Desde que inició su carrera política, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó como un hombre de izquierda humanista. Con austeridad republicana y gran carisma, el lema de su gobierno ha sido «por el bien de todos, primero los pobres». Un sexenio marcado por la 4T (la Cuarta Transformación), el movimiento con el que prometió otro hito revolucionario en el país. Dejar atrás el período neoliberal en el que, según sus palabras, predominó «la más inmunda corrupción pública y privada»; generar cambios para combatir la pobreza «como nunca se había hecho en la historia».
En estos años, AMLO y su partido, Morena, supieron capitalizar el descontento de la población frente a años de desidia de quienes lo precedieron. Con una retórica populista desarrolló una narrativa centrada en los «de abajo». Combinó políticas sociales y salariales redistributivas que redujeron, entre 2018 y 2022, la pobreza extrema en el país, un logro nada despreciable en un contexto de pandemia mundial y aumento del precio de los alimentos. No es casual que su mayor respaldo provenga de quienes se han visto beneficiados por las reformas laborales y las transferencias directas: clase trabajadora con salarios informales y sumergidos, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
En diciembre de 2023, el presidente anunció el sexto aumento del salario mínimo. «Esto es histórico, vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble.»
Pero estos no son los únicos indicadores que AMLO muestra con orgullo. En los últimos meses, celebró ser uno de los países que «más está creciendo, con desaceleración de la tasa de inflación nacional». Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía mexicana creció 3,2 por ciento en términos reales en comparación con 2022.
AMLO deja el gobierno con una aprobación en torno al 60 por ciento. Un respaldo a un proceso de transformación que aún genera esperanza en buena parte de la población. Claudia Sheinbaum, actual candidata por Morena a la presidencia, es la gran favorita para las próximas elecciones del 2 de junio. Sin embargo, la popularidad de AMLO no lo exime de críticas y lo enfrenta a una de sus mayores debilidades. Desde las mañaneras, una conferencia de prensa que ofrece de manera diaria, defiende a capa y espada cada una de sus políticas, considerando muchas veces a quienes lo cuestionan como «traidores a la patria». El mundo de AMLO pareciera no tener grises, es una dicotomía entre «el pueblo bueno» y los «fifís».
El problema es que en esta construcción del «pueblo bueno» cada vez caben menos. Su gobierno acumula contradicciones y promesas incumplidas. También, enfrentamientos con sectores que lejos están de representar al poder económico o a la derecha reaccionaria. En un país marcado por los crímenes de odio, no toma en cuenta los reclamos de la comunidad LGTBIQ+. Desoye a los movimientos feministas, a pesar de que México registra cada vez más femicidios. Llama «seudoambientalistas» a quienes cuestionan con pruebas el impacto de sus megaproyectos. No recibe a madres buscadoras que desde hace años hurgan la tierra para encontrar a sus familiares, y acusa a abogados y a organismos de derechos humanos de manipular causas.
«LA PROSPERIDAD COMPARTIDA»
En diciembre de 2023, AMLO inauguró el primer tramo del Tren Maya, un megaproyecto anunciado con bombos y platillos como el más importante de su gobierno. En uno de los videos que registra ese día, el presidente aparece rodeado de empresarios con guayaberas blancas, como el mexicano Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, y altas autoridades del Ejército; dicho por el presidente mexicano, los principales aliados para la construcción del megaproyecto. Un tren erigido como modelo de crecimiento sostenible y sustentable, y «desarrollo con prosperidad compartida».
AMLO presentó el proyecto en 2018 con un gran respaldo ciudadano. Junto con la conectividad en materia de transporte, el proyecto prometía la creación de empleos y la mejora en la calidad de vida de la población del sureste mexicano, rezagada desde hace años en contextos de extrema pobreza y violencia. El tren atraviesa los estados de Tabasco, Chiapas y los de la península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Tiene más de 1.500 quilómetros de vías férreas, divididas en siete tramos (algunos aún en obras), con una veintena de estaciones y paraderos pequeños.
La península de Yucatán conoce de promesas de desarrollo. Las comunidades del territorio conviven con el boom del turismo de sol y playa. Allí se encuentran las grandes cadenas hoteleras de Cancún y la Riviera Maya, principales receptoras de las divisas del sector, mientras la población de la zona y los migrantes que llegan a trabajar sobreviven como mano de obra barata. Aunque no son los únicos nodos económicos. Desde hace años, en la península funcionan empresas eólicas, megagranjas porcinas, maquiladoras; otros expulsores de la población que abandona el campo para depender de salarios sumergidos.
