En una jornada de ritmo frenético y llena de simbolismos, la toma de mando de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre entrañó la posibilidad de un cambio radical del régimen político mexicano. En su campaña electoral, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) propuso lo que llamó la “cuarta transformación” de las instituciones y la vida pública de México, como antónimo de la “continuidad” de los regímenes neoliberales de los últimos 36 años. En buen romance: reformismo o barbarie.
Termina un ciclo largo de visión de la economía y la gestión gubernamental dominada por la tecnocracia neoliberal –y que en los dos últimos sexenios dejó una estela de 270 mil muertos y 37 mil desaparecidos, producto de la violencia criminal y estatal– y comienza un gobierno con un claro enfoque y programa social, dirigido a construir una democracia política, redistribuyendo las cargas y beneficios del proceso productivo en favor de los más pobres, aunque sin desbordar el marco capitalista.
“AMLO”, como se conoce popularmente al presidente –nacido en 1953 en Tepetitán, en el estado de Tabasco–, ha repetido que su llegada a la presidencia es un cambio de régimen, no de gobierno. Su objetivo principal es desmontar el modelo neoliberal o al menos limar sus aristas más perversas. Y para ello se propone encabezar una revolución pacífica, de las conciencias, bajo el signo de la reconciliación (de clases), en la que prime el interés general.
ACTOS Y GESTOS. En la inauguración de su sexenio quizá fue más importante lo que hizo que lo que dijo. Se dirigió al Palacio Legislativo de San Lázaro en su ya célebre automóvil Jetta blanco, sin aparato de seguridad, acompañado sólo por algunos motociclistas de la policía capitalina y deteniéndose en los semáforos con luz roja.
En su discurso ante el Congreso el mensaje más fuerte fue: “No tengo derecho a fallar”; también criticó intensamente al neoliberalismo (“ha sido un desastre, una calamidad”) y aseveró que las máximas autoridades del país se habían dedicado a concesionar el territorio y entregar empresas y bienes públicos, incluso funciones del Estado, a particulares nacionales y extranjeros; señaló que la corrupción “se convirtió en la principal función del poder político”; hizo una defensa apasionada de las fuerzas armadas, aunque dijo que no será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a derechos humanos por parte de militares; al hacer mención a los invitados internacionales no omitió el nombre de Nicolás Maduro, quien todavía no había llegado a la sede legislativa.
En una comida con dignatarios e invitados sentó en la mesa de honor a Ivanka Trump (hija del presidente de Estados Unidos), al presidente venezolano, al rey de España y al presidente cubano. Luego, como líder social que cuenta con una legitimidad de la que carecieron los últimos jefes del Ejecutivo, acudió después a la plaza pública (El Zócalo-Tenochtitlán) para ser sometido a un largo rito de “limpia” espiritual y recibir el “bastón de mando” que le entregaron algunas comunidades indígenas. Mientras, en otro hecho simbólico, en Chapultepec se abría al público la residencia oficial de Los Pinos, el inmueble que ha albergado a 14 presidentes de la república, desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto.
EL PERDÓN Y LA INDULGENCIA. López Obrador ha dicho que su nuevo proyecto de nación busca establecer una “auténtica democracia, no una dictadura abierta o encubierta” (como le achacan los grandes empresarios, la oposición conservadora y los críticos de los medios hegemónicos privados), y que el suyo será “un gobierno para el pueblo y con el pueblo”. Ha reiterado, también, que los cambios serán profundos, pero apegados al orden legal vigente, y que se respetarán las libertades individuales y sociales y los derechos ciudadanos y políticos establecidos en la Constitución.
Dos objetivos de esa “cuarta transformación” serán desterrar la corrupción y la impunidad. El nuevo presidente piensa que la corrupción pública y privada no es un “fenómeno cultural” (como adujo su antecesor, Peña Nieto), sino resultado de un “régimen en decadencia”, y que esa es la principal causa de la desigualdad social y económica y de la violencia que padece México.
