El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desmanteló en 2023, sin explicaciones, su servicio de atención a víctimas de trata sexual, un delito que se denuncia y se persigue poco. La asistencia se retomó un año y medio después, pero asignada a manos inexpertas.
La atención estaba a cargo de la ONG de derechos humanos El Paso, que desde 2010 se dedica a la asistencia y el acompañamiento de sobrevivientes de distintas violencias, incluida la trata. Inmujeres decidió no continuar el acuerdo con esta asociación, que cesó en noviembre de 2023, y estructurar una atención basada en equipos propios. Pero el asunto no funcionó.
Varios llamados públicos para contratar personal quedaron desiertos e Inmujeres terminó tercerizando otra vez el servicio, esta vez en una ONG recién fundada y sin trayectoria. El nuevo servicio comenzó a funcionar hace apenas tres meses, ya bajo el nuevo gobierno que asumió en marzo.
El 18 de abril de 2024, en el lujoso Piso 40 del complejo World Trade Center de Montevideo, el abogado venezolano Diego Cabrita presentó su organización The Rights Agenda (Agenda de Derechos). De traje satinado azul claro y con una moñita del mismo color, Cabrita explicó a una audiencia de autoridades nacionales y personalidades dedicadas a la temática que la misión de la ONG era terminar con la trata laboral y sexual en Uruguay.
En el marco de esta investigación, una fuente que trabaja en la Fiscalía dijo haber asesorado a Cabrita por un presunto caso de trata que el abogado pretendía abordar yendo en persona a rescatar a las víctimas. La fuente le explicó que esa no era función de una organización civil, sino de la Fiscalía y la Policía, y que intervenir directamente podía ponerlos en riesgo a él y a las mujeres. Cuando lo entrevistamos, Cabrita confirmó que así actúa su ONG.
Ocho meses después del lanzamiento de Agenda de Derechos, el 31 de diciembre de 2024, Inmujeres contrató a esa organización para gestionar el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual y/o Laboral. El personal de la ONG se incorporó en enero de este año.
ESTADO OMISO
La trata sexual es un crimen poco visible en Uruguay. Las cifras de denuncias, imputaciones y condenas son erráticas y limitadas. La Fiscalía General de la Nación contabilizó 18 denuncias en 2021, 28 en 2023 y 14 en 2024, según datos entregados al semanario. En cuanto a imputaciones, hubo 11 en 2021, tres en 2022, una en 2023 y ocho en 2024. En abril de este año, el Poder Judicial informó que en 2022 no se concluyó ningún juicio por trata y que los datos de los años siguientes aún no estaban disponibles.
En cuanto a víctimas y sobrevivientes, el gobierno reportó haber identificado 208 víctimas de trata en 2023 (169 de ellas, niñas y adolescentes), 406 en 2022 (346 niñas y adolescentes) y 357 en 2021, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe global «Trafficking in Persons Report» de 2024.
Las víctimas de trata menores de 18 años deben ser asistidas por el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay). Pero hasta 2011 el Estado uruguayo no tenía mecanismos para atender a personas adultas que hubieran sobrevivido a este delito. En junio de ese año, el servicio de Inmujeres comenzó a funcionar en forma piloto, con financiación de la Unión Europea y gestionado por El Paso.
Dos años después, el servicio pasó a contar con fondos estatales y se integró al Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género de Inmujeres, lo que permitió formar equipos multidisciplinarios en El Paso para brindar una atención directa, con acompañamiento psicológico, social y legal.
Con el tiempo, el servicio se extendió a cuatro sedes, en las ciudades de Montevideo, Melo, Paso de los Toros y Paysandú, desde las que se atendía a personas de los 19 departamentos.
Según el Sistema de Información de Género, entre 2018 y 2023, accedieron a la atención 340 personas (entre mujeres cis y trans), 135 dominicanas, 131 uruguayas, 39 cubanas y 35 de otras nacionalidades. Solamente cuatro eran menores de 18 años.
SIN EXPLICACIONES
El 30 de julio de 2024, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, Inmujeres anunció sin dar razones que el servicio estaba «en proceso de renovación de los equipos de atención contratados», pero se mantenía una atención de emergencia «realizando el seguimiento de todas las situaciones activas desde 2023».
