La Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia por “costumbres depravadas, malos tratamientos y abandono al deber de cuidado hacia su hija”. El hombre es funcionario del Inau e integrante de grupos que militan por la “tenencia equitativa” de los hijos, con un fuerte componente antifeminista.
María1 apareció al costado de la cama donde dormían su mamá y el marido. Había tenido otra pesadilla, que esta vez pudo contar: soñó que un oso le lamía los pies. Hacía poco tiempo que la niña había dejado de ver a su papá, J R, tras ser denunciado por violencia doméstica. Siete años después, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2o Turno decidió quitarle la patria potestad, “por costumbres depravadas, malos tratamientos y abandono al deber de cuidado y vigilancia hacia su hija”, basado en el inciso 6 del artículo 285 del Código Civil: “Si por sus costumbres depravadas o escandalosas, ebriedad habitual, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieren comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos, aún cuando esos hechos no cayeren bajo la ley penal”.
Hasta ahora, él ha mantenido cierto silencio respecto del resultado. No volvió a amenazar por teléfono a su ex mujer ni al marido de ella, ni sabe a qué escuela asiste María, así que no puede verla a escondidas, como hizo durante algunos años, violando la medida de protección que le prohibía acercarse a la niña, mientras la justicia dirimía el caso.
J R se descarga en su muro de Facebook, con fotografías junto a su hija, videos extranjeros a favor de la “tenencia compartida”, denuncias sobre niños supuestamente “alienados” por sus madres y convocatorias a manifestar contra el poder judicial por un supuesto trato discriminatorio hacia los padres.
J R es artista y trabajó en el hogar (*) Estación Esperanza/San Ildefonso, del Inau. Antes fue “llavero” y educador del centro Ser, en la Colonia Berro, y fue sumariado con una orden de no mantener contacto con los adolescentes detenidos.
J R integra Stop Abuso Uruguay y Todo por Nuestros Hijos Ya, dos grupos de padres que reclaman ver a sus hijos tras separarse de sus parejas y que en agosto de 2015 presentaron el proyecto de ley de división equitativa del tiempo de contacto de menores con sus padres, a través de los diputados Rodrigo Goñi y Gerardo Amarilla, con apoyos públicos de otros integrantes de la bancada evangélica, como Carlos Iafigliola. Como integrante de estas instituciones, J R ha participado en reuniones y manifestaciones, y en actividades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
Los integrantes de estos grupos aseguran que sus hijos sufren el acientífico síndrome de alienación parental y no dicen –o relativizan– que sobre algunos de ellos pesan denuncias por violencia familiar y abusos, razones por las que tienen restringido, desaconsejado o prohibido el régimen de visitas. Silencian eso y hacen bulla cada agosto en las escalinatas de la Suprema Corte con juguetes y globos que simbolizan los regalos que no pudieron dar en el Día del Niño.
La resolución sobre la pérdida de la patria potestad del padre de María integra la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial, donde figuran aquellas sentencias que destacan por su rigurosidad y permiten seguir el periplo que suelen enfrentar las víctimas de abuso infantil y sus madres. En este caso fueron siete años de juicios, seis expedientes y más de una decena de jueces. Hasta ahora el expediente penal por abuso sexual infantil no ha avanzado. Expertos en todo el mundo sostienen que este es uno de los delitos más impunes.
EL CASO. María nació en 2008. Sus padres se separaron al poco tiempo. En el corto período de convivencia que mantuvieron, su mamá sufrió episodios de violencia física y emocional que derivaron en una denuncia por violencia doméstica a su pareja. Ella intentó garantizar que el vínculo de la niña con el padre se mantuviera más allá de la separación. Considerando el carácter violento de él, intentó que los encuentros con la niña –en ese entonces, una bebé de pocos meses– fueran en su presencia. Primero se encontraban en sitios públicos; luego, al ganarse la confianza de la mujer, el hombre veía a su hija en la casa de ella, hasta que un día encontró sus pertenencias “revueltas”. Volvieron a realizar las visitas en el espacio público y luego acordaron que serían durante los fines de semana en la casa de la abuela paterna, porque la vivienda de él –ubicada detrás de la de su madre– era muy precaria. Faltaban dos años para saber que él nunca cumplió ese acuerdo y, en cambio, llevaba a su hija al rancho en el que vivía, donde compartían la cama. Ese espacio sería el escenario de los abusos contra su hija.
