as situaciones de crisis en el sistema de hogares de amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no parecen ser la excepción, sino la regla. Quizás por esta razón, cuando, el martes 13 de febrero, parte del centro Magnolia ardió en llamas, la noticia pasó casi desapercibida en medio de la rutina informativa. Ese día, varias adolescentes incendiaron intencionalmente uno de los cuartos, prendiendo fuego ropa, colchones y camas. Desde la habitación incendiada se llevaba la electricidad al resto del centro. Sin embargo, no hubo heridos. Tampoco fue el único incendio que ocurrió esa misma semana en el sistema de hogares del INAU. Dos días después le tocó arder al centro Creciendo Juntas. Según dijo a La Diaria el vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, las adolescentes no podrían volver a residir en los edificios afectados por las llamas. Por su parte, la directora por la oposición, Natalia Argenzio, dijo al semanario que las adolescentes fueron reubicadas, aunque no fue informada en detalle al respecto.
Las probabilidades de que algo así ocurriera de forma inminente en Magnolia eran contempladas por los trabajadores del centro y por quienes conocen de cerca la crisis del sistema de amparo del INAU. También por las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que, aunque desde fines del año pasado contaban con informes al respecto del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), decidieron no hacer pública la información. Según confirmaron fuentes del hogar, el 15 de noviembre hubo una visita del MNP a Magnolia, en la que se constataron situaciones de violencia y se advirtió que la superpoblación y la falta de personal podrían llegar a provocar situaciones de desborde en el centro. Cuatro meses después –y aun luego del incendio–, ese informe sigue sin ver la luz: no está publicado en la página de la INDDHH y, según supo el semanario, tampoco fue discutido ni firmado por Jimena Fernández, la actual presidenta del organismo. Argenzio, por su parte, confirmó al semanario que el informe tampoco fue enviado al INAU.
A LA DERIVA
El centro Magnolia es la puerta de entrada de mujeres adolescentes que ingresan al sistema de amparo del INAU porque –a raíz de una disposición judicial– se considera que sus derechos básicos fueron vulnerados. Teóricamente, las chiquilinas ingresan al sistema, a través de Magnolia, para ser evaluadas y derivadas rápidamente a un centro 24 horas o a los llamados hogares de medio camino. Allí son acompañadas por trabajadores sociales, psicólogos y educadores, siempre y cuando se cuente con el personal suficiente, pues el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU (Suinau) denuncia escasez de recursos humanos desde hace años. Sin embargo, esa no es la regla. La media de estadía en esa puerta de entrada es, en promedio, de nueve meses. Durante ese período de tiempo conviven en el centro distintos perfiles de adolescentes, cada una con sus particularidades y necesidades diferentes.
A noviembre de 2023 el padrón de Magnolia estaba constituido por 165 adolescentes. Sin embargo, el equipo técnico del centro le había perdido el rastro a 51 de ellas, pues se encontraban en salidas prolongadas no acordadas (véase «A tu suerte», Brecha, 22-IX-23). Consultada sobre el tema, Argenzio afirmó que varias de esas situaciones «terminaron con abuso sexual y todavía no tienen tratamiento por parte del INAU», algo que planteó en la sesión que tuvo el directorio este miércoles. En aquel entonces, los trabajadores del centro también decían que estaban desbordados, porque –según aducían– no era posible trabajar correctamente con esa cantidad de adolescentes disponiendo de pocos recursos humanos. A raíz de esta situación, una de las alternativas que se manejaban –y se ponía en práctica– era mandar a las chiquilinas de vuelta a sus hogares de origen, es decir, devolverlas a los mismos contextos de los cuales la Justicia había dispuesto su separación. De este modo, nuevamente quedaban a la deriva. Debido a esta saturación de los hogares, a 2023 eran 58 los niños, niñas y adolescentes que esperaban para ingresar al sistema de amparo por disposición del Poder Judicial (véase «Versiones encontradas», Brecha, 16-VI-23).
Según un comunicado difundido por el Suinau el 16 de febrero, luego del incendio, «desde hace tiempo se viene soportando una situación de crisis en los Servicios de Protección Integral de 24 horas». Ante esta situación «bastante generalizada», el sindicato denuncia que las autoridades no ofrecen soluciones «de fondo» y los problemas se profundizan cada vez más.
ANTECEDENTES RECIENTES
Brecha ha seguido la escalada de violencia por la que atraviesa el sistema de amparo en los últimos años y, como en otras oportunidades, esta vez no parecen existir respuestas contundentes de las autoridades. La dirección del INAU fue citada a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara Alta por lo menos dos veces en estos últimos seis meses a raíz de situaciones similares. En esas instancias, el expresidente del INAU Pablo Abdala –quien renunció a su cargo para enfocarse en la campaña electoral y a la postre fue designado subsecretario del Ministerio del Interior, luego de la renuncia de Guillermo Maciel– les restó importancia a las advertencias que hizo el MNP sobre los riesgos que corrían las vidas de niñas, niños y adolescentes que residían en algunos hogares del INAU. El momento álgido de esta crisis ocurrió en el segundo semestre del año pasado, cuando Brecha publicó los informes del MNP sobre la situación del Centro de Breve Estadía de Varones (ex-Tribal), que no habían sido dados a conocer públicamente por el directorio de la INDDHH. En aquel momento, Abdala se refirió al trabajo de los técnicos del MNP diciendo que «todos ellos nos inspiran la mayor consideración», pero les restó importancia a las denuncias y las clasificó de «altisonantes».
