Todo empezó con una presentación de Power Point. En setiembre de 2016 el procurador de la República, Deltan Dallagnol –integrante del equipo de la operación Lava Jato–, presentó en sociedad la denuncia contra Lula proyectando un slide donde se señalaba al ex presidente como el articulador de todo el esquema de corrupción en la estatal petrolera Petrobras: “mayor beneficiado”, “enriquecimiento ilícito”, “perpetuación criminal en el poder”, se podía leer entre otras acusaciones. Dallagnol explicó que tenía la convicción de que Lula “era el maestro de la gran orquesta concatenada para saquear los cofres de Petrobras y otros organismos públicos”.
Lula fue preso el pasado sábado 7 de abril, luego de ser condenado en primera instancia por “corrupción activa y lavado de dinero” por el juez Sérgio Moro, quien comanda la operación Lava Jato, que investiga delitos de corrupción ligados a Petrobras. El petista es acusado de recibir coimas de la empresa constructora Oas a cambio de favores en contratos con la petrolera. Según el Ministerio Público estas ventajas fueron pagadas a través de la reserva y reforma de un apartamento en el balneario Guarujá, en el litoral de San Pablo. La sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal (Trf-4).
El libro Comentarios a una sentencia anunciada: el proceso Lula reúne artículos de más de cien juristas, entre ellos varios de los más reconocidos del país, que analizan el proceso que llevó a la condena de Lula por el caso del tríplex de Guarujá. Gisele Cittadino, una de sus editoras, dijo a Brecha: “Se puede buscar en cualquier lugar, y difícilmente se encuentre una palabra de algún jurista brasileño diciendo que la sentencia de Moro es fuerte. Todos los juristas más reconocidos del país dicen que la sentencia es absolutamente inconsistente”. Cittadino afirma que el libro de más de 700 páginas “reúne un número considerable de personas que no tienen ningún compromiso partidario, ni con el PT ni con ningún otro partido, y mucho menos pueden ser consideradas de izquierda”.
PROPIETARIO O NO. En ese volumen Afrânio Silva Jardim, profesor de derecho procesal penal de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro y ex procurador de justicia, escribe que Lula “propietario (del tríplex) no es, ya que, en el derecho brasileño, sólo es propietario quien tiene la escritura pública registrada junto a la matrícula del inmueble en el registro general de inmuebles. A toda evidencia, visitas al inmueble, solicitudes de realización de obras en él, voluntad de adquirirlo manifestada a través de emails, reserva del bien para futura adquisición, manifestación verbal del real propietario de destinar el inmueble a determinada persona, nada de esto transfiere una propiedad inmobiliaria”.
Por su parte, Pedro Serrano, doctor en derecho y profesor de la Pontificia Universidad de San Pablo, dijo a Brecha que “Lula no llegó a comprar el inmueble. Era un contrato en el que Lula pagaba una cuota mensual para ser dueño de uno de los apartamentos del edificio. Pero finalmente desistió”. Serrano también fue abogado de la cooperativa a la que Lula y su esposa Marisa Leticia habían entrado, y que según él había sido mal gestionada, lo que hizo que los apartamentos tuvieran un precio muy inferior a su valor de mercado. En aquel momento los edificios pasaron a propiedad de Oas, y como los precios iban a subir, la cooperativa abrió la posibilidad a los cooperativistas de salir y recibir una devolución del dinero invertido o abonar nuevas cuotas más caras. Según Serrano, Lula optó por salir de la cooperativa. Según la sentencia de Moro, Lula y Marisa fueron los únicos que no hicieron ni una cosa ni la otra. El juez considera que la defensa del ex presidente no presentó justificativos suficientes de por qué no decidió formalmente desistir del apartamento cuando los demás cooperativistas lo hicieron. “Incluso siendo verdad que fuera el dueño oculto del apartamento, y que la reforma (del tríplex) se hacía para beneficiarlo, en ningún momento en los autos se demuestra que hubo un acuerdo. Y la corrupción es un crimen que presupone el acuerdo entre corruptor activo y pasivo”, argumentó Serrano.
El principal testimonio en el que Moro fundamentó su sentencia es el de Leo Pinheiro, presidente de Oas y reo por la Lava Jato. El testimonio que implica a Lula lo proporcionó luego de dos años de prisión, de acuerdo al esquema de delaciones premiadas, que permite conmutar las penas.
