Ha desaparecido de la esfera pública y son pocos quienes conocen su paradero. Karol Noroña, periodista ecuatoriana especializada en crimen organizado, se ha refugiado en otro país tras recibir amenazas inminentes de muerte. Su enfoque, sensible a los padecimientos de los sectores más vulnerados, levantó ampollas a partes iguales en las pandillas y en el Estado. Desgraciadamente, no es la única que ha tenido que exiliarse: a poco de su partida, otro periodista siguió sus pasos.
Siguiendo cifras oficiales, 2022 fue el año más violento de la historia ecuatoriana, con 4.603 homicidios, la mayoría relacionados con el sicariato, el narcotráfico y los feminicidios. Escenas impensables hace una década hoy pueblan todos los medios de comunicación: coches bomba, tiroteos indiscriminados, salvajes masacres carcelarias, cadáveres colgando de puentes e incluso personas a las que adhieren explosivos y abandonan a su suerte en medio de la ciudad.
No obstante, para comprender por qué el narcotráfico ha hipertrofiado las peores estadísticas del país andino, Noroña sugiere no dejarse impresionar por la exhibición gore de los miembros amputados y pone el foco en la geografía política. «Ecuador es un país estratégicamente ubicado entre dos de los mayores productores de coca del mundo, Colombia y Perú, con quienes mantiene fronteras porosas, conflictivas y degradadas.» Zonas que, como la provincia de Esmeraldas, «viven una pobreza multidimensional, donde más del 50 por ciento carece de recursos y más del 25 por ciento vive en pobreza extrema. Son lugares en los que siempre ha habido violencia estructural, donde la mayoría no tiene un sustento económico ni acceso a la salud». En estas condiciones, continúa, «el cultivo, el microtráfico y el narcotráfico, aunque sean ilícitos, suponen una economía de subsistencia más plausible que el mercado formal».
Como parte de su investigación, la periodista cuenta que ha recogido numerosos testimonios en esas áreas deprimidas y calientes, como los barrios La Guacharaca (Esmeraldas) y Socio Vivienda (Guayaquil) o los cantones Durán y Lago Agrio. «Durante muchos años no nos hemos permitido ver que quienes forman parte del narcotráfico fueron niños de nuestras comunidades. Nos cuesta creer que, frente al abandono estatal, estos niños se convirtieron también en personas que sirven como operativos del crimen.»
¿UN VIEJO NARCOESTADO?
Aunque analistas y testigos coinciden al poner enero de 2018 como fecha del inicio de la actual escalada de violencia –aquel mes un coche bomba, colocado probablemente por el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fuertemente vinculada al narcotráfico, estalló junto a una comisaría de Policía en la frontera con Colombia–, la presencia de las bandas en Ecuador puede trazarse hasta la década del 80.
En este sentido, Noroña conserva reportajes de la época que describen «un posible nexo de uno de los hombres del gobierno de León Febres-Cordero con el Cártel de Medellín». Febres-Cordero, exdirigente del conservador Partido Social Cristiano y presidente del país andino entre 1984 y 1988, fue denunciado por amparar torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de activistas políticos. «A pesar de que en aquel momento ya se estaba documentando el comienzo de la narcopolítica, la gente estaba más preocupada por la narrativa de la guerra contra los grupos subversivos», explica.
La complicidad entre narcotraficantes y funcionarios atraviesa los sucesivos gobiernos, incluidos los de Rafael Correa. En el año 2011 un think tank británico dijo haber analizado el contenido de varios discos duros propiedad de Raúl Reyes, exmiembro de las FARC. El instituto dijo haber encontrado archivos que probarían la financiación de la primera campaña electoral de Correa a cambio de permitir el comercio de armamento y narcóticos en la frontera. Aunque Interpol peritó los ordenadores y no descubrió ninguna manipulación, la Corte Suprema de Justicia colombiana declaró los ficheros inhábiles para un procedimiento judicial, después de que se demostrase la ruptura de la cadena de custodia. Esta acusación contra Correa se repitió poco después, cuando el capo de la droga Óscar Caranqui escribió un libro en el que afirmaba, de nuevo, los vínculos entre Correa y la guerrilla colombiana. Los 10 mil ejemplares impresos fueron incautados judicialmente en 2013 y meses después Caranqui fue asesinado en una prisión de máxima seguridad. El autor del disparo amaneció ahorcado en su celda una década después.
