El teléfono indica que son las 22.54 del sábado 4 de julio, cuando un taxista marca 911 y denuncia que un hombre fue agredido en una parada de ómnibus de Maldonado. Rápidamente la Policía intercepta un Chery QQ. Arma en mano, seis agentes bajan de tres patrulleros y dan la voz de alto. Reconocen al chofer porque ya habían reconocido su vehículo: el hombre fue en algún tiempo delincuente, hace cuatro años que no lo es. Sus antecedentes le cuestan que la Policía acuda de tanto en tanto a su casa, que lo lleven a la comisaría, que lo suelten luego de comprobar que el responsable es otro. Pero esta vez intenta darse a la fuga. Pone reversa y, mientras un policía grita “¡Guarda!” y efectúa dos disparos hacia la rueda trasera izquierda, el vehículo choca contra uno de los patrulleros.
Unos segundos antes el tablero marcaba una velocidad moderada mientras el “Carancho” recorría el barrio con un amigo que también tiene apodo pero ningún antecedente penal. Ahora van a 90 quilómetros por hora en medio de la ciudad. Los vienen persiguiendo dos patrulleros, a los que se sumarán otros tres: habrá policías del Grupo Especial de Patrullaje y de las seccionales Primera, Sexta y de investigaciones. Los tiros van en una sola dirección; uno de los policías que manejan asoma la cabeza por la ventanilla para disparar mientras conduce. Por el camino una bala impacta en el parabrisas de una camioneta de la que acaban de bajar una pareja junto a su hijo. En el Chery, el acompañante, el “Pulga”, saca provecho a su tamaño y se queda agachado todo el viaje para evitar las balas. A su lado, el Carancho recibe un disparo en la espalda, varios proyectiles le pasan rozando, 14 impactaron en su auto. Decide “refugiarse” en la Seccional Sexta para evitar que lo maten, según declara horas más tarde, cuando finalmente, humeando y con las llantas maltrechas, estaciona su auto.
DESPUÉS DE LOS HECHOS. El conductor fue procesado por el delito de desacato y enviado a prisión debido a sus antecedentes penales. En cuanto al incidente en la parada de ómnibus, quedó demostrado que no había tenido ningún tipo de participación. Su acompañante fue liberado. Un pedido de procesamiento sin prisión por abuso de funciones cayó sobre siete de los 11 policías que participaron del operativo, los siete que dispararon, cada uno, al menos dos o tres veces su arma.
Este es el relato de lo sucedido según las coincidentes declaraciones de los policías y los ocupantes del Chery, y que contó a Brecha la fiscal del caso, Adriana Arenas. Ninguno de los policías declaró que en el Chery hubiera un arma, ni que se hubieran efectuado disparos contra ellos. Sólo uno dijo que vio “fogonazos”, y luego se desdijo y adjudicó el error a que era la primera vez que vivía un episodio como ese y estaba nervioso. Los cinco patrulleros que participaron de la persecución y el que quedó dañado luego del choque del inicio no recibieron ningún impacto de bala.
Pese a eso, desde el Ministerio del Interior (MI) se insiste en que la Policía está convencida de que el “reconocido delincuente” se deshizo de un arma y/o droga durante la persecución. Que hay que ponerse en el lugar de los policías, que en otra época ese mismo hombre convirtió a oficiales en rehenes. En ese marco, policías de Maldonado marcharon ayer jueves en solidaridad con sus compañeros y en el MI se decía que amenazan con entregar sus armas si se concreta el procesamiento. También, que la fiscal tiene animosidad contra la Policía, que ya procesó a otros oficiales en Rocha. La escena que pinta la fiscal es bien distinta: “Se dijo que había procesado a oficiales de Rocha, pero yo nunca ejercí en ese departamento ni procesé antes a ningún policía”. En este caso, “terceras personas corrieron riesgos por ese tiroteo hacia un vehículo en movimiento que no repelía. Y tengo que preservar la integridad física de las otras personas, porque acá hubo un exceso. La ley tiene que ser igual para todas las partes, no en función de la profesión que ejerzan”.
El argumento de la fiscal es que se violó la ley de procedimiento policial, que establece que “el uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de arma, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”, y que cuando no sea evitable el uso del arma de fuego se “actuará con moderación y en proporción a la gravedad de la agresión o la conducta ilícita que se trate de reprimir”, y se “reducirán al mínimo los daños y lesiones que pudieran causar al agresor”.
Sin hacer consideraciones sobre el caso puntual, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y ex subsecretario del Ministerio del Interior (MI), Juan Faroppa, planteó a Brecha que la mayoría de los casos en los que la Policía ha generado daños con sus armas de fuego “se deben a una mala formación en lo que es el uso de la fuerza letal. Acá y en otros países de Latinoamérica hay una visión machista, por decirlo de alguna manera, de que el policía es guapo si saca el arma. Pero en la ley de procedimiento policial, que tanto se criticó en su momento, está establecido que en una persecución no se tiene que poner en peligro la vida de los policías ni la de otros peatones o conductores, porque esto no es el Chicago de los años veinte, donde saco el arma por la ventanilla y empiezo a tirar. No se puede balear a una persona cuando se da a la fuga porque cometió una rapiña, ni siquiera por un homicidio o una violación a una menor. No es que tengamos una Policía carnicera, de gatillo fácil, sino que le falta la formación básica”.
