A propósito del caso Martín Buscaglia y la ridiculez de los gobiernos

El improcedente sacrificio de la cultura

El 15 de mayo Martín Buscaglia subió a Instagram un video en el que cuenta que estaba en un boliche montevideano, al aire libre, pasando vinilos para ambientar el lugar, cuando vino personal de la intendencia y le dijo que no podía hacerlo. El problema era que hubiera una persona en un espacio central eligiendo la música que sonaba y que esa persona fuera un músico: eso caracterizaba un espectáculo público. Los espectáculos públicos, como sabemos, están prohibidos. En su video, Buscaglia muestra que, de todas maneras, la música siguió sonando: alguien del boliche empezó a pasarla desde la barra. Eso sí se puede.

En este episodio, llaman la atención varias cosas. Una es la absoluta improcedencia de las medidas con respecto a la finalidad que, supuestamente, persiguen. Ni cambiando a Buscaglia por otra persona ni moviendo el lugar desde donde se pasa la música –del aire libre a la barra– se avanza en nada en el sentido de prevenir los contagios de covid. Por otra parte, la medida fue aplicada con un discutible criterio excesivo. El artículo D.2768, referido a la definición de espectáculo público, dice lo siguiente: «La sola emisión de música en locales cuyo giro principal no fuera este ni fuera la realización de bailes no se considerará espectáculo público, siempre que dicha emisión no sea ejecutada en vivo ni supere en la fuente los niveles sonoros que determine la Intendencia de Montevideo».

¿Qué se entiende por emisión en vivo? El concepto parece referirse a música que se está produciendo en el local mismo; esa a la que aludimos, por lo normal, como música en vivo. Porque si se refiere a la realización, en el local, de algún gesto para que la música llegue a oírse, no queda claro cuál es la diferencia entre poner la púa sobre un vinilo, apretar el botón de encendido de una radio o cliquear un dispositivo informático. Tampoco se hace distinción alguna entre acciones que se realicen en el jardín o en el mostrador de un bar. Así que, una de dos: o el inspector de la intendencia asumió la potestad de optar por una caprichosa interpretación personal de la norma o partió de un consenso preestablecido sobre la manera de interpretarla. En función de eso, hay otra cosa que llama la atención: más allá de que al inspector o a las autoridades competentes de la intendencia les guste lucir rigurosos, estrictos y severos, si hay un margen de interpretación con respecto a la norma –frente a un caso concreto totalmente inofensivo–, ¿será este un momento propicio para aplicar ese rigor (o, más bien, exceso)? Me refiero a este momento deprimente, en el que bajó todo tipo de interacción con los artistas, la vida cultural del país está fuertemente empobrecida y los trabajadores que la sostienen están pasando serias dificultades económicas y anímicas.

Quizás ese tipo de desubique no debería sorprendernos. Es bastante evidente que la mayoría de los políticos, de todos los partidos, suelen estar muy mal equipados para pensar en forma articulada la cultura en general. Así, conceden muy poca importancia a las manifestaciones artísticas, a las que solo parecen concebir como esparcimientos o adornos kitsch. Para ellos, la política cultural tiene que ver con regalar algunos dulces que apacigüen a esa manga de locos –los artistas y sus fanáticos– que, por algún motivo, gozan de prestigio intelectual. De este modo, tampoco sorprende que, en momentos en los que la emergencia sanitaria demanda medidas, los espectáculos públicos no religiosos –los religiosos no suelen llamarse espectáculos, sino ceremonias– se encuentren entre los rubros considerados sacrificables. Se prohíben porque habría que prohibir de todo, pero hay cosas que no se puede, y los espectáculos están entre las pocas cosas que sí se puede. También puede ser que se prohíban porque se viene alguna conferencia de prensa y hay que anunciar medidas, pero las que hay son tan magras que es necesario agregar esta para enumerar algo más. Y continúan prohibidos porque hay presión para reabrir los gimnasios y los free shops, pero algo hay que mantener cerrado para no quedar como que no se está aplicando medida alguna.

Mientras la cultura se usa como fachada para la supuesta aplicación de medidas, cotidianamente vemos que estas se violan en las más altas esferas del gobierno nacional y los sectores que protege. Ellos sí propician contagios, perpetuando la situación por la que luego habrá que prolongar la prohibición de los espectáculos: el presidente en asados con decenas de personas, el atiborrado velatorio del ministro que dedicó sus meses anteriores a reprimir aglomeraciones, el arzobispo irresponsable, etcétera. Además, todo se encuentra agravado por un importante componente de desidia, pereza y descuido. En marzo de 2020, nadie puso en cuestión que se cerraran los espectáculos públicos y un montón de cosas más. Parecía haber un blindaje general del país y se sabía mucho menos que ahora sobre la dinámica de los contagios. Sin embargo, el tiempo pasa y ya vamos por el tercer mes del tercer período de prohibición total de los espectáculos públicos no religiosos.

