Han pasado casi tres semanas del atentado en la casa de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero. Entre versiones distintas, hipótesis firmes y detalles que muchos informantes pretenden colocar en la opinión pública, la investigación criminal avanzó con rapidez y ya hay imputaciones de las personas que tuvieron responsabilidad material. También hay un detenido que es identificado como el artífice intelectual y el nexo con posibles redes internacionales. Es absolutamente clave que la investigación criminal obtenga resultados contundentes y permita extraer conclusiones. Se ha informado que un exfuncionario del Ministerio del Interior (MI) fue imputado por otro delito, pero se intenta esclarecer su conexión con el atentado, pues también –¿cuándo no?– las armas y las municiones encontradas pueden llevar a otras pistas. ¿Qué mensaje se quiso dar? Es asunto todavía de especulaciones múltiples, algunas más plausibles que otras. Tal vez simplemente lo que se quiere sembrar son incertidumbres y reacciones inmediatas.
Este atentado, que fue grave pero no sorprendió, debería tomarse como una oportunidad ineludible para establecer un punto de inflexión. Hasta aquí hemos llegado, y el país no puede permitirse hechos más graves aún. Existe la justificación perfecta para promover nuevas conversaciones públicas y para profundizar agendas que rompan con el círculo vicioso que nos atrapa hace décadas y que explica gran parte de las violencias actuales.
Las primeras reacciones políticas tuvieron un tono desafortunado y oportunista, que luego se moderó, y logró finalmente un alineamiento razonable. Más tarde, el gobierno puso sobre la mesa la necesidad de modificaciones al proyecto del control de lavado de activos. También aquí hubo reacciones y resistencias automáticas, aunque el proyecto logró media sanción en el Senado. Por su parte, el MI estuvo concentrado en informar sobre los avances de la investigación criminal y no mucho más, mientras los diálogos sobre seguridad siguen su curso. No faltaron voces políticas que propusieron nombrar a Ferrero como fiscal de Corte, pero el gobierno quiere acuerdos sin presiones del contexto. En los medios y las redes circularon versiones de todo tipo, y nadie quedó sin la oportunidad de dar su opinión. También fueron relevantes las reacciones de los propios fiscales, dejando al descubierto la precariedad de su trabajo. La noción de crimen organizado como categoría totalizante se ha impuesto en todas las conversaciones y su maravillosa elasticidad permite hablar de las cosas más distintas. Eso sí, siempre se termina haciendo foco en el narco del barrio, y todo lo demás queda en un discreto cono de sombra.
Este atentado deja una difusa conciencia que señala la necesidad de tomar nuevos caminos. Hay algunas rutas que parecen trazadas con más precisión, pues en la región ya se han dado debates y se han promovido experiencias concretas. Es esencial avanzar en nuestro país en programas ambiciosos y sostenibles de prevención de la violencia. Programas orientados a los territorios más críticos y pensados para interrumpir, desviar, neutralizar y regular sobre todo las manifestaciones de la violencia letal. Lo que empezó hace un tiempo como un tibio e incierto programa piloto debe derivar en un arco de acciones variadas. Expertos y gestores han colocado sobre la mesa las iniciativas más promisorias en materia de reducción de los homicidios; por ese lado es posible esperar medidas que tengan su anclaje en nuestra realidad.
Del mismo modo, aunque el asunto cosecha sus resistencias bien identificadas, las armas de fuego tienen una incidencia decisiva en los hechos más graves. El desarme civil y la regulación estricta de armas y municiones exige un diseño de política que nunca se ha intentado en Uruguay, más allá de algunos amagues rápidamente neutralizados por los intereses corporativos y las operaciones mediáticas. Desde el propio MI se ha hecho énfasis en la necesidad de una nueva regulación, pero se tiene que escalar hacia un proyecto más ambicioso. No será sencilla su tramitación política, pero sin ese esfuerzo nada importante se obtendrá en materia de reducción de los niveles de violencia.
