La difusión de chats del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano ha entrado, de momento, en una curva descendente. El interés que despertaban sus mensajes tuvo una suerte de dique de contención con la condena mediante acuerdo abreviado acordada por Gabriela Fossati, fiscal que a partir de allí acaparó la atención durante dos meses por un rosario de decisiones polémicas que terminaron con su desplazamiento de la causa. Sin embargo, aún hay mucho material por revisar −tanto por el periodismo como por la nueva fiscal que tomó el caso− en los miles de páginas que componen los chats, a las que en algún momento se agregarán los diálogos de Astesiano con el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, y las declaraciones en la fiscalía del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y del prosecretario, Rodrigo Ferrés, sobre las que rige una reserva judicial que caerá a mitad de año. Este intermezzo parece un buen momento para evaluar algunos aspectos importantes del asunto, como el conocimiento y el involucramiento del presidente Luis Lacalle Pou con las actividades de Astesiano.
La línea discursiva del presidente ha sido tomar la mayor distancia posible de su excustodio, coadyuvado por la mayoría de los actores políticos de la coalición, con el objetivo estratégico de cuidar el capital político de su principal figura. Pero los esfuerzos retóricos del mandatario se dan de bruces con la evidencia en muchos casos, e incluso con declaraciones anteriores suyas que los canales de Youtube se encargan de exponer. Uno de los conceptos repetidos por Lacalle Pou cada vez que se le pide evaluar el tema Astesiano es decir que «no hay ningún político involucrado». La frase, en boca del presidente, ejerce un curioso efecto centrífugo. Lleva a buscar aquí y allá si algún ministro, legislador o asesor tuvo participación directa en episodios turbios vinculados al excustodio o a señalar la complicidad de la cúpula policial, cuando el político que se busca es el mismo que niega tal involucramiento, como quien se esconde debajo de la vela.
Para empezar, Astesiano fue designado por Lacalle Pou, algo que el propio presidente, tardíamente, reconoció como un error. Esa designación se debió a la confianza producto de décadas de trabajo del excustodio junto a su familia y no a criterios de formación para el puesto. Aunque Lacalle Pou dijo, en aquel momento, que era un «excelente profesional», el Fibra apenas tenía en su experiencia un breve paso por la Policía y su opaco rol en una empresa de seguridad. Lejos estaba de haberse profesionalizado en el rubro.
Sobre este punto, viene al caso una nota de El Observador (14-XII-22) en la que el politólogo Nicolás Álvarez Rosas, especializado en seguridad e inteligencia, explicó que en otros países la custodia de los presidentes depende de los servicios de seguridad del Estado y sus integrantes no son designados por los mandatarios, a diferencia de lo que establece en Uruguay el decreto de 2006 que regula el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP). Si el currículum no era el fuerte del Fibra, la confianza y un particular concepto de lealtad parecen estar en el núcleo de la relación presidente-custodio.
«No banco a los traidores», le dijo Astesiano al exsubdirector nacional de la Policía Héctor Ferreira –uno de los indagados del caso– hablando acerca de un funcionario que le había llevado a Lacalle Pou una carpeta con información sobre su pasado (una de las tantas oportunidades que tuvo el presidente de retirarle la confianza, sumada a las advertencias confirmadas de Jorge Larrañaga y Álvaro Garcé). «Del Fibra no me venga hablar [sic]», habría respondido el presidente. Si bien esos dichos de Lacalle Pou hay que expresarlos en condicional, pues se conocen indirectamente por Astesiano, distintos referentes del periodismo nacional han evaluado en mesas de debate organizadas el mes pasado (por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y por el programa La letra chica, de TV Ciudad) que, aunque hay conversaciones en las que el excustodio parece invocar al presidente sin su visto bueno, hay otras alusiones que tienen en su contexto fuertes indicios de verosimilitud. En otros episodios, directamente hay evidencias del involucramiento presidencial.