La situación anímico-cultural del país se deteriora; los artistas, empresarios y trabajadores conexos pasan por dificultades económicas, y, lo que es aún más grave, vislumbramos el peligro de daños a largo plazo. Muchas salas privadas no soportan un tiempo tan prolongado de inactividad –apenas paliado por períodos de funcionamiento con un protocolo muy exigente– ni pueden sobrevivir con la imposibilidad de hacer planes o trazar estrategias, porque ya quedó claro que en cualquier momento las vuelven a sacrificar. Cada cierre implica una reducción de la oferta cultural, el quiebre de un grupo de trabajo. Los únicos movimientos que se ven para reducir el daño consisten en unos subsidios ínfimos, casi siempre acompañados del requisito absurdo de que la persona en cuestión haga una declaración jurada de que no recibe ingreso alguno. Es como decir: «Mentime o no te doy la guita. Y si te la doy, te tengo agarrado del cuello, porque tengo una declaración jurada tuya que, obviamente, es falsa, así que portate bien».

Es realmente asombroso que no se implementen medidas mucho menos costosas y más provechosas para la cultura, que lo único que demandarían sería complejizar las prohibiciones. Todo eso me recuerda la reapertura de agosto, que implicaba, para los cines, una cláusula que determinaba que la primera fila tenía que estar vacía. ¿Por qué? Porque el protocolo estaba pensado en función de espectáculos en los que hubiera seres vivos en el escenario, hablando y respirando fuerte en dirección al público. Y no hubo un solo funcionario que dedicara diez minutos adicionales de su tiempo o 100 bits de esfuerzo neuronal a elaborar una línea del reglamento que estableciera esa diferencia.

Parece que algo obliga a que espectáculo sea una sola cosa, en bloque. Sin embargo, no todos los espectáculos públicos implican un riesgo serio de contagio. Nadie está diciendo que hay que hacer conciertos de rock en los que un público multitudinario y amontonado hace pogo y canta fuerte junto con los músicos. Pero eso no es lo mismo que una agrupación carnavalera en un tablado, y no es lo mismo un tablado al aire libre que uno cerrado, y no es lo mismo uno enorme como el Velódromo que uno más chiquito. Se podrá argumentar que en los tablados suele haber niños correteando y que la gente tendría que bajarse los tapabocas para comer los choripanes. Pero en una obra de teatro no suele pasar tal cosa. Y si el reparto de la obra de teatro no es grande, los artistas pueden asumirse como burbuja y, en caso de contagiarse entre ellos, la cosa es bastante rastreable. Lo mismo sucede en las agrupaciones musicales de tamaño moderado, en las que la cercanía física no suele ser necesaria. Y no es lo mismo un espectáculo de música vocal que uno de música instrumental.

Si en los espectáculos que implican poca gente sobre el escenario, en los que los integrantes del público están callados, quietos y mirando todos en la misma dirección, se cumple con los protocolos de uso de tapabocas, distanciamiento y desinfección de manos, el riesgo es, virtualmente, cero. No se han registrado contagios, ni en Uruguay ni en el resto del mundo, que se hayan producido en una sala de cine –hubo muestreos de eso en festivales de cine específicos, que manejaban aforos mucho más generosos (de 50 y 40 por ciento) que los exagerados (de 30 por ciento) que se aplicaron aquí–. Si los boliches pueden abrir y llenarse de gente, y el Estado considera que eso está bien, ¿qué diferencia hace que, en un rincón, un músico cante canciones a más de 2 metros del comensal más cercano o que alguien ponga vinilos?

Frente a eso, tan solo el cuidado de tener en cuenta las variables y redactar normas más complejas podría hacer una diferencia gigantesca en nuestro panorama cultural. Para cruzar los tiempos pandémicos, para reducir los daños y estar mejor parados cuando todo esto se termine. No se necesita dinero extra: el personal que trabaja en los organismos culturales del gobierno nacional y de la intendencia está ahí, con mucho menos tareas que en tiempos normales. Gente de afuera para tirar ideas sobra. El daño a la cultura se puede reducir en forma considerable; bastaría con que hubiera esfuerzo, inteligencia y voluntad.

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