La llegada a Perú de una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) la próxima semana, al haber activado la Carta Democrática Interamericana, podría ser el último recurso para que el país andino encuentre una ruta ante la crisis de gobernabilidad que empezó en 2017 y se agravó este año, con seis investigaciones fiscales por corrupción al presidente, Pedro Castillo, y la obsesión de la oposición parlamentaria conservadora de destituir al mandatario, incluso desde antes de las pesquisas. A este cuadro de constante enfrentamiento entre poderes se ha sumado la nueva fiscal general, que actúa en sintonía con el Legislativo desde agosto.
Mientras Castillo y su entorno se defienden y el Congreso busca otras vías para sacar al exlíder sindical, la débil institucionalidad estatal se expresa en la precarización de los servicios de salud y de educación, las deudas impagables de la agricultura familiar y el ineficiente combate de la trata de personas y la delincuencia, entre otros densos problemas. Castillo llegó a la presidencia en 2021, con una diferencia de 44.263 votos respecto de su adversaria, la lideresa opositora Keiko Fujimori, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y obstrucción a la justicia. En las elecciones generales de 2016, el conservador Pedro Pablo Kuczynski se impuso a la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori por poco más de 42 mil votos. Lo que ambos presidentes han debido encarar al poco tiempo de pisar el Palacio de Gobierno fueron mociones de «vacancia por incapacidad moral permanente», promovidas por quienes perdieron las elecciones y sus aliados. Además, Martín Vizcarra –quien reemplazó como jefe de Estado a Kuczynski cuando este prefirió renunciar en lugar de que el Parlamento lo echara con 87 votos mediante la «vacancia»– tampoco terminó el mandato: la oposición parlamentaria lo sacó en noviembre de 2020, en el segundo intento de vacancia en su contra, con 105 votos.
Así, Perú ha tenido cinco presidentes desde 2016 y el actual se ha salvado dos veces de la destitución: en noviembre y marzo, pues no hubo suficientes votos. Este mes, los opositores redactaron una nueva moción para sacarlo y han conseguido 60 adhesiones, pero aún no la han tramitado, ante la posibilidad de –por tercera vez– no reunir los votos suficientes y reaparecer como obstruccionistas del Ejecutivo.
El mandatario peruano ha tenido un pobre desempeño en su primer año de gestión y, en su afán de evitar la remoción, ha hecho unos 50 cambios de ministros, intentando contentar a las bancadas. Pero los continuos cambios en el gabinete también se han debido a que colocó a personas incompetentes, sugeridas por su entorno –con el que tenía deudas apalabradas desde la campaña electoral–. En 14 meses de gestión, el Congreso ha censurado a cinco ministros y ha interpelado a cerca de 30 –una forma de presionar para lograr la renuncia y acumular argumentos para mociones de vacancia–.
LA FISCALÍA Y LA OEA
El 11 de este mes, la fiscal general Patricia Benavides –que asumió el cargo en julio– presentó al Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y solicitó no aplicar un artículo de la Constitución que habilita investigar al presidente solo por cuatro delitos –distintos a los de su denuncia–. Si el Congreso la aprobara, permitiría que la fiscal general pasara a la fase de investigación preparatoria para acusar a Castillo ante la Corte Suprema.
La mayoría de los juristas señalan que la fiscal cometió un error al pedirle a un órgano político –el Congreso– una interpretación judicial para dejar en suspenso un artículo de la Constitución. También critican que Benavides use la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para pedir esa excepción. Diego García Sayán, relator de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, quien, como el 53 por ciento de los peruanos, está a favor de que Castillo sea investigado, comentó recientemente a un medio peruano que la denuncia constitucional es deficiente porque la Convención no tiene rango constitucional –por no ser un tratado de derechos humanos–, y literalmente señala que los Estados parte deben desarrollar legislación nacional para aplicarla.
El 12 de octubre, el canciller peruano, César Landa, envió una carta al secretario general de la OEA y pidió aplicar los artículos de la Carta Interamericana que habilitan a un Estado miembro a solicitar asistencia «para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática» cuando «considere que está en riesgo su proceso político institucional o su legítimo ejercicio del poder». El Consejo Permanente de la OEA aprobó el pedido de Perú la semana pasada y el diario peruano La República informó que el grupo de alto nivel llegará la próxima semana, según dijo en una carta Marten Schalkwijk, presidente del Consejo Permanente, al presidente del Congreso peruano, José Williams, general del Ejército en retiro y político conservador.
Este año, la mayoría opositora conservadora del Congreso ha intentado nombrar un nuevo defensor del pueblo afín a su visión, mediante un proceso poco transparente que ha sido cuestionado por el sindicato de la Defensoría del Pueblo, acostumbrado a resguardar la institucionalidad de ese organismo. Por otro lado, la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional comparten con la mayoría parlamentaria una agenda antiderechos sociales.
PESQUISAS INICIALES
En enero, la entonces fiscal general Zoraida Ávalos abrió la primera investigación contra Castillo, por tráfico de influencias en los ascensos militares, y dejó algunas diligencias pendientes para cuando el presidente concluyera su mandato. Sin embargo, en mayo el fiscal general Pablo Sánchez –quien asumió esa función temporalmente este año– abrió otra investigación al mandatario por colusión y tráfico de influencias agravado en la adjudicación de una millonaria obra pública, y señaló que había «indicios razonables» de la existencia de una organización criminal en el aparato del Estado.
Por primera vez en la historia peruana, un fiscal general investigaba activamente a un presidente en ejercicio por corrupción en funciones: Sánchez no dejó pendientes las diligencias porque consideró que había riesgo de destrucción de evidencias en el aparato estatal y en el entorno familiar del presidente, e interrogó en junio a Castillo.
