La renuncia de Carlos Urzúa, el 9 de julio, tomó por sorpresa a propios y extraños. Si bien no era la primera salida de un funcionario de alto rango de las filas del gobierno federal, la investidura y responsabilidad de Urzúa, hasta entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, tienen relevancia aparte.
La confianza de los inversionistas y los mercados financieros fue uno de los objetivos más importantes a consolidar por Andrés Manuel López Obrador (Amlo), incluso antes de tomar posesión como presidente constitucional. En ese sentido, Urzúa mantuvo reuniones con los ejecutivos de los fondos de inversión y las calificadoras de riesgo. Se encargó de disipar los temores alrededor del programa de gobierno de López Obrador: sería un gobierno “responsable”, no se incrementaría el monto de la deuda y se presentarían proyectos de presupuesto con un superávit primario a fin de garantizar su pago.
Sin embargo, luego de casi siete meses como titular de Hacienda, Urzúa presentó una carta con señalamientos críticos que nadie del equipo del presidente se había atrevido a hacer hasta ese momento. La de Urzúa es, hasta la fecha, no sólo la renuncia más importante en el interior del gobierno de López Obrador, sino una que aún genera dudas sobre sus verdaderas causas.
URZÚA Y SUS MOTIVOS. En su carta de renuncia publicada en la red social Twitter, Carlos Urzúa explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el gabinete, pero sin entrar en detalles. Al tiempo que lamentó la ejecución de políticas públicas “sin sustento” –no aclaró a cuáles se refería–, aseguró que el gobierno encabezado por López Obrador toma decisiones “sin evidencia” suficiente y varias de sus políticas públicas se guían más bien por el “voluntarismo”. Además, denunció que hay “conflicto de interés” en el gobierno federal, pero sin dar nombres.
Tras el revuelo mediático provocado por su dimisión, días más tarde Urzúa dio una entrevista al semanario Proceso, en la que abundó en sus motivos. Entrevistado por Hernán Gómez –académico y analista político que simpatiza con el gobierno de Amlo–, el ex secretario se refirió a la construcción de la refinería de Dos Bocas, que el gobierno impulsa en el estado de Tabasco, y criticó cómo, a pesar de que la licitación se declaró desierta en mayo, el presidente López Obrador siguió empeñado en continuar la obra, ahora bajo la dirección estatal. También la emprendió contra la construcción del Tren Maya, un megaproyecto que conectará los cinco estados del sureste mexicano, y el hecho de que el gobierno federal le haya destinado recursos millonarios para este año, a pesar de que apenas se encuentre en la fase de planeación.
Aunque celebró otras decisiones del gobierno, Urzúa consideró un error cancelar la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, pues, según dijo, se había invertido “demasiado dinero”. Lo mismo opinó sobre la controversia entre la Comisión Federal de Electricidad y empresas canadienses y estadounidenses por la construcción del gasoducto marino Texas‑Tuxpan, y alertó que si no se cumplen los términos pactados en los contratos con estas compañías, está en riesgo no sólo el suministro de energía, sino también la aprobación de la versión modernizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Según Urzúa, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, es un “estatista” que “ignora” el concepto de “valor presente”.
En la entrevista con Proceso, el ex secretario de Hacienda puntualizó, además, que el blanco de sus acusaciones de “conflicto de interés” es el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aunque no presentó pruebas de hechos concretos (Proceso, 14‑VII‑19). El ex secretario calificó a Romo –accionista del grupo financiero Vector, uno de los intermediarios bursátiles más grandes de México– de personaje de “extrema derecha” y dijo no comprender cómo alguien como él puede formar parte del primer círculo del presidente López Obrador. El empresario, sostuvo Urzúa, es un admirador de Augusto Pinochet y Marcial Maciel (quien, además de haber liderado la orden católica Legionarios de Cristo, estuvo involucrado en casos de pederastia).