ALGUNAS MUESTRAS
Una semana particularmente intensa en este caso fue la previa a la última Navidad. En ese entonces se dieron a conocer púbicamente, en días sucesivos y por distintos medios, los intercambios de Astesiano con Jorge Berriel, el ex número tres de la Policía, imputado por Fossati. El cruzamiento de esa conversación con el chat de Astesiano y el custodio de Lorena Ponce de León permitió reconstruir las averiguaciones sobre un viaje privado de la esposa del presidente. El intercambio con Berriel incluyó el reenvío de una captura de pantalla de los mensajes enviados por Lacalle Pou a Astesiano, en los que le preguntó: «¿No sabemos para dónde?», en alusión al destino del viaje de su esposa, a lo que siguió un «Ok» cuando Astesiano le dijo que estaba averiguando.
Pero ese episodio y la censura que aplicaron a su publicación los accionistas de El Observador, bajo la presión del gobierno, quitaron atención sobre otro hecho de extrema gravedad que se había conocido en la misma semana: la filtración de Berriel, con destino a Astesiano, de un parte policial reservado correspondiente a una denuncia de violación de una menor. Que la investigación de esa denuncia haya sido archivada el mes pasado por la fiscalía no hace mella alguna en la gravedad de esa filtración de datos personales sensibles, mencionada expresamente en la acusación de Fossati a Astesiano. Berriel también fue formalizado por el delito de revelación de secreto por haber enviado esa información, que Astesiano solicitó, de acuerdo al argumento oficial, para que el presidente pudiera responder a eventuales consultas de la prensa.
Cuando recibió el parte reservado completo, en formato pdf, con el nombre de la víctima, su madre, sus amigas y el itinerario de sus pericias forenses, Astesiano respondió: «Bien. Está leyendo todo», en referencia a Lacalle Pou. También trasmitió, en varios audios, el malestar del presidente porque ningún dirigente político le hubiera informado de esa denuncia, cuyo contexto era una fiesta organizada por el Partido Nacional. Cuando caiga la reserva de los chats entre Lacalle Pou y Astesiano (dispuesta hasta el 23 de junio de este año) se podrá saber si el custodio le reenvió ese documento; en tal caso, si la fiscalía mantuviese ante el presidente el criterio aplicado para Astesiano y Berriel, debería imputarlo por el mismo delito. Por ahora no es posible saber si el mandatario fue interrogado por este hecho ni si lo reconoció o lo negó.
Esa solicitud puso la capacidad de Lacalle Pou para responder ante la prensa por encima de un derecho especialmente sensible: el de una víctima doblemente protegida, en tanto denunciante de un delito sexual y en tanto menor de edad. Aunque la fiscal Fossati estableció que la revelación de secreto infringía el artículo 259.21 del Código del Proceso Penal («Las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento»), la filtración también se llevó puesto el artículo 8 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que protege los derechos de las mujeres víctimas de violencia en los procesos administrativos o judiciales, y la protección especial que dispone el artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Pero, además, todo ese proceder fue reconocido y justificado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. «¿Cómo pasarle al presidente y a su custodia quién fue violado en un club político es un delito? Dio los nombres. No difundió el nombre. Le dio al presidente, que es el jefe de todos nosotros», fueron sus textuales declaraciones. Esa condición de «jefe de todos nosotros» (¿de los ministros, de la Policía o de la población en general, incluidas las víctimas de delitos sexuales?) le daría, a criterio de Heber, el derecho al presidente a una suerte de omnipresencia en materia judicial, alineada con la concepción herrerista de la figura presidencial (véase la columna de Gabriel Delacoste en esta misma edición). Por estos días, el oficialismo también se arriesga con su defensa cerrada (y beligerante, en el caso de Heber) del senador Gustavo Penadés, implicado en denuncias por abuso sexual, defensa que puede volver a dejar mal parada a la cúpula del gobierno si se confirman los hechos denunciados.
PESQUISAS, PERSECUCIONES Y DESPIDOS
Otro evento oscuro en el que Astesiano involucró al presidente fue el del ofrecimiento de información sobre el exdirector nacional de Policía Mario Layera por parte de un funcionario policial. El exjefe de seguridad respondió que Lacalle Pou estaba interesado y que manejarían el asunto con total reserva (Layera denunció estos hechos en la Justicia a principios de marzo, luego de la condena al excustodio). Pero incluso para decisiones que, en principio, podrían encuadrar dentro de las facultades inherentes al cargo de jefe de la seguridad presidencial, Astesiano trabajaba en frecuente consulta con Lacalle Pou.