Pero ante el hecho, la primera reacción del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con quien este semanario intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, fue aseverar que el pedido de procesamiento sin prisión era “un error que los delincuentes aplauden”, además de opinar que si hubo un desvío en el procedimiento “tiene que tener una respuesta administrativa y no una acusación de este orden, que es peor”.
MALOS CONTRA BUENOS. El discurso plantea la idea de que se da “una victoria de los delincuentes si la Policía aparece interpelada”, y en ese esquema “el que protege los derechos de los malos es también malo, y por eso es mala la fiscal y seguramente sea malo el juez que determine el procesamiento”, analizó en diálogo con Brecha Gianella Bardazano, abogada integrante del Ielsur. “Que no preocupe a la conducción política del ministerio que las declaraciones suenen a un avance del Estado policial es justamente preocupante. La conducción política debería ser respetuosa del funcionamiento normal de las instituciones del Estado de derecho. Decirle al Ministerio Público que no debe intervenir, o que su intervención es un triunfo de los delincuentes, desde el punto de vista institucional es terrible”, interpretó Bardazano.
Según la experiencia de Faroppa, que ha trabajado con policías de varios países, “ese es un discurso que tiene una base corporativa en instituciones que miran mucho para adentro y que se sienten poco respetadas por la ciudadanía. Entonces surge lo de ‘no nos comprenden’, ‘la gente no entiende lo que es combatir a la delincuencia’, ‘si respetamos los derechos humanos tenemos las manos atadas’, ‘nos defendemos entre nosotros porque si no nadie nos defiende’”. Y continuó: “Está muy bien que la Policía tenga una Dirección de Asuntos Internos donde se investiga, pero si además de una falla administrativa puede haber un delito concreto, según nuestro régimen jurídico político de separación de poderes es el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, el que debe resolverlo”.
La postura que hizo pública Bonomi no quedó solo en el discurso. Los abogados del MI, en defensa de los siete policías, presentaron un recurso de inconstitucionalidad de la figura de abuso de funciones. Según Bardazano, esa actitud abre una gama de hipótesis acerca de lo que busca el ministerio, en un contexto en el que la Suprema Corte de Justicia ya ha tomado una posición sobre esa figura jurídica y la considera constitucional. Puede que sea “una jugada para derogar o modificar el delito de abuso de funciones mientras tanto, y que el juez no llegue a hacer un dictamen”. O puede que se trate de una estrategia “populista” para propiciar la aceptación de la derogación o modificación de ese delito en esa mayoría que considera que el principal problema es la inseguridad, bajo el argumento de que la existencia del delito de abuso de funciones frena “la lucha contra la delincuencia y la posibilidad de actuar que tiene la Policía”. O puede que sea “una intervención desafortunada de Bonomi, que considera que los casos de abuso policial no tienen que ser investigados por la justicia y que se tienen que resolver en la órbita administrativa. Pero podría haber hecho las mismas declaraciones sin haber presentado el recurso”.
Las policías de la región se caracterizan por un “autogobierno policial que es la contracara del desgobierno político, donde la autoridad política no logra imponer sus criterios y es la organización policial la que termina imponiendo sus demandas, sus reivindicaciones, sus procedimientos. En el caso de Bonomi eso tiene una vuelta más: el que debería estar a cargo de la conducción política se suma a los cuadros policiales, habla como un policía, se pone en su lugar, asume sus lógicas. No parece ser una incapacidad de la conducción política de lograr gobernar a la fuerza policial, sino que la conducción política decide integrarse”, consideró Bardazano, y agregó que “Bonomi tiene mucho de neopunitivismo y populismo penal: la política de seguridad y la legislación penal toman la forma de los reclamos de la gente, por ejemplo cuando decía que los operativos de saturación los pedía la gente trabajadora. Siempre está eso de separar y personalizar en algunos con los que no hay que tener miramientos en cuanto a sus garantías, porque es la propia gente que vive con ellos la que está pidiendo ese tipo de intervención”.
Cuando un policía mató a Álvaro Sosa en el barrio Marconi en 2012 el ministro excusó el hecho y dijo que en ese barrio “hay decenas de muertes cuando no entra la Policía”, por lo que “la Policía tiene que tratar de entrar a solucionar los problemas”. Cuando otro agente mató a Sergio Lemos en Santa Catalina en 2013, aseguró que el joven había disparado primero, para luego reconocer que la Policía le había plantado el arma.
No es pequeño el detalle: esta vez no hubo un joven muerto. Pero Bonomi parece tener un modus operandi. Los antecedentes del agredido son sacados a relucir para aderezar el discurso de que esa es la única forma de combatir a la delincuencia, para endulzar a los que reclaman mano dura.