La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, es, desde el miércoles, la primera mujer que ocupa ese cargo. La vicepresidenta asumió de acuerdo a la sucesión que establece la Constitución, luego de que el presidente Pedro Castillo fue vacado por «permanente incapacidad moral» un par de horas después de haber anunciado la disolución del Congreso, el establecimiento de un Congreso Constituyente y la reorganización de todos los órganos de Justicia. Fue un inesperado harakiri en vivo y en directo. Como las Fuerzas Armadas y la Policía no apoyaron la medida inconstitucional del presidente, lo detuvieron en flagrancia por el delito de rebelión. Boluarte, sin embargo, ha quedado secuestrada por la oposición conservadora y los poderes fácticos que buscaron la salida de Castillo desde julio de 2021, cuando asumió la presidencia del país andino.
La nueva jefa de Estado no tiene bancada en el Congreso. Ella y el maestro rural se inscribieron en el partido Perú Libre, invitados para postularse en 2021 como fórmula presidencial, debido a que el fundador de ese partido, el leninista Vladimir Cerrón, estaba inhabilitado políticamente; pero, una vez en el gobierno, ambos fueron expulsados de ese grupo político: Boluarte en enero y Castillo en junio. Ni él ni ella tenían ni tienen una posición doctrinaria definida. La oposición parlamentaria buscó inhabilitar a la vicepresidenta desde 2021, pero el mes pasado cambió de postura y esta semana archivó la denuncia constitucional que el Congreso procesaba en su contra. Fue una decisión lógica de acuerdo a los intereses del sector que desde 2017 busca inhabilitar a los presidentes que ganaron las elecciones frente a la conservadora Keiko Fujimori: si luego de una destitución de Castillo –por vía de la vacancia o la suspensión– la vicepresidenta asumía como jefa de Estado, los parlamentarios podían mantenerse en sus escaños.
De acuerdo a las últimas encuestas, el parlamento tiene más de 85 por ciento de desaprobación ciudadana. Especialmente en las regiones que votaron masivamente por el hoy destituido presidente, el pedido es de elecciones generales anticipadas: es decir, que se vaya también el Congreso.
¿En qué circunstancias Castillo se lanzó a la aventura dictatorial? Entre enero y julio, había acumulado seis denuncias fiscales en su contra por corrupción en funciones, y cada día más exfuncionarios de la Presidencia y del Ministerio de Vivienda repetían a la prensa lo mismo que habían declarado a la fiscalía: que recibían sobornos –de los cuales una parte era para el mandatario o sus parientes– o que habían ayudado a fugar a un sobrino de Castillo o a un exministro involucrados en tramas ilegales relacionadas con obras públicas o adquisición millonaria de biodiésel.
El Congreso había intentado vacar al presidente por permanente incapacidad moral dos veces –en noviembre y en marzo–, y este miércoles 7 iba a debatir nuevamente su destitución con una tercera moción de vacancia. No había los votos suficientes (se necesitaban 87), pero había otras opciones. La semana pasada, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó dos dictámenes de proyectos de ley para echar al maestro rural en el corto o mediano plazo. Uno regula la suspensión del presidente por incapacidad temporal y coloca como requisito 66 votos –que la oposición sí tiene–. El otro es un cambio constitucional para adelantar las elecciones generales. Ambos estaban pendientes de debate en el pleno y eran boletos que conducían eventualmente a Castillo a la cárcel mientras duraran las investigaciones fiscales por las graves imputaciones en su contra: por tráfico de influencias, colusión agravada y organización criminal.
Es decir, el Congreso tenía decidida la suerte del exdirigente sindical del magisterio. La pretensión de la oposición parlamentaria de echar a Castillo era compartida desde 2021 por la mayoría de los medios de comunicación de Lima, el empresariado, jefes militares retirados y jerarcas conservadores católicos, entre otros poderes fácticos. Por otro lado, algunos organismos del sistema de Justicia se han colocado en ese lado de la cancha desde agosto: el Tribunal Constitucional elegido por el actual Parlamento; la fiscal general, Patricia Benavides, y algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia, el órgano que evalúa, nombra y destituye a los magistrados.
