en las formas de gobierno de la pobreza, en las modalidades contemporáneas del control social y en la manera en que la política procesa los conflictos derivados de la desigualdad. Las cifras son elocuentes. Uruguay supera, en la actualidad, las 16 mil personas privadas de libertad y posee una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y del mundo. ¿Por qué ha crecido esta población más allá de las variaciones del delito y por qué ese crecimiento se ha acelerado en los últimos ocho años? ¿Acaso los últimos dos gobiernos no han señalado una disminución sostenida del delito? No pretendemos responder esto ahora, pues se necesita el apoyo de una investigación rigurosa. Sin embargo, algunas posiciones técnicas y políticas han admitido a media voz que las lógicas de endurecimiento penal están detrás de todos los problemas. Los distintos informes del Comisionado Parlamentario lo han dejado entrever. Situación análoga se plantea con el llamado Libro Blanco de Reforma Penitenciaria en Uruguay (2024), un documento típicamente híbrido que nació en las entrañas del gobierno anterior, con inocultables reflejos progresistas, cuyo espíritu parece anidar con mayor fluidez en la administración actual.
Este libro construye un diagnóstico más o menos completo sobre la crisis estructural del sistema carcelario uruguayo y propone lineamientos para una reforma de largo plazo. El documento sostiene que el sistema penitenciario atraviesa problemas graves de hacinamiento, crecimiento sostenido de la población privada de libertad, déficit de infraestructura, escasez de recursos humanos y débiles políticas de rehabilitación y egreso. En un contexto de tasas de encarcelamiento muy altas, las cárceles son impotentes a la hora de reducir la reincidencia. Frente a ello, propone que la «reinserción social» sea el objetivo central del sistema penitenciario, superando enfoques exclusivamente punitivos. Para alcanzar esa meta, se plantea una intervención integral, individualizada e interinstitucional, basada en evidencia y orientada a garantizar derechos humanos. Entre las principales recomendaciones aparecen la reducción del uso de la prisión preventiva, el fortalecimiento de medidas alternativas a la cárcel, la creación de un instituto penitenciario con mayor autonomía técnica y presupuestal, y el desarrollo de políticas pospenitenciarias. El documento también enfatiza la necesidad de mejorar la formación del personal penitenciario y de promover mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Sus líneas de lectura y de trabajo son compartibles, pero, de nuevo, los determinantes de los procesos de encarcelamiento, los rasgos socioeconómicos de las personas efectivamente castigadas por el sistema penal y la matriz interpretativa para desentrañar las claves funcionales del sistema quedan confinados en un segundo plano.
¿Puede pensarse una nueva política de privación de libertad sin transformaciones profundas de los procesos de encarcelamiento? ¿Puede haber rumbos nuevos y más promisorios sin respuestas profundas sobre el porqué y a quiénes se castiga? Cierta literatura científica minimiza el peso de algunas variables tradicionales (pobreza, desempleo, desigualdad) para entender el delito y su expansión, y no hay político conservador que se abstenga de decir que no es la pobreza la que genera el delito (ya que la mayoría de los pobres no delinquen). Sin embargo, el resultado sociológico que produce el sistema penal parece señalarnos otra cosa. ¿Por qué los informes oficiales y las miradas técnicas casi siempre oscurecen los rasgos socioeconómicos y las claves más subjetivas de la población privada de libertad? ¿Por qué no sabemos todavía qué porcentaje de personas afrodescendientes habita nuestras cárceles? ¿Por qué hemos dejado de hablar de desigualdades persistentes y preferimos la noción de riesgos o los abordajes más individuales? Si bien en la jerga técnica ha desaparecido la idea de la peligrosidad, en los supuestos más profundos de la política criminal la peligrosidad se asocia con la perspectiva de la gravedad de los delitos (casi siempre vinculados con las drogas y ciertas modalidades predatorias contra la propiedad). Los eufemismos técnicos son de poca ayuda a la hora de dar batalla frontal contra los supuestos no explicitados del corazón del proyecto punitivo.
Aunque la afirmación suene poco original, no hay que perder de vista que la cárcel ocupa un lugar central en la gestión de la marginalidad urbana. Los sectores sociales más afectados por la desigualdad son también los principales destinatarios del castigo estatal. La selectividad del sistema penal resulta evidente: la enorme mayoría de las personas privadas de libertad proviene de trayectorias marcadas por la pobreza, la expulsión educativa, la informalidad laboral y la vulnerabilidad territorial. El encarcelamiento masivo no constituye, entonces, un accidente del sistema, sino una consecuencia coherente de un determinado modelo de regulación social.
El problema es que la prisión produce efectos profundamente contradictorios respecto a los objetivos que dice perseguir. Las cárceles uruguayas exhiben altos niveles de violencia, hacinamiento y deterioro institucional. Pero la crisis penitenciaria uruguaya no constituye solo un problema humanitario o institucional. Expresa una forma específica de relación entre el Estado y los sectores populares urbanos. La cárcel se ha transformado en uno de los principales espacios de gestión de la desigualdad contemporánea. Por eso, el debate penitenciario no puede reducirse a una discusión técnica sobre plazas disponibles o infraestructura carcelaria. Lo que está en juego es el modelo de sociedad que el país está dispuesto a construir.
Uruguay necesita una discusión pública capaz de superar las respuestas simplificadoras y los discursos basados exclusivamente en la lógica del castigo. Ello supone fortalecer las medidas alternativas a la prisión, revisar las políticas de drogas, reducir el uso excesivo de la prisión preventiva y promover estrategias integrales de inclusión social en los territorios más afectados por la violencia y la exclusión.Contra viento y marea, alguna vez habrá que asumir muy en serio ese camino.