También hay interpretaciones jurídicas según las cuales para condenar a una persona por corrupción es preciso probar contraprestaciones específicas del acusado en favor de la empresa, algo que Moro no exigió, ya que consideró que los beneficios recibidos por Lula fueron a cambio de “actos de oficio indeterminados”, o sea a futuro. Según Serrano, “como no están esas pruebas (de contrapartidas acordadas ), se comienza a intentar construir teorías fraudulentas del derecho para sustituir la prueba. Entonces el razonamiento es muy desviado, es tamaña agresión a la ley y a la Constitución”.
Lula tiene otros procesos abiertos. Uno es sobre Atibaia, una chacra propiedad de un amigo, al que visita frecuentemente, que también habría recibido de regalo una reforma en la cocina a cambio de favores; y otro por la adquisición de un terreno para el Instituto Lula. Según Cittadino la causa por el tríplex es “en la que tienen más opciones para intentar culpabilizar a Lula” y “por eso fue escogida, porque los otros procesos tienen sustentos muy frágiles”.
PARA CUÁNDO LA CONDENA. La condena sobre el caso del tríplex en el Trf-4 fue unánime, pero eso no ocurrió en el fallo por el hábeas corpus en el Supremo Tribunal Federal (Stf), el pasado 5 de abril, que tras una sesión con varios encontronazos se definió por seis votos contra cinco. Y es que este fallo ha dado lugar a otra discusión más general, que va más allá de la causa puntual de Lula, sobre el encarcelamiento.
En el caso del tríplex el Stf decidió mantener una jurisprudencia de 2016 según la cual el cumplimiento de la pena debería comenzar una vez concluido el proceso en la segunda instancia, en lugar de esperar a que se agoten todas las instancias judiciales posibles (la justicia brasileña contempla cuatro) de apelación. Según el Stf, este principio jurisprudencial no hiere la presunción de inocencia. Pierpaolo Cruz Bottini, profesor de derecho penal de la Universidad de San Pablo (Usp), discutió el tema en el programa Roda viva, de TV Cultura. Según Cruz Bottini, “lo que se está discutiendo en el Stf no es Lula, ni una cuestión de política criminal o la mejor forma de combatir la corrupción o la criminalidad. Lo que se está discutiendo es cuál es la extensión del respeto que el tribunal y la sociedad brasileña tendrán con relación a la letra de la Constitución y la ley”. La Constitución federal en su artículo 5 establece que nadie será considerado culpable hasta que la sentencia penal sea inapelable. Y el Código del Proceso penal va más allá, al explicitar que nadie será preso hasta que eso ocurra. Por eso, para Cruz Bottini, “si eventualmente el Stf opta por la posibilidad de la prisión en segunda instancia está decidiendo por una prisión antes de que esa decisión se torne definitiva”. “Me puede no gustar la ley, creer que va en contra de mis intereses, o que va en contra de mi ideal, pero es la letra de la ley. Podemos discutir la existencia de las cuatro instancias, pero contar con otra decisión de la Suprema Corte que diga que no vale lo que dice la letra de la ley es un precedente muy preocupante”, afirmó.
En un escrito registrado en el Stf el pasado martes, la Defensoría Pública del Estado de San Pablo (DP-SP) señaló que el fallo sobre el hábeas corpus en el caso de Lula “tiene como efecto la violación de la garantía constitucional de la presunción de inocencia”. El escrito cita una frase del ministro del Stf Gilmar Mendes durante la sesión televisada del jueves 5: “Esa posibilidad (la prisión luego del fallo en segunda instancia) ha sido aplicada por las instancias inferiores de forma automática. Para todos los casos y en cualquier situación, independientemente de la naturaleza del crimen, su gravedad o su pena. Y siempre dijimos que la prisión sería una posibilidad jurídica y no una obligación”. Según indicó el DP-SP, el Tribunal de Justicia paulista emitió 13.887 mandatos de prisión entre febrero de 2016 y abril de 2018 fundamentados en la interpretación del Stf de 2016 que sentó esta jurisprudencia. Para la Defensoría estas decisiones –reforzadas ahora con esta última decisión en el caso de Lula– conllevan una “grave inseguridad jurídica” y “continuarán condenando a la cárcel a la población pobre, en las mazmorras medievales superpobladas y carentes de cualquier derecho y garantía fundamental que forman nuestro sistema penitenciario”.