«Como todo proceso, cuando llegan, en un primer momento, ofrecen las perlas de la Virgen. Ofrecen la palabra desarrollo, que para ellos es la supuesta generación de empleo. Pero nunca hablan del impacto y tampoco dan toda la información. Eso hace que la gente en un primer momento sí crea en estos proyectos», señala a Brecha Romel González, fundador del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX), organización creada en defensa de los territorios comunitarios.
NO ES MAYA
La construcción de lo que las comunidades indígenas denominan el «mal llamado Tren Maya» es un proyecto de reordenamiento territorial. Sus vías cruzan los territorios ancestrales de comunidades mayas tzotziles, tzeltales y choles. Tierras que desde hace años sufren el impacto de la turistificación. El desarrollo inmobiliario indiscriminado y la llegada masiva de personas convirtieron a la cultura maya en un producto folclórico de mercado y espectáculo. Ahora un elemento de preocupación es que el tren termine de romper el poco tejido social existente.
En 2020, el CRIPX consiguió que un juez ordenara la suspensión de la construcción de una zona del tramo 7 del tren, en Xpujil, estado de Campeche. El amparo denunció la falta de una consulta previa a las comunidades. Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los pueblos indígenas deben votar libremente, de manera previa y con toda la información disponible sobre los procesos que ponen en riesgo la integridad de sus tierras.
Sin embargo, el gobierno no escuchó los reclamos. Calificó el megaproyecto como «de interés público y seguridad nacional» y los trabajos continuaron adelante. En agosto de 2020, AMLO acusó al CRIPX y a otras organizaciones de recibir financiamiento del extranjero para echar abajo el proyecto y hacer montajes sobre impactos ambientales «inexistentes». El proyecto del tren se inició con escasos y cuestionados estudios de impacto ambiental y social. La mayoría de las críticas se centra en la zona de la Riviera Maya, donde las obras desmontaron parte de la selva maya, considerada el segundo pulmón forestal de América Latina después de la Amazonia.
El tren también avanza sobre uno de los mayores sistemas de cuevas sumergidas del mundo, un impacto denunciado como ecocidio. En noviembre de 2023, un juez ordenó la detención de las obras del tramo 5 sur, que une Playa del Carmen con Tulum, luego de corroborar que efectivamente se estaban perforando cavernas y rellenando cenotes con cemento. «La Península no tiene ríos superficiales, son todos subterráneos. Y con la destrucción de los cenotes, están tapando algunos y están generando conflictos internos del agua. Eso, tarde o temprano, va a ser un problema acumulativo de impacto físico y biológico muy fuerte», afirma González.
EL TREN DEL DESPOJO
En las últimas semanas, se han realizado bloqueos en carreteras debido a las denuncias por el despojo de tierras. Comunidades por las que pasa el tren acusan al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, empresa estatal encargada de su construcción, de permitir la expropiación de terrenos de manera ilegítima por empresas que extorsionaron y engañaron a las comunidades. En algunas zonas de Campeche, familias enteras que dejaron sus viviendas para dar paso al tren esperan desde hace meses otras soluciones habitacionales.
Otro de los problemas que trae la turistificación es la disputa entre organizaciones del crimen organizado por el control de las «plazas» vinculadas a las economías ilícitas. El solo anuncio del tren produjo un incremento de la criminalidad en las zonas que atraviesa: mayor presencia del narcotráfico, ejecuciones, desapariciones, ajustes de cuentas. A esta espiral de violencia el gobierno respondió con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. En estos años, AMLO no solo incumplió la promesa de retirar a los militares del área de la seguridad pública, sino que les otorgó nuevas tareas.
Frente a una burocracia disfuncional, los militares son los encargados de la construcción y la administración del tren, y de la mayoría de las obras clave de infraestructura del país. En varias oportunidades, AMLO destacó su labor. «Mi agradecimiento al Ejército; en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores conservadores, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados son pueblo uniformado, trabajadores leales y patriotas», dijo el presidente. Para el integrante del CRIPX, «este gobierno ha convertido a los militares en una empresa. Tienen hoteles, controlan puertos, aeropuertos. No es un golpe de Estado como los de antes, pero despacito, despacito, van teniendo más poder».
LO QUE OCULTA
El respaldo de AMLO a los militares no solo se da con el tren. Este 26 de setiembre, se cumplirán 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un antes y un después para México. La prueba fehaciente de la impunidad que impera en el país. Cuando asumió el gobierno, el presidente prometió resolver el caso. Para ello, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, una entidad integrada por representantes del gobierno, y padres y madres de los estudiantes, para identificar a los responsables en la búsqueda por verdad y justicia.