Si bien el punto no es comparable, muchas de las resistencias que estaban planteadas a priori con los ajustes normativos a la ley contra el lavado de activos pudieron ser sorteadas en el contexto actual. En este tema, algunos especialistas señalan que el problema no es prioritariamente legal, sino operativo, que las acciones más importantes para perseguir las rutas del dinero requieren mecanismos, dispositivos, capacidades y recursos. Obtener resultados más contundentes que los actuales exige otras voluntades políticas.
El punto de inflexión también tiene que transitar por otros asuntos incómodos y, en alguna medida, habrá que desandar caminos. La necesidad de una nueva política criminal tiene varias dimensiones. En primer lugar, hay que actualizar el Código Penal, para que establezca nuevos acuerdos normativos sobre el sentido y la intensidad de los castigos. Por otro lado, todas las medidas restrictivas a los institutos liberatorios y las imposiciones preceptivas de la privación de la libertad tienen que reverse para no producir más hacinamiento en el sistema carcelario. Por fin, las priorizaciones en materias de persecución criminal deben impactar realmente sobre la gran criminalidad y se tienen que institucionalizar mecanismos alternativos para una infinidad de situaciones. A su vez, pensar en la viabilidad de un nuevo sistema carcelario no puede proyectarse sobre la cantidad actual de personas privadas de libertad y, en ese sentido, las políticas de reinserción social –tan poco reconocidas– deberían ser una prioridad estratégica.
Para todo lo anterior no solo se necesita un plan, un financiamiento adecuado, una evaluación técnica, una fuente de inspiración con base académica. El punto de inflexión supone la construcción de instituciones nuevas. Un proyecto de tal alcance tiene sentido si se acompaña de agendas para las reformas de la Policía, el sistema de justicia criminal y todos los organismos de contralor y persecución de la corrupción. Los déficits institucionales son hoy parte del problema mayor que tenemos en el campo de la seguridad. Hay que procurar salir de ese lugar en el que nos coloca nuestra propia autocomplacencia o las miradas externas que sobreestiman las fortalezas institucionales del país.
También deberían incorporarse perspectivas más ambiciosas, sin las cuales nada será posible o sostenible. Por lo pronto, hay que transitar hacia la legalización de las drogas. Si la prohibición no ha podido con la conformación de mercados complejos y los resultados han sido catastróficos, no hay más remedio que dar el paso. Es una pelea mayor que tendrá que arraigar en los movimientos sociales, en la academia, en la militancia, en la incidencia pública y en las redes internacionales. El tema no es nuevo y las iniciativas sobran. El punto es darle otra viabilidad política que perfore todas las resistencias morales y políticas. Aquí, en Uruguay, en algún momento hay que empezar.
Tampoco habrá bases sólidas para imaginar ese punto de inflexión sin políticas de igualdad. Hemos dado vueltas por todos los lugares, pero siempre terminamos recalando en la centralidad de lo social. Y lo social no debe entenderse aquí como la evolución de algunas variables –la pobreza, la desigualdad–, sino como un auténtico contexto de implicación por el que transcurren las vidas y las expectativas de las personas. Construir un modelo de desarrollo que integre y no precarice, y diseñar una matriz de protección social que sea capaz de acompañar y sostener las trayectorias integrales de las personas más vulnerables.
¿Hay margen para la persuasión política? ¿El plan nacional de seguridad incorporará algo de esto? ¿Cómo poner en juego una nueva conversación pública? ¿Solo seremos creíbles si repetimos la frase que tanto le gusta a Javier Milei, de que «el que las hace las paga»? Si no llevamos estas discusiones a todos los espacios de la vida social, las políticas de seguridad seguirán encerradas en sus peleas estériles y en sus inercias funcionales. Mañana lamentaremos un nuevo hecho grave y se sacarán cartel los profetas de siempre. El problema es que pasado mañana lo que perderemos es la propia democracia.