Por ejemplo, el 19 de enero de 2022 el excustodio investigó, junto a Ferreira, el periplo de dos personas que le habían robado a una abogada que trabaja en la Torre Ejecutiva. Los ladrones se dirigieron a una boca de drogas de la zona y sus movimientos fueron seguidos a través de las cámaras del Ministerio del Interior (MI). En esa ocasión, quizás para apurar a Ferreira, Astesiano le compartió capturas de pantalla de sus reenvíos de videos y audios en tiempo real a Lacalle Pou.
El mandatario también siguió de cerca el cese de un funcionario subordinado a Astesiano. Al jefe del servicio de seguridad presidencial le corresponde, según el reglamento del SSP, «proponer al Área de Coordinación los ceses de comisión y la rescisión de los contratos del personal del Servicio de Seguridad Presidencial, y proponer los correspondientes reemplazos». Una decisión de ese tipo fue tomada por Astesiano, en consulta con Lacalle Pou, entre el 6 y el 7 de abril de 2022. En los chats con Fabricio Fagúndez, el encargado del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del MI, Astesiano pidió rastrear el usuario y la IP desde la que se había obtenido la ficha policial de un ciudadano, proveniente del SGSP y divulgada por el programa Santo y seña en el contexto de un informe periodístico. La sospecha era que el filtrador era un integrante de la seguridad presidencial.
El Fibra invocó permanentemente al presidente en ese diálogo con Fagúndez. «Es lo que decía el presidente. Estábamos hablando justo de eso ahora. Estaría bueno tener eso [el IP], […] y ya te digo que en vez de una voy a tener que cortar dos cabezas», dijo en un audio. En otro agregó: «La orden que tengo del presidente es: “Llegá, Fibra, al fondo”». La investigación determinó que el usuario desde el cual se recabó la ficha del SGSP no correspondía al policía del que Astesiano y Lacalle Pou sospechaban, sino al usuario de otro funcionario, tomado en préstamo. Pero persistía la convicción de que el sospechoso inicial era el responsable de la filtración.
La primera decisión, entonces, fue cesar el pase en comisión, proveniente del MI, del funcionario que había prestado el usuario. El cese fue firmado por Astesiano. «No sé si vos hablás con Berriel o algo. Por mí que lo manden para la [seccional] 20 igual, pero yo creo que en el ministerio le van a iniciar un sumario también, que fue lo que me dijo el presidente», volvió a citar Astesiano en un audio a Fagúndez. Sigue Astesiano en un audio posterior: «Estábamos hablando con Berriel que capaz que no es para sumario. Me voy a reunir con el presidente de nuevo y le voy a decir que para mí no es para sumario. Lo que sí una sanción […] Igual al otro lo saco en cuatro o cinco días, quedamos con el presidente que lo sacamos también, porque sabemos que el otro fue el que le pidió el favor».
El diálogo se cerró con un audio en el que Astesiano invitó a Fagúndez a la residencia de Suárez. «Cuando quieras estás invitado acá a la Residencia a conocer el centro de monitoreo nuestro», es decir, el centro desde el que se accede a las cámaras del MI desde la casa del presidente. Como es de público conocimiento, Astesiano ocupaba, además, una oficina en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Por eso, una de las respuestas de Lacalle Pou a la periodista Blanca Rodríguez en la última entrevista de Subrayado («No estaba nunca conmigo, salvo cuando viajaba, que era la persona que me acompañaba, o cuando tenía una actividad particular a la que yo no podía ir solo») se revela insostenible. «Yo tengo dos equipos de custodia. Una semana uno, otra semana otro. Él no estaba en ninguno de los dos equipos de custodia, pero con esto no le estoy sacando responsabilidad a mi error», dijo también el presidente. Le faltó mencionar que Astesiano era el jefe de esos equipos y disponía los ingresos, los ceses y las funciones de su personal.
1. La acusación divulgada en la página oficial de la fiscalía se refiere al artículo 159.2 del Código del Proceso Penal, que tiene que ver con la declaración de testigos. Un jurista consultado por Brecha aclaró que el artículo que regula la reserva de las investigaciones preliminares frente a terceros es el 259.2, y supuso que hubo un error de tipeo en ese documento oficial.