Sin embargo, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar el caso, apuntó al Ejército, la voluntad política desapareció. «Él nos abrió una gran esperanza al pensar que se iba a resolver todo. Pero, desafortunadamente, cuando los expertos del GIEI se toparon con que el Ejército tenía mucha más participación en los lugares estratégicos donde fueron los ataques, ahí ya fue todo decir: “no hay información, no me reúno”», dice a Brecha Mario González, padre de César Manuel González, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
En julio de 2023, al dar a conocer el sexto y último informe de investigación, el GIEI denunció la desaparición de archivos del Ejército. «Son 800 folios que demuestran que el Ejército estaba monitoreando a los muchachos con el C4 [un centro de control y vigilancia que cuenta con cámaras a nivel estatal]. Ellos sabían desde el primer segundo que nuestros hijos se subieron a los camiones, quién los atacó, por qué y dónde están. Incluso, los expertos se dan cuenta con las sábanas telefónicas1 de que varios elementos del Ejército mexicano y coroneles tenientes estaban ahí en los momentos críticos del ataque a los muchachos», señala González.
Frente a esta información, AMLO respondió que el Ejército mexicano ya entregó toda la información y que los avances logrados eran «gracias» a las Fuerzas Armadas. «Yo hablaba con ellos [el grupo de expertos] y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. ¡Ya basta de estar administrando el dolor de la gente! No se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar y decir la verdad», dijo el presidente en una de las mañaneras.
SON MUCHOS MÁS
Como cada 26 de mes, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa llegan a Ciudad de México para marchar hasta el Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional. Este 26 de abril, es la primera vez que la sede del Poder Ejecutivo está vallada. El presidente justificó el blindaje alegando posibles ataques. «No, ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es proteger el palacio porque hay muchos provocadores, tenemos que prevenir», dijo AMLO.
Desde hace meses, los familiares reclaman una reunión con el presidente. A fines de febrero, llevaron adelante un plantón frente al Palacio Nacional, que volvieron a instalar a fines de abril. Los padres y las madres reclaman que sea antes de las elecciones presidenciales; sin embargo, AMLO anunció el encuentro para el 3 de junio, un día después de la votación. «Ahora su narrativa es desprestigiar a los abogados y a las organizaciones que nos han estado apoyando. Y, aparte de eso, no se quiere reunir con nosotros por el costo político de decir: “No encontré a los muchachos”», dice González.
El compromiso de AMLO no fue solo con el caso Ayotzinapa. Prometió buscar a todas las víctimas de desapariciones. En los primeros días de su gestión, citó a otros colectivos de familiares y aseguró el apoyo del Estado. «Fuimos un montón de personas, también quienes acompañamos a las víctimas. Trajo a los gobernadores de muchos estados del país, militares, policías y a todo el gabinete. Y ahí se comprometió a hacer un montón de cosas, que luego no cumplió», comenta a Brecha Volga de Pina, investigadora y defensora de derechos humanos.
AMLO constituyó una comisión para el acceso a la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, una deuda histórica que el país mantiene con las víctimas del terrorismo de Estado. También dotó de recursos y apuntaló la instalación de los sistemas de búsquedas creados por la ley de desapariciones forzadas de 2017. Estas nuevas instituciones debían continuar el trabajo de las madres buscadoras que desde hace años, sin ningún tipo de apoyo, buscan en fosas clandestinas los cuerpos de sus familiares. Sin embargo, como en ningún otro sexenio, las personas siguen desapareciendo en México. Una persona cada hora. Lo complejo de la problemática no permite resolverla de un día para otro, pero sin duda cambia con una política de Estado que de verdad quiera saber dónde están las personas que desaparecen. En cambio, en el último año, AMLO se obstinó en una batalla con las entidades de identificación, que había prometido apoyar, por el número de desaparecidos.
Según el presidente, el número de personas desaparecidas es menor de las 110 mil que registra la Comisión Nacional de Búsqueda. Por ello, en 2023, realizó un censo. «La buena noticia es que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas porque se está haciendo una visita en todo el país casa por casa y se está avanzando, y ya se puede hablar de que son miles los que hemos encontrado con vida», informó el mandatario en pleno proceso de registro.
«Ahí lo que se dan cuenta es que hay un montón de casos en los que no había ningún seguimiento y que efectivamente había alguna gente que ya estaba en su casa, lo que demuestra que el Estado toma las denuncias y no mueve un dedo. Pero también era impresionante porque víctimas famosas que todos conocemos, incluida, no sé…, Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, que está desaparecido desde los setenta, los empiezan a llamar a su casa a ver si ya regresaron», indica De Pina.
