La “falsa gratuidad” de nuestro sistema de enseñanza pública es otro de los respetables argumentos en el debate, usado sobre todo por los egresados que se han sentido atacados por un aporte que los persigue durante toda su vida profesional. Son los “llorones”, según los definió el senador Ernesto Agazzi en la prensa.1
Casi por fuera de la discusión, están los estudiantes: más del 18 por ciento de los egresados del año pasado fueron becados por el Fds, sobre todo en el interior del país (un 55 por ciento de los estudiantes del noroeste recibieron esa ayuda económica). Son jóvenes de bajos recursos, y el 97 por ciento de ellos recibieron una educación superior a la de sus padres o son los primeros graduados en la familia.
Cada uno se colocará del lado que quiera, o que pueda. Lo cierto es que, de aprobarse la nueva ley de presupuesto –y con ella, el artículo 699 que corresponde al Fds –, los cambios serán varios. Ya fue aprobado en bloque por la Cámara de diputados a mediados de octubre y ahora la polvareda vuela hacia la cara de los senadores.
LOS NÚMEROS. Uno de los cambios más importantes propuestos en el proyecto de ley es el aumento del mínimo imponible para aportar al Fds, que se duplica, llegando a 8 bases de prestaciones y contribuciones (Bpc), equivalentes hoy a 24.400 pesos. Un 17 por ciento de los egresados de Utu y de la Universidad de la República quedarían exonerados de esta obligación.
Se establecen sólo dos categorías de pago según la duración de las carreras: menos de cuatro años, y cuatro años o más (la escala anterior establecía tres), manteniéndose la consigna de que los profesionales no paguen durante los primeros cinco años de graduados.
Según el proyecto de ley, los egresados cuyas carreras tengan una duración inferior a cuatro años aportarán por año media Bpc (1.525 pesos) entre los cinco y nueve años desde el egreso, y una Bpc (3.050 pesos) a partir de cumplidos los diez años de terminada la carrera. Por otro lado, los graduados de carreras de cuatro años o más aportarán anualmente una Bpc (3.050 pesos) entre los cinco y nueve años desde el egreso, y dos Bpc (6.100 pesos) luego de los diez años. Los egresados en este último caso seguirán pagando además el adicional (aproximadamente el doble del monto anual), creado en el 2001 en tiempos de crisis, cuando el presupuesto era insuficiente.
Con esta reforma, suben los montos y también la cantidad de años a aportar, ya que se extiende el plazo hasta los 70 años o hasta que el profesional se jubile, mientras que ahora el límite son 25 años de aportes.
Los egresados de la Universidad Tecnológica (Utec) se sumarán también como futuros aportantes.
EN EL FONDO, LAS IDEAS. “Venimos a solicitar que los artículos propuestos en el proyecto de ley sean desglosados y tratados en una ley común”, leyeron en voz alta el viernes pasado los profesionales organizados frente a la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Senado. Para avalar su planteo, presentaron las 12.525 firmas recogidas a través de la plataforma web change.org. Uno de los grupos de Facebook más populares se llama “Reformulación del Fds y eliminación del adicional” y ya tiene 12.606 seguidores. “Pretendemos que el Gobierno tome conciencia de que la enseñanza superior es gratuita y que no cobre una matrícula disfrazada a través de una contribución desmedida en monto y tiempo (casi 50 años)”, denuncian. Consideran que el pago del adicional debe eliminarse porque la etapa de crisis en el presupuesto ha sido superada y ese plus ya se ha vuelto injusto y persecutorio.
La extensión hasta los 70 años también les parece excesiva: “Estoy por lograr los 25 años de aportes. Es como si alguien estuviera remando, casi por llegar a la orilla y le corrieran la costa”, ejemplificó frente al Senado la abogada y escribana Virginia Graña, y afirmó que ni el título ni la antigüedad en la carrera aseguran el éxito profesional. Además, reclaman que la medida no sea retroactiva y que en el caso de aprobarse se aplique sólo a los nuevos egresados.