El Paso se había enterado de la decisión un año antes y por la prensa. «Debe haber sido por 2022, y obviamente preguntamos qué implicaba y nos dijeron que era una decisión tomada: que algunos servicios iban a tener otra modalidad de contratación y que no se iban a renovar ni a hacer licitaciones públicas», dijo para esta nota quien fuera coordinadora del servicio en Montevideo, Sandra Perroni. No hubo análisis ni balance de la gestión de El Paso. La explicación fue política: Inmujeres quería contar con un equipo propio.
El convenio con El Paso se renovaba anualmente mediante licitaciones públicas que ganaba la ONG, tanto en Montevideo como en las sedes regionales, o de forma automática prevista en el propio convenio. En total, 23 personas de El Paso trabajaron en las distintas sedes del servicio.
Cuando terminó el convenio, el servicio asistía a unas 120 mujeres en Montevideo y a 20 en otros lugares del país. Algunas fueron derivadas a otros programas estatales de asistencia. «Muchas quedaron en situaciones bastante vulnerables», señaló Perroni.
El servicio de emergencia, que funcionó entre el 1 de noviembre de 2023 y el 22 de abril de 2024 a cargo de una abogada, una trabajadora social y una psicóloga de Inmujeres –ninguna con experiencia específica en trata–, atendió 56 casos de víctimas, con tres ingresos y 53 seguimientos, pero sin asistirlas en persona.
El asunto fue lo bastante grave para que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera en su informe de 2024, ya citado. «El gobierno redujo las medidas de protección», decía el informe, y advertía que, pese a los planes de formar un equipo propio, al finalizar el período solo funcionaba una «atención de emergencia». Por esta y otras deficiencias, Uruguay fue rebajado a la lista de vigilancia de nivel 2, para países que no cumplen normas mínimas para combatir la trata.
SE BUSCA PERSONAL
En marzo de 2023, ocho meses antes de que concluyera el convenio con El Paso, Inmujeres abrió varios llamados públicos de personal. La intención era incorporar 22 profesionales contratados por arrendamiento de servicios, indicó la institución en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
En la primera convocatoria, solo una persona alcanzó la puntuación necesaria para el cargo de coordinación general, pero las vacantes para las coordinaciones regionales quedaron desiertas, por lo que la persona contratada no tenía a quién coordinar. Lo mismo sucedió con llamados para psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas: las postulantes no alcanzaron el puntaje necesario.
Según dijo una funcionaria de Inmujeres, las personas más experimentadas para esos puestos eran técnicas de El Paso que fueron invitadas a postularse, pero la mayoría declinó la oferta.
En octubre de 2023, Inmujeres abrió nuevos llamados, con condiciones menos exigentes, pero los resultados fueron similares. En total, de las 22 vacantes abiertas, solo pudieron cubrirse cuatro: la coordinadora general y tres psicólogas.
SIN EXPERIENCIA
El fracaso de los llamados llevó a Inmujeres y al Ministerio de Desarrollo Social, del que depende, a «realizar la contratación de la asociación civil Agenda de Derechos para fortalecer el funcionamiento mermado del servicio», dijeron las autoridades actuales, consultadas para esta investigación, en una respuesta por escrito.
En enero de este año, seis integrantes de Agenda de Derechos –dos abogados, dos psicólogos y dos trabajadoras sociales– fueron contratados mediante compra directa.
El convenio con la ONG, también obtenido mediante un pedido de acceso a la información pública, tenía una duración de seis meses (renovado por la nueva administración) y un monto de 2.806.118 pesos uruguayos (unos 70 mil dólares) para salarios y gastos de funcionamiento y administración.
Los requisitos excluyentes de la compra directa incluían un equipo directivo con una sólida trayectoria en la temática de trata de personas, con especial énfasis en su dimensión vinculada a las personas migrantes.
Además, se requería experiencia por un período no menor a un año en proyectos relacionados con género, desigualdades y discriminación, derechos humanos, masculinidades y diversas manifestaciones de la violencia basada en género.
Para entrevistar al presidente de Agenda de Derechos, Diego Cabrita, nos reunimos en la Casa del Círculo Chileno, en el barrio Cordón de Montevideo, porque la ONG no tiene sede propia. Agenda de Derechos está conformada por 30 personas voluntarias de siete nacionalidades, cuyas trayectorias profesionales abarcan áreas diversas, desde la salud hasta el sistema penitenciario.