Terminado el censo, AMLO salió a informar que la cifra oficial era de 12.377 personas desaparecidas, aunque luego la Comisión Nacional de Búsqueda informó que aún están buscando a 92 mil personas. Asimismo, una investigación del medio Animal Político y la organización Data Cívica,
«#VolverADesaparecer», constató que 10 mil nombres de personas desaparecidas habían sido «borrados» cuando aún se encuentran desaparecidas. «La orden fue muy clara de rasurar ese registro. Lo único que le importaba a AMLO era decir que el número de desaparecidos no era más en su sexenio. Entonces, hay una decepción horrorosa», señala la investigadora de derechos humanos.
EL MURO DE CONTENCIÓN
AMLO asumió el gobierno con las caravanas de migrantes atravesando el país a plena luz del día. Familias enteras. Niños, niñas, adolescentes. Un fenómeno inédito. En ese entonces, su discurso fue una política de puertas abiertas. Entre enero y febrero de 2019, autoridades migratorias recibían con una sonrisa a los migrantes de las caravanas y les entregaban documentos de protección que les permitía la estancia de un año. Sin embargo, esa política extendida de refugio se detuvo.
El muro de contención sigue ahí. Después de la región del Darién, México es el trayecto más peligroso para las y los migrantes que llegan desde el sur. Bajo las presiones de Estados Unidos, el gobierno de AMLO militarizó la frontera de manera vertical. Creó la Guardia Nacional. Otorgó cargos a los militares en el Instituto Nacional de Migración. Atravesar el país es un cúmulo de controles migratorios y de retenes en los que militares, policías estatales y federales cobran peaje junto con redes criminales que extorsionan, secuestran y violan.
Además, la profundización de las políticas de contención migratoria llevó a que Ciudad de México se convierta en un nuevo punto de tránsito para las personas en movimiento. «En 2022 estaba trabajando en un albergue para personas migrantes y de repente empezaron a llegar 50 personas que venían de la frontera con Estados Unidos [cerrada por la pandemia] con signos de tortura. Habían estado esposadas de pies y manos. Y, al final del día, en un albergue para 100 personas teníamos 500», apunta a Brecha Samantha Hernández Cerón, integrante del colectivo Ustedes Somos Nosotros, que apoya a migrantes en la capital mexicana.
Desde entonces, la llegada de migrantes no se detuvo. Los albergues de Ciudad de México están desbordados. Hay seis campamentos itinerantes en la capital. Algunos con hasta 1.000 personas. «Esto a raíz de varios procesos. Uno, que Tapachula [ciudad fronteriza con Guatemala] no tiene la capacidad para atenderlos. Y porque Estados Unidos estableció que la solicitud de asilo tiene que hacerse por la aplicación CBP One [no puede hacerse en frontera], que funciona a partir del meridiano 19, que casualmente empieza en Ciudad de México y va hasta la frontera norte», indica Hernández.
Que te den una cita puede durar hasta nueve meses. Incluso teniendo una, la persona puede perderla. «Se documentó que a personas con la cita aprobada no les vendieron los boletos de avión ni de autobús para llegar a la frontera. Antes se permitía siempre. Y ahora no hay información de por qué se dejó de hacer. Hay mucha opacidad», dice Hernández. A su vez, sin cita, sin permiso de trabajo y con albergues colapsados, familias enteras terminan en situación de calle. «Hay niños sin acceso a la educación, hay mujeres que acaban de dar a luz y tienen su puerperio en bolsas de basura negras construidas de manera superrudimentaria», describe la integrante de Ustedes Somos Nosotros.
El 28 de abril, AMLO y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a implementar medidas para reducir los cruces fronterizos irregulares y, al mismo tiempo, proteger los derechos humanos. Sin embargo, no especificaron ninguna acción concreta. «A pesar de haber consolidado todo un discurso en favor de los derechos humanos, lo que ha sucedido es que han ido afinando las estrategias de contención y recrudecido las violencias y violaciones de las que son víctimas las personas migrantes. En materia migratoria, no importa mucho qué gobierno esté ni de qué perfil es. En eso hay una continuidad», se lamenta Hernández.
Al gobierno de AMLO le quedan pocos meses. Y pasará tiempo para saber cómo los mexicanos y las mexicanas lo recordarán realmente. El antineoliberal, el populista, el humanista, el autoritario, el republicano, el militarista. No todo será blanco o negro. Aunque, en materia de derechos humanos, la realidad muestra un sexenio bastante distinto al prometido.
1. Archivos en los que se registran los metadatos de todas las llamadas y los mensajes de un número de teléfono y que son almacenados por la empresa telefónica que brinda el servicio.
