En la ciudad de Iquique, ubicada a casi 1.800 quilómetros al norte de Santiago, han convivido históricamente ciudadanos chilenos, peruanos y bolivianos. Sin embargo, el 25 de setiembre, esa misma localidad fue el escenario de un ataque xenófobo contra inmigrantes venezolanos que horrorizó al mundo. Las fotos y los videos de manifestantes arrojando a una hoguera coches de bebé, carpas, pañales y otras pertenencias se viralizaron a una velocidad trepidante y mancharon la imagen de Chile en el concierto internacional.
«Este estallido xenófobo ocurre en el norte por varios factores. La Región de Tarapacá (cuya capital es Iquique) tiene la mayor cantidad de inmigrantes por proporción de población. Además, en esa región, Colchane, un pueblo fronterizo con Bolivia, se ha convertido en el espacio de mayor ingreso de inmigrantes, dado el sobrecontrol que se hace en Chacalluta, el paso habilitado entre Chile y Perú. Un tercer factor es el rol de la prensa, Internet y las redes sociales en fomentar el odio virtual», comenta a Brecha Pablo Mardones, doctor en Antropología e investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat (INTE), con sede en Iquique.
Sin embargo, la precariedad que padecen los inmigrantes en Chile excede el episodio puntual de Iquique. Obedece, más bien, dicen académicos y representantes de agrupaciones de inmigrantes, a la política inmigratoria adoptada por el gobierno de Sebastián Piñera desde 2018, que criminaliza a esta comunidad y cuyos efectos se agudizarán cuando rija la nueva ley de inmigración, aprobada este año. Asimismo, las agrupaciones de inmigrantes responsabilizan al Ejecutivo de edificar un relato antinmigrante que se ve exacerbado en la sociedad chilena. En Chile, según la última medición del Servicio Jesuita a Migrantes, con datos del Servicio de Extranjería y Migración (SEM) y el Instituto Nacional de Estadísticas, a diciembre de 2020 los inmigrantes en Chile ascendían a casi 1,5 millones de personas, el equivalente al 7,5 por ciento de la población del país. En 2010, eran poco más de 300 mil personas (1,8 por ciento).
«Todo empezó con la campaña Ordenar la Casa, en abril de 2018, que consistió en hacer una regularización masiva de inmigrantes. Esto causó una percepción positiva. Pero luego hubo una serie de medidas que, al final, eran trabas; por ejemplo, poner dos visas específicas: una para la comunidad haitiana y otra para la venezolana. La trampa es que se dieron muy pocas visas y la inmigración de ambas comunidades vía aérea se frenó. Luego se abrió esta política de “retorno humanitario” para la población haitiana, que también tenía una trampa, puesto que estos inmigrantes no podían volver a Chile antes de nueve años. Además, Piñera no firmó el Pacto Migratorio de la ONU por una inmigración segura, ordenada y regular, y se puso, así, a la par de Jair Bolsonaro, con el argumento de que la inmigración no es un derecho humano», agrega Mardones.
Otra línea de la política inmigratoria oficial fue la expulsión colectiva de inmigrantes en 2020 y 2021, cuya puesta en escena provocó el repudio de las agrupaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. «Fue infame cómo los llevaban envueltos en overoles blancos, como si fueran terroristas llegando a Guantánamo», dice a Brecha Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), para quien este hecho refleja la postura de criminalización y estigmatización del gobierno para con la población inmigrante.
MENOS VISAS, MÁS INGRESOS CLANDESTINOS
De la mano de la política inmigratoria de Piñera, las cifras muestran una tendencia a la baja en la entrega de visas y permisos de permanencias definitivas. Según el desglose del SEM, las 438.231 visas entregadas en 2018 (que se explican por la masiva regularización que incluyó a quienes ingresaron por pasos no habilitados) disminuyeron a 198.686 en 2020 y a 50.445 en el primer semestre de 2021. En tanto, las permanencias definitivas otorgadas bajaron de 87.935 en 2019 a 74.412 en 2020, para luego caer más drásticamente, a 6.287, durante la primera mitad de 2021. Estos números, sin embargo, contrastan con el máximo histórico de ingresos por pasos no habilitados registrado en 2021. Según los datos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) entregados al Servicio Jesuita a Migrantes, entre enero y julio del presente año ingresaron 23.673 personas por pasos clandestinos, lo que reafirma la tendencia al alza de los últimos años. En 2018, de hecho, 6.310 personas cruzaron la frontera de forma irregular.
«Las trabas en el ingreso no inhiben realmente la inmigración: solo provocan el aumento de la inmigración por pasos no habilitados. Esta existe igual, haya o no haya una ley, porque la inmigración es un fenómeno social y humanitario que se produce por necesidad y viene de países en crisis», dice, en conversación con este semanario, Francisca Vargas, abogada y directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Así y todo, las cifras mencionadas no alcanzan a cubrir la dimensión de esta situación. Los casos informados por la PDI al Servicio Jesuita a Migrantes corresponden, en rigor, a personas que se autodenunciaron o fueron denunciadas por la institución policial, por lo que un grupo considerable de inmigrantes que entraron por pasos clandestinos queda fuera de este registro y es invisible para la institucionalidad chilena.
