La elección de los cinco miembros del nuevo consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) promete convertirse en una riña de gallinero en el seno de la coalición gobernante. En la tercera renovación desde su creación, en 2008, la designación de los nuevos directivos está teñida por una fuerte impronta partidaria que se aleja notoriamente de los principios que sustentaron su creación. A la vez revela cómo este organismo se ha convertido en una piedra en el zapato para la porción del espectro político que considera a la administración pública como un coto cerrado en los cinco años que van de elección a elección nacional.
La ley otorga a la institución amplias potestades para analizar la eventual violación de derechos en cualquier ámbito y en cualquier dimensión. Tal responsabilidad exige de quienes conducen el organismo una amplia capacidad técnica y la indispensable autonomía e independencia del poder político. Por ello es que, a nivel mundial, una tal organización es considerada como expresión de una gran madurez cívica y democrática, como herramienta de control.
UN ENTE AUTÓNOMO
En esta oportunidad –y aun cuando en su corta historia la INDDHH avanzó con pasos muy medidos, sin siquiera experimentar algunas de las potestades que la ley le otorga– la inevitable contraofensiva conservadora y reaccionaria intenta convertir este instrumento en un dócil ayudante de la concepción política imperante. Tal cual denunciaron 32 organizaciones sociales, la comisión bicameral del Parlamento encargada de estudiar los antecedentes de los distintos candidatos y proponer candidaturas a la Asamblea General introdujo criterios de selección que convierten a la INDDHH en un ente autónomo. Esa comisión estableció una norma inédita que, como se denunció, transgrede algunos artícu-los de la ley que la creó. Decidió que cuatro de los cinco miembros que quedarían serían electos por la coalición gobernante y uno por la oposición. De esos cuatro, dos responderían al Partido Nacional, uno al Partido Colorado y uno a Cabildo Abierto. El Frente Amplio rechazó dicho criterio y adelantó que en la Asamblea General daría sus votos a cinco candidatos que consideren idóneos sin consideraciones de cuotas políticas. Desde un primer momento quedó claro que la coalición oficialista pretendía un consejo directivo que, mediante cuota política, preservara lo que se podría llamar la «influencia directriz» de la derecha. Algunos de los candidatos propuestos por legisladores del oficialismo no ofrecían méritos referidos a derechos humanos, y otros, en alguna oportunidad, habían cuestionado la existencia del terrorismo de Estado durante la dictadura.
La lista de 26 candidatos que surgió de las deliberaciones de la coalición reveló las inmensas dificultades para llegar a un consenso; no fue posible acotar una propuesta, de modo que a la Asamblea General llegó una lista con la idea, se argumentó, de que «fuera lo más amplia posible». La vicepresidenta Beatriz Argimón alegó que mandar una nómina tan amplia afectaba el criterio de «apostar a la excelencia y a lo técnico de sus integrantes; por algo en la ley se estableció un proceso para seleccionar lo que va».
En una sesión convocada especialmente para elegir a los cinco miembros, la Asamblea General sesionó el lunes 1. Se sabía de antemano que el cuerpo no lograría los dos tercios de votos que requiere cada nominación. Se realizaron dos votaciones que no llegaron a los mínimos requeridos. No obstante, Ana Agostino, Mariana Mota, Jaime Saavedra y Wilder Tayler, Javier Palummo, María Gloria Robaina y Carmen Rodríguez fueron los más votados. «¿Quién puede pensar que personas que son negacionistas del terrorismo de Estado pueden formar parte del directorio de la INDDHH?», sostuvo la diputada frenteamplista Verónica Mato durante el debate. Y la senadora Silvia Nane apuntó: «No sé qué quieren hacer con el cuatro y uno. La INDDHH no es ANTEL ni UTE».
El cuerpo fue convocado para una nueva sesión, el jueves 11, en la que probablemente surja la nueva integración del consejo directivo de la INDDHH, porque se requerirá en esta segunda instancia una mayoría simple para cada aspirante. Pero habrá una instancia de preselección propuesta por el oficialismo: «Continuarán los candidatos que hayan alcanzado un quinto de los votos en la primera vuelta o estén dentro de los diez más votados».
Sin embargo, en todo este proceso estará pendiente una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a raíz de una acción de nulidad contra la actuación de la comisión bicameral que evaluó a los candidatos. La acción de las 32 organizaciones sociales, dada a conocer en momentos en que comenzaba a sesionar la Asamblea General, se basa en el desconocimiento de los términos de los artículos 39, 45 y 46 de la ley que creó la INDDHH.