Cuando María estaba por cumplir 3 años, comenzó a tener comportamientos extraños. Tenía conductas erotizadas y balanceos ante la imposición de límites, insomnio y otros trastornos del sueño: evitaba dormirse y, cuando lo conseguía, tenía pesadillas. Para no dormir, saltaba, se quitaba los zapatos para que sus pies fríos tocasen el suelo y poder mantenerse despierta, se lastimaba o le pegaba a alguno de sus hermanos o a las mascotas; estaba en constante estado de ansiedad. Volvió a usar pañales por hacerse pichí encima de noche y de día. Al empezar a desarrollar el lenguaje, pudo decir que le daba miedo “lo que estaba dentro de su cabeza”.
Mientras la mamá consultaba con especialistas (pediatra, neuropediatra, psicóloga y abogados), María comenzó a tomar medicación antipsicótica y las visitas a la casa de la abuela paterna fueron mermando, porque la niña se resistía a ir. Hasta que una vez los abuelos maternos la fueron a buscar y la niña corrió al auto y dijo que su papá le había pegado, mientras que él relativizaba esa acusación diciendo que la había “zamarreado” porque le había dicho “puto”.
El primer relato de conductas abusivas fue cuando María le contó a su mamá lo que le hacía el primo (apenas cuatro años mayor) en la casa de su abuela: practicarle sexo oral y a su vez pedirle a la niña que le “bese el pene”. La mujer llamó al padre de la niña y puso el altavoz para que escuchara lo que estaba contando. Él dijo que la niña era “mentirosa” y que su sobrino le había pedido “que le bese el ombligo”.
La última vez que la niña estuvo en esa casa paterna fue para pasar la Nochebuena de 2011. La madre de María llamó para saber cómo estaba la niña y escuchó que lloraba desconsolada y gritaba que se quería ir. La fue a buscar enseguida y le pidió que le mostrase dónde dormía. La llevó hasta el fondo de la casa, un lugar oscuro y sucio donde sólo había una cama. Durante un tiempo la niña afirmaría que los padres duermen con las hijas.
“Al sufrir abuso sistemático desde tan pequeña, él diciéndole que eso es lo que hacen los papás, se dificultó que ella pudiera detectar lo que había pasado –dice la mamá–. Ahora, con la psicóloga que trabaja mucho a partir de los dibujos que hace María, está pudiendo expresar más en profundidad lo que sufrió.” Las pericias psicológicas coinciden en que la niña se negaba a volver a la casa paterna de visita, en que hacía referencia al primo y manifestaba un miedo terrorífico al recordar a un amigo de su padre con el torso desnudo, que le decía qué hacer “mientras miran películas con gente desnuda”.
La última vez que la niña vio a su padre fue para el Día de Reyes de 2012, cuando él quiso llevársela por la fuerza. En la declaración judicial, la madre de María describió: “Luego de insultarme, amenazarme, insistió en llevarla con él y se apersonó con ese objetivo en nuestro hogar. Apenas verlo (María) se negó a irse con él y corrió hacia la casa de los abuelos maternos, que quedaba muy cerca de la nuestra. Allí se escondió y, cuando la encontramos, estaba detrás de un sillón, arrodillada encima de su propia orina, con una de sus manos en la vagina y por debajo de su bombacha, masturbándose y meciéndose de manera violenta. Si alguna mínima duda sobre la veracidad de los abusos sufridos hubiera quedado en nosotros, la imagen de la niña en aquel momento la hubiera borrado en un instante”.
En febrero de 2012, la situación se judicializó por la denuncia de violencia doméstica y un fiscal inició, de oficio, una causa penal por abuso sexual infantil. Se ordenaron medidas de protección, que incluyeron la suspensión de los encuentros con el padre y la realización de pericias. Las pruebas recabadas concluyeron que la niña estuvo “expuesta y sometida a conductas sexuales” mientras estuvo al cuidado del padre. En las pericias verbales se destaca que María dijo: “Dormía con mi papá. Era la cama mía y de mi papá”.
A pesar de la prueba pericial contundente respecto de los abusos sexuales, el padre inició un juicio contra la madre y le reclamó al juez que fije un régimen de visitas. Lo perdió en primera instancia y apeló la sentencia. En segunda instancia volvió a perder cuando un tribunal de apelaciones rechazó en todos sus términos la posibilidad de vincular “forzadamente” a la niña con su padre. Mientras tanto, la abuela paterna entró a la escena judicial con un nuevo juicio contra la madre de la niña y reclamó un régimen de visitas con su nieta. En su argumentación negaba el abuso sexual, no le creía a la niña y decía que su mamá había “inventado” lo ocurrido, porque “una niña de tres años no puede tener un abuso sexual”. La jueza rechazó la demanda. La abuela apeló la decisión y volvió a perder en segunda instancia (ver recuadro).