«Frente a las desigualdades más agudas en el continente, Chile se presenta como una esperanza, pero eso se frustra, porque este país produce una constante inmigración irregular, que precariza las condiciones de vida de las personas que quieren residir aquí», plantea a Brecha Rodolfo Noriega, secretario de defensa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y presidente del Comité de Refugiados Peruanos.
LA NUEVA LEY EN MARCHA
La aprobación de la nueva ley de inmigración, publicada el 20 de abril de 2021, es el último hito de la política inmigratoria de Piñera. Entrará en vigor plenamente cuando se apruebe su reglamento (hoy solo están vigentes sus artículos transitorios). El texto legal, nos adelanta la abogada Francisca Vargas, profundizará la condición de vulnerabilidad de la población inmigrante en Chile. Lo dice a partir de lo que, a juicio de varios especialistas, es lo más determinante de la ley: el cambio de metodología de entrega de las visas consulares, vale decir, aquellas que se tramitan en los consulados de Chile situados en el país de origen del inmigrante. «La nueva ley contempla la imposibilidad del cambio de estatuto inmigratorio dentro del país. Es decir, quienes ingresan como turistas no van a poder cambiar su estatuto inmigratorio a uno que les permita quedarse y trabajar. Si quieren quedarse, van a tener que volver a su país de origen y tramitar un visado consular para venir a Chile», detalla Vargas.
Rojas suma como factor «la falta de infraestructura del Estado de Chile para asumir visados consulares de residencia»: «Ejemplo vivo de eso es la visa de responsabilidad democrática (creada en 2018 y dirigida solo a la comunidad venezolana), que no cumplió su función, por falta de infraestructura. No se han podido revisar las solicitudes con prontitud: 92 mil solicitudes se cerraron de forma arbitraria e ilegal». La presidenta de la Asoven duda de la capacidad real del futuro Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales –parte de la nueva institucionalidad creada por la ley– para gestionar adecuadamente los permisos.
Por todo lo anterior, meses atrás, en una columna en CIPER, Luis Eduardo Thayer, director del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, expresó que la nueva ley «no asegura que se pueda salir en un plazo razonable de una situación, por definición transitoria»: la del estatus legal parcial. En cambio, la norma induce a que esta «se convierta en una condición social permanente», lo que «puede dar origen a la institucionalización de una nueva fuente de desigualdad estructural en nuestra sociedad».
Para Noriega, la naciente ley de inmigración abre un nuevo vector sobre la inmigración irregular: «Ahora será una irregularidad de origen, ya que no habrá manera de obtener una forma de residencia estando en Chile. La gente que entrará como turista se va a quedar y va a residir de forma irregular». Noriega dice a Brecha que el gobierno de Piñera promueve actualmente una semirregularidad inmigratoria, porque muchas personas que ingresaron regularmente están en un limbo: llevan uno o dos años esperando una respuesta a su solicitud de residencia. «Están indocumentados, pero no son irregulares. Solo que no les han revisado esas solicitudes», agrega.
Según Mardones, la ley, en su conjunto, limita las perspectivas laborales de la población inmigrante. Dice que en la sede del INTE en Iquique han demostrado, a través de varios estudios, que «la inmigración es un aporte en todo sentido para la sociedad chilena: es una población más escolarizada, que está en edades laborales, que dinamiza la economía y que es un beneficio por donde se la mire, y esta ley va por el camino contrario y se suma al discurso oficial que visualiza la inmigración como una amenaza». Esta retórica altisonante contra los inmigrantes, además de la legislación en curso, perturba a Mardones, para quien, sin embargo, «no es cierto que la sociedad chilena sea más racista que otras». «En Chile hay un proceso de blanqueamiento histórico, que se expresa en una idea ficcionalizada de que los chilenos somos más blancos que el resto, y eso hace eco en una sociedad que piensa que las personas indígenas o afrodescendientes son inferiores», argumenta. Pero, sobre todo, agrega: «La sociedad chilena es clasista y eso desemboca en una palabra que ahora se hace más patente: aporofobia, la fobia a los pobres. No nos molesta que sean venezolanos o más oscuros: nos molesta que sean pobres».
Pese a los sucesos de Iquique, tanto Rojas como Noriega también han sido testigos de la contracara de esos deleznables actos del 25 de setiembre. «Yo creo que fueron grupos minoritarios que no representan el sentir del pueblo chileno. Supimos de chilenos y chilenas que recibieron en sus casas a los inmigrantes que sufrieron la quema de sus pertenencias para que pasaran la noche y no corrieran el riesgo de ser atacados nuevamente. En general, los chilenos son solidarios, entre ellos y con los demás», dice Rojas. Noriega distingue al pueblo chileno de los autores de los ataques, a quienes califica como «un movimiento fascista, cuyo actuar está siendo alentado por el discurso oficial del gobierno». Sin embargo, Mardones advierte que este discurso antinmigrante «es muy efectivo en términos de réditos políticos». Así, al menos, logra percibirlo en la campaña del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast, quien, de cara a la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre, figura en al menos dos encuestas recientes como segundo en intención de voto, en el entorno del 18 por ciento, detrás del izquierdista Gabriel Boric. En temas inmigratorios, Kast ha propuesto construir una zanja en la frontera norte para frenar el ingreso irregular de personas. A Mardones este proyecto se le figura «inviable, cercano al fascismo y de una irresponsabilidad sin parangón».