En aquella ocasión, la crisis del sistema incluso generó divergencias a la interna del sindicato. En setiembre, luego de varias situaciones de violencia en las que se vieron involucrados trabajadores de distintos centros –que se comunican a través de un grupo de WhatsApp–, se pidió una reunión urgente con las autoridades del sindicato. Asistieron casi 70 personas, en representación de 19 hogares. Pero, según supo el semanario en ese momento, las autoridades del sindicato relativizaron la situación y desestimaron la legitimidad de la reunión, pues no se habían respetado los estatutos para la convocatoria (véase «Nadie vio nada», Brecha, 8-IX-23).
Respecto de los incendios de la semana pasada, según el Suinau, un trabajador «fue agredido» y «algunas adolescentes agredieron al equipo de trabajo y dañaron mobiliario». Esta vez, el presidente del sindicato y vicepresidente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, José Lorenzo López, dijo que el sindicato plantea «desde hace mucho tiempo que el sistema de protección de 24 horas en el INAU se está deteriorando a pasos agigantados» (portal del PIT-CNT, 16/II/23).
MÁS TENSIÓN
Las autoridades del INAU no son las únicas que deben velar por la seguridad de los más de 7 mil niños, niñas y adolescentes que integran el sistema. Por eso, el MNP (organismo que funciona en el marco de la INDDHH, aunque con independencia técnica) hace visitas periódicas a distintos hogares y establecimientos de encierro, y envía oficios a los organismos correspondientes con conclusiones relativas al cumplimiento de los derechos humanos. Los informes hechos por el MNP deberían ser de carácter público y estar disponibles en la página web del organismo. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió en el caso de Tribal, el año pasado. Entonces, el MNP recomendó el cierre inmediato del centro, debido a situaciones de «violencia institucional e interpersonal» que sufrían los varones adolescentes y el uso cotidiano de armas punzantes al estilo de «cortes carcelarios». Pero los informes no se hicieron públicos de forma inmediata debido a una intervención de integrantes del directorio de la INDDHH. Luego de varias idas y vueltas –y solo después de que Brecha publicara los documentos–, la INDDHH hizo público el informe el 20 de setiembre. La situación de Magnolia guarda algunas similitudes con lo sucedido entonces.
La INDDHH, que cuenta con un Consejo Directivo que va cambiando su presidente cada año, es un organismo estatal independiente cuyo objetivo es ejercer el contralor en materia de derechos humanos en el ámbito de los diversos organismos del Estado. Por tanto, no es la primera vez que pone la lupa en los hogares del INAU, que albergan a la población más vulnerable del país. Sin embargo, desde la asunción del nuevo directorio, en 2022 (en su mayoría, propuesto por entidades afines al gobierno nacional), la INDDHH ha propiciado una relación de tensión con los técnicos independientes del MNP. En concreto, en las discusiones parlamentarias del año pasado, el principal nudo tuvo que ver con la denuncia de que el trabajo de los técnicos puede estar siendo coartado por integrantes del directorio, que insisten en diferir la publicación de los informes por razones políticas. En este punto también insistió el sindicato de funcionarios de la INDDHH, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, que presentaron sus discrepancias con el directorio en reuniones oficiales (ver «El pasamanos», Brecha, 1/IX/23).
Mientras el presidente del directorio fue Marcos Israel se hicieron varias visitas, informes y oficios que fueron enviados al INAU durante por lo menos cuatro meses. Allí se informó que la vida de los adolescentes y los funcionarios de Tribal corría riesgo, pero esos informes fueron encubiertos por las autoridades, tanto del INAU como del INDDHH. Esta forma de trabajo se profundizó con la asunción de Jimena Fernández como nueva presidenta del Consejo Directivo. Fernández solicita que, como cortesía, además de enviar oficios al INAU, la INDDHH envíe reportes detallando brevemente la información que se recabó en las visitas. La publicación de los informes del MNP en la página de la INDDHH, de acuerdo a las políticas de las nuevas autoridades, suele depender de los tiempos políticos del directorio.
En relación al incendio ocurrido en Magnolia la semana pasada, nuevamente se prendieron las alertas a la interna de la INDDHH. Brecha confirmó que luego de que el informe sobre Tribal llegara a la prensa el año pasado, aumentaron las tensiones a la interna de la INDDHH, donde varios funcionarios afirmaron que se les habían revisado sus correos electrónicos –institucionales y personales– sin su autorización.
Brecha se puso en contacto con Fernández para conocer su versión de los hechos, pero la funcionaria, a través de su asesoría de prensa, no quiso hacer declaraciones.