Durante los siete años de judicialización, el hombre no demostró interés por el cuidado de la niña. En cambio, amenazó sistemáticamente a su ex mujer y al marido, con llamadas durante la madrugada: “Me llamaba borracho; siempre se escuchaba a otros hombres de fondo que me insultaban junto con él”, dijo la mamá de la niña a Brecha.
En febrero de 2014, la mujer inició un juicio para que J R perdiera la patria potestad que se basó en múltiples causales, como las “conductas depravadas e inapropiadas” del padre y la “ausencia del deber de cuidado”, entre otras. La victoria llegó en agosto de 2018, pero el fallo se confirmó recién a fines de abril de este año, cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó la casación de J R.
En este caso, el fallo del Tribunal de Apelaciones de Familia –presidido por Eduardo Cavalli– afirma que los hechos se encuadran en el numeral 6 del artículo 285 del Código Civil, porque pudieron probarse “episodios inapropiados” ocurridos en la casa paterna, que “repercutieron gravemente en el integral desarrollo de la personalidad de la niña (colecho y baño compartido). (…) tales conductas le afectaron en gran manera (tal es así que pudo mencionarlo ante sus profesionales tratantes) y menoscabaron su integridad, principalmente su salud mental y psíquica. El episodio con el primo nunca debió de ocurrir si se la hubiese protegido y quien tenía el deber de vigilancia y cuidado en aquel momento era su padre”.
Las pericias psicológicas establecieron que J R “posee los rasgos que presentan los abusadores intrafamiliares, marcados rasgos narcisistas, obsesivos‑compulsivos y paranoides. Se aprecia inmadurez psicoemocional, importante dependencia hacia la figura materna, descendida tolerancia a la frustración, especial sensibilidad a la crítica social y pedantería. Posee una idea sobredimensionada de sí mismo, con una sobrevaloración de su formación intelectual y cultural, como forma de reafirmar su importancia como persona”. Al negarle anteriormente el régimen de visitas, la justicia señaló que mantener encuentros padre‑hija era “más perjudicial para la niña que mantener la incomunicación”.
Una vez impedido de ver a su hija, J R intentó verla en las escuelas por las que fue pasando. La directora de una de esas escuelas “no podía creer que ese hombre tan buen mozo era lo que yo decía que era”, recuerda la madre de María como parte de las negaciones, los relativismos y las banalizaciones sufridas en estos años. La maestra de otra escuela recordó que el hombre había pasado por allí para dejar un CD, que ella nunca había mirado. Habían pasado tres meses desde entonces. El CD contenía cientos de fotos y videos de la niña con él. No se sabe qué hacía con esas imágenes ni si hay más copias. Ese material fue presentado como prueba por la defensa de la madre, pero nadie indagó ni tomó una declaración al respecto. María volvió a cambiar de escuela.
A pesar de que él argumentó en algunos momentos que no contaba con medios de vida por estar desocupado, se pudo comprobar que en todos estos años nunca dejó de ser funcionario del Inau y percibió el salario. Ex compañeros recuerdan sus inasistencias, que era de trato difícil y que solía referirse a que no podía ver a su hija porque lo acusaban de abuso. Sin embargo, esta información no fue tomada en cuenta en el sumario que le iniciaron en la Colonia Berro; se argumentó que “no se profundizó en eso porque no era el objeto del sumario” y “no hay protocolo de investigación por una acusación de abuso de un funcionario”.
J R tiene un video en su canal de Youtube titulado “¿Cómo funciona el secreto?”.
STOP ABUSO. La organización se formó en 2011 y quedó inscrita en la Inddhh en 2015. Miembros de Stop Abuso Uruguay han participado en asambleas anuales de derechos humanos y otros eventos organizados por la institución. Andrés Pereira, uno de los coordinadores, ha utilizado el logo de la Inddhh en su tarjeta personal, motivo por el que recibió un “llamado de atención” por el Consejo Directivo de la institución.