Cabrita comenzó a interesarse en los problemas de trata de personas hace siete años, cuando fue voluntario en la ONG de migrantes Idas y Vueltas, y como representante de la sociedad civil en el Parlasur (Parlamento del Mercosur). También, dijo, trabajó como consultor en la Organización Internacional para las Migraciones, aunque no vinculado al tema de la trata.
Su experiencia en atención a víctimas de trata, apuntó, comenzó en 2020, en la pandemia, aunque no dio detalles sobre esa tarea. En 2022 obtuvo una beca Fulbright para estudiar políticas de prevención de la trata en la American University de Washington. Regresó a Uruguay en 2023 y empezó a trabajar para la OEA (Organización de Estados Americanos), en un proyecto sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes para la región.
Fue en ese año cuando decidió crear Agenda de Derechos para poner el acento en las personas migrantes y solicitantes de refugio, y también en la atención a víctimas que Inmujeres no incluye. «¿Qué sucede si es un varón? ¿Qué sucede si es un transexual? ¿Qué sucede cuando esa víctima de trata es afro y es solicitante de refugio?», cuestionó.
Aunque en el documento que la organización presentó para postularse figura experiencia en la asistencia a personas en situación de trata sexual, la mayoría de las situaciones que Cabrita enumera con varones corresponden a explotación laboral, y son menos los casos de mujeres. «Para serte muy sincero, pocos», señaló.
Además de gestionar el servicio de Inmujeres, Agenda de Derechos acompaña a personas que se acercan para hacer la denuncia y, en algunos casos, logra brindarles atención psicológica sostenida. Pero la asistencia psicosocial depende de la disponibilidad de voluntarios, y el asesoramiento legal, de la colaboración de abogados que actúan de forma honoraria.
Inmujeres fundamentó la decisión de contratar a la ONG en que Agenda de Derechos proponía un proyecto de «valor excepcional y garante para el cumplimiento de la normativa nacional», pero el convenio no incluye ningún plan o proyecto de trabajo.
La página web de la asociación no tiene información sobre su historia, línea de trabajo, proyectos o integrantes. Apenas redirige a sus cuentas en redes sociales –LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube–, creadas en la misma fecha del lanzamiento, en abril de 2024.
En su perfil de LinkedIn, redactado en inglés, se da a conocer como una organización que busca atender a «victims of cake [sic] of both sexes».
REARMAR LA CONFIANZA
Inmujeres no entregó los antecedentes profesionales del equipo de Agenda de Derechos que gestiona la atención a víctimas de trata. Pero una fuente de la institución dijo que ninguno hubiese alcanzado el puntaje necesario para ganar los llamados previamente abiertos por el instituto.
Mónica Bottero, directora de Inmujeres hasta marzo de este año y quien tuvo a cargo la contratación, se excusó de contestar, alegando que ya no comentaba «nada vinculado a Inmujeres».
La actual directora, Mónica Xavier, criticó «las decisiones que se tomaron» en el gobierno anterior, y señaló que Inmujeres espera el nuevo presupuesto para conformar un equipo propio. Mientras tanto, decidió mantener el convenio con Agenda de Derechos.
Luego de un período de capacitación para los seis profesionales de la ONG, el servicio empezó a funcionar en abril. En esta etapa, dijo Xavier, «hubo satisfacción por parte de las técnicas que están en el área de atención».
Entre abril y junio de este año, el servicio asistió a 17 usuarias de entre 19 y 49 años, cinco de ellas recién ingresadas; 13 mujeres sufrieron explotación sexual y dos, explotación laboral. Sobre las dos restantes, casos nuevos, no hay datos suficientes aún.
Xavier explicó que no se reabrirán las sedes regionales, sino que el equipo de Montevideo se trasladará hacia el lugar donde se necesite. Así «se preserva de mejor manera a los funcionarios y también a las personas que puedan ser atendidas», indicó.
Dos personas que trabajaron en asistencia a víctimas de trata dentro y fuera de Inmujeres, y que pidieron no dar sus nombres, dijeron que las derivaciones de casos desde otras instituciones decayeron en los últimos meses por desconfianza o desconocimiento del servicio que se estaba brindando. Parte del trabajo de la nueva administración será restablecer la confianza en la asistencia pública.
Esta es una publicación conjunta de openDemocracy y Brecha.