ATADA DE MANOS
El experimentado sociólogo Sinesio López afirma en una columna periodística que el autogolpe de Castillo fue la respuesta repudiable a otros golpes que se estaban produciendo: «El del Congreso contra el presidente y el del Congreso contra el pueblo soberano». Pero ha añadido, entrevistado este jueves en un programa radial, que Boluarte es ahora rehén de la oposición, debido a que no tiene bancada, experiencia política ni popularidad. López sugiere que, para lograr aprobación ciudadana, la presidenta responda a los pedidos de convocar a elecciones generales.
Tras la destitución de Castillo, hubo entre miércoles y jueves movilizaciones ciudadanas a favor del adelanto de elecciones, en especial en regiones andinas del centro y sur del país, y también en Lima (aunque con poca participación). La elección en 2021 de un presidente campesino, nacido fuera de la capital, que prometía una nueva Constitución, creó muchas expectativas en la población pobre y con menos derechos en una sociedad desigual y racista. Castillo propuso una asamblea constituyente para que la nueva carta magna considerara la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, prometió una segunda reforma agraria que diera mejores condiciones de trabajo a la agricultura familiar. En nada de esto se pudo avanzar en 18 meses de mandato. El exprofesor rural estuvo a salto de mata; en vez de gestionar y gobernar, él y algunos miembros del gabinete de ministros solo se ocupaban de encarar la obstrucción del parlamento y, luego, de intentar defenderse de las denuncias fiscales.
El presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales y gobernador de la región Cusco, Jean Paul Benavente, también ha llamado al adelanto de comicios generales. Lo mismo ha hecho la principal organización que reúne a las federaciones indígenas de la Amazonia, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. A su vez, una asociación de mujeres indígenas se ha pronunciado contra el Legislativo en un comunicado tras el golpe y la vacancia. «Dina Boluarte ahora es parte de la dictadura congresal. No a la continuidad del Congreso dictatorial», tuiteó el miércoles la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú.
El antropólogo y analista político Carlos Ernesto Ráez afirma que Boluarte, como presidenta, le debe mucho a este Congreso. «Archivaron la investigación en su contra: entonces, está no solo de rehén, sino de títere. Está por verse cuánto puede cumplir de la agenda original de Castillo, o si termina derechizándose, o si adelanta elecciones, que es lo que debería hacer. Aunque, si lo hace, [el caudillo nacionalista] Antauro Humala va a segunda vuelta», opinó Ráez consultado para este artículo.
En Ideele Radio, Laura López, alcaldesa del distrito de Quequeña –en la sureña región de Arequipa– hizo un balance de lo ocurrido. «El pueblo siempre paga los platos rotos de la crisis política: es una verdadera pena por la gente que menos tiene. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo piensan que, si vamos a hacer un cambio, deberían irse todos. Esto que ha sucedido es muy negativo para la imagen del país: la de un presidente con su propio desgobierno y un Congreso que no ha dado nada, solo la inestabilidad», refirió este jueves.
La presidenta Boluarte, al prestar juramento, indicó que asumía el cargo hasta el fin del período, julio de 2026, y horas después recibió un mensaje de saludo vía Twitter de la lideresa opositora Fujimori. «Podrá contar con el apoyo y respaldo de Fuerza Popular. No es momento de ideologías ni de derechas o izquierdas», dijo la procesada por los delitos de lavado de activos y organización criminal, e hija mayor del autócrata preso Alberto Fujimori.