“Se ha transformado en un impuesto confiscatorio”, explicó la representante de los egresados a Brecha. Graña es tajante en este resumen: “a veces nos dicen que no queremos ser solidarios, pero a veces hay que ser solidarios con tu propia familia: si alguien que gana 24 mil pesos tiene que devolver 11 mil pesos al año, no es que no quiere pagar, es que no puede, no le da”. Si lo que se busca es que el que gane más pague más, piensa Graña, se podría pensar en una reforma más escalonada que la actual, por ejemplo, agregando otra categoría media en la cual los que ganen entre 24 y 40 mil pesos paguen menos. Para Graña, es en esa franja donde más se aprieta a la gente: los estudios o empresas chicas, los psicólogos, los licenciados. Y amplía: “Es el común de los egresados, el profesional independiente, ése que tiene altibajos en su sueldo mes a mes. Es el egresado de clase media, que lucha y que trabaja de forma independiente, que tiene un empleíto, porque luego de obtener su título tiene que trabajar de empleado, a ellos se los está sangrando”, remató Graña.
Por otro lado, el presidente del Fondo de Solidaridad, Marcos Supervielle, explicó a Brecha que la prioridad de la reforma es subir el mínimo imponible precisamente para ayudar a esos 17 mil profesionales que ganan menos de 24 mil pesos: “Si somos solidarios con los estudiantes de bajos ingresos, también tenemos que serlo con los universitarios de bajos ingresos”. El sociólogo explicó que la idea es contemplar a esos egresados jóvenes que tienen cerca de 30 años, que recién están formando su hogar o teniendo sus primeros hijos. En cambio, los estudios que manejan en el Fds le han demostrado que cuando un profesional gana más dinero es cerca de los 60 años, “es el momento donde tiene más ordenados los ingresos, ya no tiene hijos a cargo… ¿Por qué dejar de aportar en ese momento? Al contrario, es cuando más tienen que aportar”.
Explica que un sistema “más justo” de contralor sueldo por sueldo –al estilo Irpf a través de Dgi– sería inviable con sus 105 mil contribuyentes, y a la vez, si los aportes se aplicaran como una tasa sobre la escala de sueldos, se transformaría inmediatamente en un nuevo impuesto, y a pesar de las acusaciones, no es la idea. Además, como todo impuesto, iría directamente a Rentas Generales lo que le agregaría burocracia al tiempo de las becas que hoy el Fondo entrega puntual cada comienzo de año.
El presidente del Fds dijo a Brecha que “todo gira en torno al ombligo del profesional que tiene que poner unos pesos de más, pero no de los estudiantes de bajos ingresos, ni de los del interior del país” o ese profesional de “abajo”. Agregó que actualmente el egresado que paga más al Fds (una declaración de 199 mil pesos) lo paga en 35 años, a razón de unos 475 pesos por mes: “Es un año de una universidad privada”, según Supervielle (o una cuenta de celular por mes, según dijo Agazzi en la nota ya mencionada).
Para Supervielle, en el fondo todo se trata de posturas ideológicas.“Tengo una tesis de una estudiante que me muestra que los egresados de Humanidades entienden mucho más la filosofía del Fds que los egresados de Derecho, y los primeros son los que ganan notoriamente menos. Son los que pasan peor, pero que entienden bien lo que es en definitiva la solidaridad. Otros están directamente contra el principio, me lo han dicho y valoro esa honestidad.”
Es que cada uno se sitúa donde quiere, o donde puede.
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[notice]El (abultado) sueldo del gerente
El presidente del Fondo de Solidaridad (Fds), Marcos Supervielle, reconoció a Brecha que el sueldo del gerente general del Fds, Enrique Miranda (de 267.007 pesos mensuales, según se hizo público en octubre) es elevado, sin embargo sostuvo que es un monto menor si se compara con los salarios que las empresas públicas de administración privada pagan a sus gerentes generales. Agregó que según los estudios que manejaban a la interna del Fds, el promedio –para la consultora Price Waterhouse Coopers, por ejemplo– es de 300 mil pesos mensuales. De todas formas, desde el Fds han puesto el tema a consideración del Poder Ejecutivo para que revise y reajuste el sueldo de Miranda.
Por otro lado, la comisión que dirige el Fds seguirá siendo honoraria, salvo la figura del presidente que pasará a ser remunerado por sus funciones con un sueldo similar a un cargo full time en la Udelar (entre 60 mil o 70 mil pesos).
Por su parte, la Asociación de Funcionarios del Fondo de Solidaridad (Affos) también mostró su postura en un comunicado público el jueves pasado: sostienen que la remuneración del gerente general no corresponde a una redistribución justa de los ingresos internos como sostiene la Presidencia del Fds. Denuncian que, muy por el contrario, viene creciendo la “precarización salarial de compañeros tercerizados que perciben remuneraciones mensuales de 7.500 pesos nominales”.
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