Tras Rafael Correa, los siguientes ocupantes del Palacio de Carondelet, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, han esgrimido ante la opinión pública que Ecuador está sufriendo este remolino de sangre, gritos y detonaciones precisamente porque sus gobiernos no se pliegan a los narcotraficantes. Ambos, en palabras de Noroña, han reaccionado a la situación con un «enfoque securitista», aprobando más de 20 estados de excepción desde 2017, usando a militares para patrullar y legalizando el porte de armas por civiles. Medidas que, insiste, son «importadas de la guerra contra las drogas estadounidense»: por un lado, mano dura –y flexibilidad con los derechos humanos– y, por otro, corrupción y desvío de recursos. «El año pasado fueron asesinados más de 70 policías de los eslabones más bajos, pero luego no les dan presupuesto ni para chalecos. Contratan 10 mil policías más que ni siquiera saben manejar un arma, con el peligro que conlleva para ellos mismos y la sociedad.»
Noroña, además, lanza una pregunta cuya respuesta es un secreto a voces: «¿Cómo es posible que Lasso se deje guiar siempre por los servicios de inteligencia o la cúpula policial, que es sospechosa de estar cooptada y fragmentada por los grupos criminales?». La periodista tampoco comprende que Lasso acuse de «malos jueces» a quienes concedieron, en febrero pasado, el habeas corpus a Júnior Roldán, antiguo líder de la banda Los Choneros, ya que esta decisión judicial fue tomada gracias a un informe de excarcelación elaborado por el propio Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), la agencia gubernamental que se ocupa de las prisiones en Ecuador.
MASACRES Y AMENAZAS
Probablemente la manifestación más cruda de la crisis de seguridad en Ecuador sean las masacres carcelarias. En los últimos tres años se han repetido matanzas en presidios de todo el país, causando más de 450 víctimas mortales. Con estas reyertas masivas, las bandas compiten por el control de las penitenciarías, asesinan a dirigentes y disciplinan a los reclusos. «Los presos viven en condiciones paupérrimas, hacinados, enfermos de tuberculosis. Cualquier encierro es algo que te merma, que te va quebrando emocionalmente y, si a eso le sumas las circunstancias en que viven… Cuando salen de prisión muchos deben pasar meses en tratamiento, en cama y con suero para hidratarse.» «En cambio, los líderes de los cárteles gozan de privilegios que no esconden. En las penitenciarías han habilitado piscinas, discotecas y prostíbulos; tienen armas, droga, videojuegos y mascotas en sus celdas; por añadidura, consiguen que sus familiares y amigos los visiten en alas privadas del edificio. Mi sentido común me dice que nada de esto puede ocurrir a espaldas del SNAI», denuncia la periodista.
La mañana del viernes 24 de marzo, Noroña recibió un mensaje: iban a matarla de inmediato. Contrastó la noticia con más fuentes. Cayó en la cuenta de que, días antes, su cuenta de Twitter se había comportado de forma extraña. Aquella no fue la primera amenaza que recibió, pero sí la más contundente. Preocupada, se dejó aconsejar por sus colegas de que tenía que salir del país. Cogió cuatro bártulos y se fue al aeropuerto, mientras se coordinaba con el exterior la logística del viaje. Subió a un avión. Y luego a otro. Y a otro.
El periodismo es un oficio peligroso en Ecuador. En marzo de 2018 tres trabajadores del diario El Comercio fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra y murieron violentamente. Otros reporteros, como Gerardo Delgado, Mike Cabrera y Henry Vivanco, también han sido asesinados por sicarios. Ninguno de estos casos parece haber suscitado aún una preocupación gubernamental y mediática a la altura de las circunstancias.
(Publicado originalmente por El Salto. Brecha reproduce fragmentos.)