En un recorrido por distritos de clase media de Lima, la mayoría de ciudadanas y ciudadanos consultados por este semanario rechazó la decisión de Castillo y pidió que también se fuera el Congreso. Una de las analistas políticas liberales con mayor visibilidad en Lima, Rosa María Palacios, ha señalado que Boluarte debe ocuparse de las elecciones anticipadas. «El Congreso no tiene nada que celebrar. Primero debe cumplir con el deseo de la ciudadanía. Castillo perdió la presidencia, pero ellos no le han ganado a nadie. Boluarte debe reconocer su carácter transitorio y trabajar en el adelanto de elecciones y reformas constitucionales», tuiteó la abogada y periodista este jueves.
Boluarte se desempeñó hasta hace un par de semanas como ministra de Desarrollo e Inclusión Social: era una de las tres que continuaba desde el primer gabinete designado a fines de julio de 2021. No fue poco, pues Castillo nombró casi 80 ministros durante su breve mandato. Este jueves, en una comparecencia ante la prensa de siete minutos, la presidenta pidió a los medios una tregua para ordenarse en el despacho presidencial y luego «dar alguna noticia de primera mano». Cuando le preguntaron sobre el adelanto de comicios generales, contestó: «Eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia es para reorientar qué hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas para orientar mejor el país».
FUTURO NUBOSO
En estos 18 meses de desgobierno, Perú ha acumulado un gran listado de problemas, pero, en el último mes, se han sumado otros, como la sequía, que causará no solo el hambre y la quiebra de los pequeños agricultores y los pequeños ganaderos, sino también la escasez y el alza de precios de alimentos en las ciudades. Los productores dedicados al cultivo de café ya habían anunciado protestas a partir del 12 de diciembre contra la inercia de los políticos. Desde mediados de año, este sector ya estaba golpeado por el alza del precio de los fertilizantes –debido a la guerra entre Ucrania y Rusia– y la incapacidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de hacer una compra a proveedores internacionales.
La escasez de lluvias en los Andes significa, además, el posible desabastecimiento de agua en la capital. Según la Autoridad Nacional del Agua, el caudal de los ríos de Lima es el más bajo desde 1983. No hay ningún plan de previsión para este escenario. La sequía, como en otros países sudamericanos, ha agravado la dimensión de los incendios forestales, sobre todo en las regiones andinas de Ayacucho, Apurímac y Cusco, y los damnificados principales son campesinos que pierden sus sembradíos y lloran la muerte de sus animales quemados, especialmente vicuñas y ovejas, entre otras especies.
Por si eso no bastara, hace un par de semanas una epidemia de gripe aviar ha afectado a pequeños productores de aves de corral: hasta este miércoles, 22.583 aves habían muerto de esa enfermedad, reportó el diario La República, citando como fuente el Ministerio de Salud.
Adicionalmente, para contrarrestar los efectos adversos de la economía internacional en el ámbito interno, el entonces ministro de Economía, Kurt Burneo, había presentado al Congreso en noviembre un plan de acción para «impulsar la actividad económica» y mantener los indicadores macroeconómicos en azul. Sin embargo, el parlamento no dio prioridad al debate de dichas medidas. La política pública del gobierno de Castillo, a diferencia de la de los gobiernos de Chile y Colombia, abdicó tempranamente, en 2021, de llevar a cabo una reforma tributaria, cediendo a la negativa de la oposición parlamentaria, la elite económica y el sector más fuerte de la prensa limeña.
En este panorama, los grupos de choque de ultraderecha y ciudadanos conservadores se han mostrado el miércoles fortalecidos en las calles, luego de que Castillo fuera detenido en flagrancia, cuando iba a pedir asilo a la embajada de México. «También botaremos a Dina Boluarte», decía el cartel de uno de los colectivos que varias veces intentaron llegar al Palacio de Gobierno, emulando a los trumpistas que asaltaron el Capitolio en Estados Unidos.
En medio de la tormenta política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado su mensaje de octubre acerca de la deformación del diseño institucional que impide la gobernabilidad desde 2018 en Perú. La sucesión de crisis constitucionales continuará en Perú mientras «no existan definiciones objetivas de figuras constitucionales, como la disolución unilateral del Congreso, la vacancia por incapacidad moral permanente y la acusación constitucional», puntualizó la entidad.