Las propuestas que hizo López Obrador, cuando todavía era presidente electo, de perdonar a gobernantes, políticos y empresarios que incurrieron en graves actos de corrupción generó confusión entre sus seguidores. Durante su toma de posesión reiteró que como jefe del Ejecutivo no va a perseguir a nadie, como sí hicieron gobiernos anteriores que llevaron a cabo espectaculares arrestos mediáticos. Dijo que no apostará “al circo ni a la simulación”, porque, explicó, si se abrieran expedientes no serían para perseguir a “chivos expiatorios”, sino a “los de mero arriba, del sector público y privado”, y en ese caso “no habría juzgados ni cárceles suficientes”. Y lo más delicado, “meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación”, lo que lo llevaría a consumir tiempo, energía y recursos para emprender “la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México”, afirmó. Lo planteó como un asunto político de Estado y repitió su postura: “No es mi fuerte la venganza. Soy partidario del perdón y la indulgencia. En consecuencia, propongo punto final”.
Insistió nuevamente en que su gobierno se distinguirá por asegurar la separación entre el poder económico y el poder político: “El gobierno ya no será un simple facilitador del saqueo” ni “un comité al servicio de una minoría rapaz”, lanzó.
PROGRAMA ECONÓMICO. Su programa progresista de corte nacionalista pondrá el acento en una refundación y democratización del Estado, en aras de convertirlo en promotor del desarrollo económico, político y social. Para ello se plantea como objetivo fundamental de corto y mediano plazo la recuperación de las dos empresas estatales de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex); lo que significará revertir la reforma energética del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, quien abrió esos recursos geoestratégicos al capital corporativo privado, nacional y extranjero, con un saldo netamente negativo: de los 107 contratos firmados desde 2015 con empresas privadas, según López Obrador “no se ha sacado un solo barril” de petróleo, mientras que la producción estatal (Pemex) ha caído a 800 mil barriles diarios y sigue a la baja. Hacia 2024, al final de su gobierno, López Obrador pretende que Pemex produzca 2,4 millones de barriles diarios.
Con Estados Unidos, el principal socio comercial de México, López Obrador plantea una política de no confrontación, de entendimiento y prudencia, pero apegada a la doctrina y los principios de política exterior establecidos en el artículo 89 de la Constitución: no intervención, respeto a la autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los estados y cooperación internacional.
En ese sentido, y de cara a la actual crisis migratoria desatada por la llegada al país de miles de hondureños en tránsito hacia Estados Unidos en busca de asilo, López Obrador le ha propuesto a Donald Trump que financie, junto con Canadá y México, un programa de inversión estructural de 20.000 millones de dólares, semejante al Plan Marshall. El programa, que tiene cuatro ejes –migración, comercio, seguridad y desarrollo económico nacional–, pretende aplicarse en nueve estados del sur-sureste de México y el llamado “triángulo del norte” de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala). López Obrador propone que la suma que ponga cada país se determine en función de su tamaño económico.
DESAFÍO EN LA FRONTERA. Como parte del plan, López Obrador ha proyectado la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán y la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales que generarían 400 mil empleos, además de otros proyectos productivos que demandarán mucha fuerza de trabajo, incluida la de inmigrantes centroamericanos.
López Obrador –quien había considerado “extraño” y “sospechoso” que la caravana migrante se iniciara en vísperas de las elecciones primarias de Estados Unidos– ha rechazado la propuesta de la administración de Trump de que México sea un “tercer país seguro”, según la cual los migrantes que ingresan a México con el fin solicitar asilo en Estados Unidos sólo podrán hacerlo en México. Ha reiterado, también, que no aceptará la militarización de la frontera, ni muros. Ninguna fórmula “que atente contra los derechos de los migrantes”.
Sin duda, la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos será el bautizo de fuego del gobierno de López Obrador. A inicios de esta semana el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, comenzó una serie de negociaciones en Washington, donde se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