Hasta entonces, las investigaciones fiscales tenían gran cobertura en la mayoría de los medios de Lima, los mismos que en 2021 se sumaron a la idea falsa del fraude electoral que usó la candidata Fujimori y sus aliados luego del balotaje. Además, algunas comisiones del Congreso hicieron eco de las indagaciones de los fiscales generales, para continuar los ataques a Castillo, a ministros y exministros, a parientes del presidente y a otras personas que intervenían irregularmente en nombramientos de personal y en contrataciones para obras públicas, solo por su cercanía con el mandatario y porque colaboraron con su campaña electoral.
Los magistrados Ávalos y Sánchez no se prestaron a que sus investigaciones fueran usadas políticamente: no declararon a los medios sobre las diligencias con Castillo y su entorno ni visitaron el Congreso para dar «mensajes anticorrupción» acompañados de la oposición parlamentaria. Ello cambió cuando Benavides fue nombrada como nueva fiscal general.
LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Benavides era una fiscal suprema provisional y fue examinada por la Junta Nacional de Justicia en mayo para ser promovida a fiscal suprema titular; sus dos hermanas juezas estaban entonces bajo investigación fiscal: una por recibir sobornos de capos del narcotráfico a cambio de liberarlos. En la entrevista le preguntaron qué ocurriría con el caso de un pariente suyo si ella ascendía. «Éticamente jamás interferiría o tendría una injerencia en el caso en que una familiar está investigada», contestó.
Pero, en julio, una de sus primeras medidas como cabeza del Ministerio Público fue sacar del despacho a la fiscal suprema que investigaba a sus dos hermanas, y reemplazó a fiscales que tenían a su cargo casos de magistrados pertenecientes a una mafia en el sistema de justicia y a otro que llevaba una larga y compleja investigación sobre una familia vinculada con el narco. En agosto, la congresista Susel Paredes pidió a la Junta Nacional de Justicia actuar respecto de la fiscal Benavides porque quebró su promesa de no intervenir en el caso de sus hermanas. Sin embargo, dos meses y medio después no hay un pronunciamiento del colegiado que sanciona, evalúa, nombra y remueve a los magistrados.
El relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Ralón, estuvo de visita en Lima a mediados de octubre y exhortó a la Junta Nacional de Justicia a actuar «con legalidad y debido proceso» respecto de la fiscal general Benavides. Además, hizo un llamado a que Perú reglamente la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, la acusación constitucional y el cierre del Congreso por dos denegatorias de cuestión de confianza, debido a que al ser usadas con «criterios de subjetividad» generan un «alto riesgo a la institucionalidad democrática». El comisionado destacó que desde 2016 el Congreso peruano ha promovido seis mociones de vacancia presidencial «dificultando la gobernabilidad». También anotó que el país ha tenido tres parlamentos en seis años.
Consultado el jurista García Sayán, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) entre 2008 y 2013, sobre el cuadro complejo que encontrará el grupo de alto nivel de la OEA, dijo que los actores de la crisis política ya no son solo el Ejecutivo y el Congreso enfrentados, pues la denuncia constitucional que presentó la fiscal general es «un elemento adicional que resquebraja el Estado de derecho». «El fuego sale de todos lados, hay sindicaciones de corrupción del Ejecutivo que deben ser investigadas, pero hay muchos otros elementos: la complejidad de los actores hace que sea uno de los retos más grandes para la OEA», refirió.
Según el expresidente de la Corte IDH, «hay problemas recientes muy serios en el sistema de justicia», entre ellos, los «elementos controversiales» en la persona designada como fiscal general. «Tenemos una institucionalidad afectada porque removió a un montón de fiscales, cuando de acuerdo al derecho internacional los fiscales no pueden ser sacados sin un proceso previo», explicó.
DIÁLOGO SIN PARTIDOS
Adicionalmente, García Sayán destaca que el escenario actual de Perú, sin partidos políticos fuertes, es también un desafío para el trabajo de la misión de la OEA, a diferencia de 2000, cuando una misión interamericana facilitó el diálogo político en Perú para recuperar la democracia. De acuerdo al politólogo Mauricio Zavaleta, desde la década pasada Perú tiene «coaliciones de independientes» que buscan el poder para intereses particulares y fondos para campañas electorales, pero ya no pueden considerarse partidos como tales.
El Legislativo peruano tiene una cámara de 130 miembros, divididos en 13 bancadas –aunque en julio de 2021 empezaron siendo diez–, y existe un número de congresistas no agrupados que renunciaron a sus grupos políticos. En su peor momento de este año, el Congreso tuvo un 6 por ciento de aprobación ciudadana en las encuestas, luego de eliminar las atribuciones de la superintendencia de calidad educativa universitaria –con el fin de facilitar los negocios de universidades privadas clausuradas– y de anular la educación sexual integral en las escuelas. En octubre, su popularidad pasó a 16 por ciento. En tanto, la aprobación de Castillo oscila entre 25 y 26 por ciento.
En este panorama, un 68 por ciento de los peruanos no se siente representado por ningún líder político, de acuerdo a una encuesta de setiembre del Instituto de Estudios Peruanos. Los problemas agravados durante la pandemia siguen esperando el momento en que baje la polarización y las autoridades destinen tiempo a gobernar. Mientras la mayoría opositora dice que combate «el comunismo y la corrupción», el presidente y sus ministros llaman «golpistas» a los que quieren sacarlos por alguna vía. Otra cifra de un sondeo de Ipsos Perú, difundido el domingo pasado, revela las expectativas de la ciudadanía: el 56 por ciento de los peruanos prefiere que el Congreso logre un acuerdo político, solo un 32 por ciento está de acuerdo en que busque destituir al presidente. Un largo camino espera a Perú para restituir o renovar reglas de juego que garanticen la gobernabilidad y los derechos.