Además del fuerte lobby político partidario que realizan desde 2015 para aprobar el proyecto de ley sobre “tenencia equitativa” de los hijos, en el último año sus manifestaciones en redes sociales se han exacerbado contra el Frente Amplio y el movimiento feminista. Pereira escribió en su perfil de Facebook el 16 de mayo: “Nuestra Causa va contra la agenda de Derechos impuesta por el FA, es por ello que a pesar de las enormes injusticias a nuestros hijos y familias sus legisladores y dirigentes miran a otro lado. No les interesa porque creen perder votos con las radicales que ya no pueden controlar porque hace rato se les fue de las manos. Triste realidad que no pongan en la agenda de Derechos la de los hijos con sus padres a no ser que estos últimos no sean heterosexuales”. Otros integrantes han estado compartiendo las declaraciones de Gustavo Salle.
En el muro de la organización hermana de Stop Abuso, Todo por Nuestros Hijos Ya, han expresado: “Me comprometo a NO votar a ningún partido que no derogue la ley de Violencia de Género”, en alusión a la ley 19.580, que incorpora mecanismos de protección y 18 tipos de violencia machista. Han demandado al Estado uruguayo ante la Oea “por las constantes violaciones a los derechos humanos de nuestros hijos por parte del poder judicial” y consideran que al gobierno “sólo le importan los derechos humanos de ciertos grupos”.
Además de J R, otros integrantes de Todo por Nuestros Hijos Ya han sido acusados de presuntos abusos a sus hijos y en múltiples notas de prensa han relativizado estas denuncias, diciendo que son “falsas” o que “es normal” que los padres besen a sus hijas o duerman junto a ellas. Con ese tono naturalizado respondía J R a los hechos denunciados en su contra. Por un lado, negaba el abuso sexual, caracterizándolo como “lavados de cerebro” y actos de “venganza” de su ex mujer, pero, por otro, de forma “espontánea y sumamente detallada, explicada y justificada” –dice la sentencia a la que accedió Brecha–, declaró que dormía con su hija porque era “algo sano y natural en el vínculo paterno filial” y agregó: “Ella se pasaba a mi cama”. Sobre bañarse juntos, dijo: “Pasó en dos oportunidades que nos bañamos juntos. Yo de calzoncillos y la niña me lo bajó y me puso la mano en donde caía el agua del pene. El pene flácido, verdad. Y ahí le dije que los niños tenían pene y las niñas vagina”. En otra declaración, J R dijo que esos baños habían ocurrido en presencia de la abuela paterna.
ELLA HOY. A pesar de haber sufrido abusos sistemáticos desde bebé hasta casi los 4 años, María pudo revertir los pronósticos que pesaban sobre ella, gracias al acompañamiento de la mamá, los hermanos y los abuelos, y la psicóloga. Sufrir abusos sexuales en la infancia no es gratuito, claro que deja secuelas, pero tampoco es una situación insuperable, si se cuenta con un entorno que empuje hacia la recuperación vital, emocional e intelectual de quienes han padecido estas violaciones de su integridad.
En 2018, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) detectó 4.131 situaciones de violencia contra niñas y niños en Uruguay, unas 11 por día –aunque queda por fuera una cantidad de casos, como el de María, que no registra el Sipiav–. Más de la mitad de las víctimas son niñas. El 23 por ciento son situaciones de abuso sexual ejercido por varones, la mayoría familiares o personas que conviven con niños y adolescentes. También se registró maltrato emocional (32 por ciento), violencia física (25 por ciento) y negligencia (20 por ciento).
De María dijeron que tendría que usar pañales por el resto de su vida, que no se podría esperar mucho de ella en la escuela, que estaría muy medicada. Ahora apenas toma una dosis mínima por día. Le gusta dibujar. Suele pintar bocas con candado o rostros grandes que ocupan toda la hoja; de ellos se desprende a veces una lágrima. Colores y lienzos son los regalos que pide María. La mirada de ojos redondos pícaros y despiertos ha sobrevivido. “María es una resiliente”, dice su madre. Nadie lo duda.
1. Nombre ficticio.
(*) La versión original de la nota afirmaba que el denunciado seguía trabajando en el hogar, pero el INAU confirmó a Brecha que J R ya no cumple funciones allí y ahora se desempeña en el área administrativa del organismo. Por otro lado, en el copete se decía que un tribunal de apelaciones había confirmado el fallo en primera instancia, en realidad, tal como se explica en el artículo, fue la Suprema Corte de Justicia la que ratificó el fallo del tribunal. A los lectores, las disculpas del caso.