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO. El presidente López Obrador respondió de forma contundente a la renuncia de su secretario de Hacienda, y los primeros efectos de la salida del alto funcionario se hicieron sentir en el mercado cambiario. En medio de la volatilidad de los mercados financieros, en menos de una hora Amlo transmitió un mensaje en video a través de sus redes sociales, acompañado del subsecretario de la cartera, Arturo Herrera, para informar su nombramiento como nuevo titular de la dependencia federal.
El objetivo del gobierno mexicano fue enviar señales de confianza a los inversionistas y poner de manifiesto que había orden en el interior de su administración, e insistió en que el nombramiento de Herrera era un “relevo natural”. El mandatario se limitó a señalar que, ante el proceso de transformación en curso, había desacuerdos en su gabinete. “Él (Carlos Urzúa) no está conforme con las decisiones que estamos tomando, y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”, dijo. “A veces hay incomprensión, dudas, titubeos, incluso en el interior del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo, por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda”, informó el presidente.
La pronta designación de Herrera en el frente de la Secretaría permitió al peso mexicano recuperar el terreno perdido ante la divisa estadounidense al final de la jornada. Pero la forma de la renuncia sembró dudas. En la conferencia que había brindado previamente a los medios, López Obrador evitó la confrontación con Urzúa. Cuestionado sobre los señalamientos de este sobre “conflictos de interés” y “voluntarismo”, el mandatario mexicano explicó que había solicitado apoyo a Alfonso Romo para organizar las instituciones de la banca de desarrollo, pero desestimó las acusaciones y se atajó con que sus proyectos de infraestructura no han cambiado. Incluso, afirmó, estos ya han sido presentados en sus libros y sus tres campañas para la presidencia. La lucha contra la corrupción, explicó el mandatario, además, se ha mantenido como bandera en su trayectoria política durante décadas.
POLÍTICA ECONÓMICA A PRUEBA. La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue utilizada por los opositores de López Obrador como una “evidencia” de los “peligros” alrededor del gobierno. Un sector de los simpatizantes de Amlo, por su parte, calificó a Urzúa de “traidor” que finalmente se atrevió a mostrar su “verdadero rostro”: un tecnócrata defensor a ultranza del neoliberalismo.
Las contradicciones, más allá de las acusaciones de unos y otros, están a la vista. Abanderado por una coalición electoral que aglutinó a fuerzas políticas de corrientes diversas de pensamiento –situación que se refleja también en los integrantes de su gabinete–, López Obrador propone una política económica sujeta al jaloneo de fuerzas contrapuestas, aun cuando el mandatario mexicano asegura encabezar un “gobierno de todos, pobres y ricos”, que pondrá en marcha la “cuarta transformación” de la historia de México (véase “En busca de la utopía progresista”, Brecha, 7‑XII‑18).
Crítico del neoliberalismo, una política económica que, sentencia, ha beneficiado a una “pequeña minoría” a costa del sufrimiento de la “mayoría del pueblo”, el de Amlo es un programa de gobierno que impulsa una nueva forma de hacer política, pero evitando conflictos con el poder económico. Hasta el momento, la lucha contra la corrupción es el elemento que amalgama estos dos objetivos.
Sin embargo, López Obrador necesita grandes sumas de dinero para financiar una amplia gama de programas sociales y, al mismo tiempo, se ha comprometido a no impulsar una reforma fiscal en sus primeros tres años de mandato. Reforma que, según Urzúa, es la única salida para garantizar la provisión de recursos en el largo plazo y que, tarde o temprano, tendrá que enfrentar el presidente.
Amlo apuesta a la reducción de los gastos de la administración pública y al combate a la corrupción como fórmula para “liberar fondos para el desarrollo”. Al cabo de la mitad de su sexenio, sin embargo, resta ver si eso será suficiente para continuar financiando las políticas sociales y las grandes obras de infraestructura y si, en caso contrario, su gobierno será capaz de resolver esa contradicción. La política económica de la “cuarta transformación” está a prueba.