[notice]A un mes de los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes
Otro asesinato y más incógnitas
Mário Augusto Jakobskind
Desde Rio de Janeiro
Este sábado 14 se cumple un mes de los asesinatos de la concejala carioca del Psol Marielle Franco y del chofer Anderson Gomes, sin que las autoridades hayan identificado a los autores del crimen. El pasado domingo, Rio de Janeiro asistió a otro asesinato que puede estar relacionado con los anteriores.
La oficina de homicidios a cargo del caso de Franco y Gomes también está investigando el asesinato de Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 años. Este líder comunitario de un barrio del oeste de Rio de Janeiro que fue asesinado es sospechoso de tener vínculos con una milicia. Era también colaborador del concejal Marcello Siciliano (del cristiano Partido Humanista de Solidaridad), uno de los parlamentarios citados por la misma comisaría para declarar sobre cómo era su convivencia con Franco.
Las autoridades responsables por la seguridad en Rio de Janeiro afirman que la investigación continúa, pero bajo secreto, con el argumento de que la divulgación de detalles puede comprometer la elucidación del crimen.
Según varias versiones aparecidas en la prensa, el reciente asesinato del asesor de Siciliano podría tener alguna relación con los de la concejala y su chofer. Y, paralelamente, existe el temor de que el asesinato de Carlos Alexandre Pereira Maria pueda desviar el foco de atención de las autoridades sobre el crimen de carácter político contra Franco y Gomes para apuntar al asesor de Siciliano como uno de los responsables.
El concejal Marcello Siciliano defendió a su colaborador asesinado afirmando que –al contrario de lo que señala el informe de la Secretaría de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro– de que la víctima tenía vínculos con milicias en la zona oeste de Rio, Carlos Alexandre “era una persona de bien, trabajadora y empeñada en resolver los problemas de su barrio”.
A la espera de que se hallen los culpables por estos asesinatos, siguen organizándose acciones populares en varios puntos de la ciudad y en el exterior en homenaje a Marielle Franco y a Anderson Gomes. Para el sábado fue convocada una vigilia para recordarlos a un mes de sus muertes en pleno centro de Rio de Janeiro.
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Posicionamientos en Uruguay ante la prisión de Lula
Regocijo en la derecha, rechazo en la izquierda
El espectro político y social uruguayo tuvo reacciones contrapuestas frente a la prisión del líder del PT. Mientras la oposición política, compuesta por blancos, colorados y del Partido Independiente, saludó la independencia del sistema judicial brasileño, congratulándose de que Luiz Inácio Lula da Silva fuera encarcelado, el Frente Amplio (FA), el Pit-Cnt, la Feuu, otras organizaciones como Redes Amigos de la Tierra –y personalidades independientes como Juan Raúl Ferreira– manifestaron su rechazo a la prisión del ex presidente de Brasil. Por su parte, el gobierno de Tabaré Vázquez evitó cualquier pronunciamiento, basado en la concepción de que no corresponde inmiscuirse en los asuntos internos de otro país, y menos cuando existen dictámenes de la justicia.
La posición del FA fue categórica en el repudio a la detención de Lula y manifestó su solidaridad con el encarcelado. Para el partido de gobierno uruguayo, lo acontecido es parte de un proceso de restauración conservadora que no duda en dejar por el camino al político con mayor aceptación popular de Brasil, para frenar la posible vuelta del PT al poder. En distintas declaraciones públicas de los dirigentes, así como en comunicados de los grupos que integran el Frente, se hizo hincapié en la debilidad de los argumentos que condujeron a Lula a prisión, sosteniendo que fue juzgado por “convicción” y con base en una “delación premiada”, sin pruebas fehacientes.
Sin embargo, si bien la posición frenteamplista fue reafirmada en una reunión de su Dirección y lo fue por unanimidad, esta se logró porque la delegada del sector del ministro de Economía, Asamblea Uruguay (AU), decidió retirarse de la reunión para no votar en contra de la moción finalmente aprobada. La senadora Daniela Payssé, quien representa a AU en la mesa política del Frente, declaró a radio El Espectador que no corresponde a una fuerza política que gobierna “opinar sobre una decisión judicial de otro país”. El mismo argumento que luego sostuvo Astori en otras declaraciones.
La central sindical realizó, junto con las organizaciones mencionadas al inicio, distintas movilizaciones en apoyo al ex presidente brasileño. Una primera, que tuvo lugar en su sede central, contó con la participación de la vicepresidenta, Lucía Topolansky. El miércoles por la tarde se efectuó un acto público frente a la embajada de Brasil, con cientos de asistentes, en el que hicieron uso de la palabra el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, la vicepresidenta del FA, Sandra Lazo, Ferreira (ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos), Karin Nansen por Redes y el dirigente del Partido Comunista de Brasil Ruben Diniz.
En tanto, el grupo mayoritario de la izquierda no frenteamplista, Unidad Popular, ha mantenido una postura equidistante de los distintos posicionamientos ante la prisión de Lula. De acuerdo con los comentarios realizados en la radio oficial del sector (Centenario), si bien les preocupa el avance de los sectores conservadores en Brasil, advierten que el PT los ha facilitado, gracias a renunciamientos programáticos y a la convivencia con la corrupción endémica del país vecino.
V H A
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Reacciones en Argentina
Más apoyos que rechazos para Lula
Fabián Kovacic
Desde Buenos Aires
“Respetamos la institucionalidad de Brasil y su poder judicial independiente”, sostuvo el presidente Mauricio Macri junto al mandatario español Mariano Rajoy durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Ya habían pasado cuatro días del encarcelamiento del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y recién en la mañana del martes 10 el gobierno argentino dio oficialmente su visión del caso por boca de Macri.
Sin embargo, en la mañana del sábado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había asegurado que “vemos con preocupación la situación en Brasil”, aunque enseguida se encargó de aclarar que se trataba de una opinión personal. El mismo día que el juez Sérgio Moro emitió la orden de detención de Lula, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, prefirió “no opinar” ante la pregunta: “¿Se respetan los derechos humanos en Brasil?”, que le hizo un periodista. La ausencia de respuesta dejó una sensación de desconcierto en la prensa, porque en la cancillería optaron por lo mismo: el silencio.
A partir del mismo jueves, cuando se conoció el fallo contrario al pedido de hábeas corpus a favor de Lula, una parte de la oposición argentina salió a criticar al juez y a apoyar al ex presidente brasileño. Sectores del peronismo y todo el kirchnerismo, junto con los partidos de centroizquierda, estallaron en voces de apoyo y solidaridad con el ex tornero mecánico que por dos mandatos consecutivos sacó a casi 30 millones de brasileños de la pobreza.
DISCREPANCIAS. En el seno de los partidos de la izquierda trotskista, sin embargo, las posiciones divergieron y se dio un debate. “No hay que defender a Lula”, fue el título del editorial con que Izquierda Socialista (IS) sacó a la calle su semanario el viernes 6. Lo firmó Juan Carlos Giordano, dirigente nacional de la agrupación que además integra la plana mayor del Frente de Izquierda y los Trabajadores (Fit), la revelación electoral de los últimos diez años, que consiguió tres diputados nacionales en las últimas elecciones. Si bien la IS critica con dureza a Lula y sus gobiernos, convive en el Fit con el resto de las fuerzas que reclaman la libertad de Lula y avizoran un golpe de Estado respaldado por los militares. “Hay que luchar contra este golpe de la derecha brasileña, más allá de que la experiencia del gobierno de Lula y Dilma haya desmoralizado a millones de trabajadores brasileños”, aseguró Marcelo Ramal, miembro de la dirección del Partido Obrero, que integra el Fit. En el mismo sentido se expresó Christian Castillo, del Partido de los Trabajadores Socialistas (Pts), al recordar que “el golpe lo inició el parlamento brasileño cuando derrocó a Dilma Rousseff y ahora pretende proscribir al candidato con mayor intención de voto del país. Nosotros denunciamos la gestión de Lula por patronal y aliada del imperialismo, pero creemos que el pueblo tiene derecho a elegir a quien quiera como presidente, sin proscripciones”. Junto con el kirchnerismo, el Partido Comunista reclama “Lula libre y presidente”, y desde la coalición Izquierda al Frente (IF), integrada por el Nuevo Mas y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (Mst), piden una comisión investigadora sobre los hechos de corrupción en Brasil integrada por personalidades intachables.
Por su lado, el lunes pasado el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel logró reunir en menos de seis horas 102 mil firmas solicitando la postulación de Lula al mismo Nobel para 2018.
También el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sumó su adhesión junto a otras 60 organizaciones de la región, como Abuelas de Plaza de Mayo y la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), en un documento que rechaza la decisión judicial brasileña que “pone en peligro las democracias de toda la región con un fallo judicial arbitrario, endeble y cuestionable”. Las organizaciones adherentes al documento no descartan presentar un reclamo colectivo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por la libertad de Lula y la revisión de su causa judicial completa.
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