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La eficacia de la videovigilancia en Maldonado.

Foto: Sebastián Umpierrez.

Esta semana el intendente de Maldonado, Enrique Antía, insistió en que el millonario sistema de videovigilancia que compró en forma directa a la israelí Elbit “ayudó tremendamente en la prevención” del delito en el departamento. No obstante, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y el criminólogo Nicolás Trajtenberg explicaron a Brecha que las estadísticas no alcanzan para evaluar el programa de seguridad.

En un contexto de compromisos electorales a nivel nacional y departamental para bajar la criminalidad, el gobierno de Maldonado compró a una empresa israelí un sistema de videovigilancia que costó 20 millones de dólares. La semana pasada Brecha informó sobre las condiciones en que se realizó esa compra directa a la empresa israelí Elbit Systems y sobre cómo el gobierno de Israel aprovechó la infraestructura pagada por los ciudadanos de Maldonado para vender el proyecto en el exterior, alegando un éxito que no está probado. Desde el área de comunicaciones del Ministerio del Interior (Unicom), se afirmó a este semanario que no existe un estudio específico sobre el impacto del sistema en los índices de criminalidad del departamento, por lo cual no puede afirmarse que haya un efecto positivo.

No obstante, en su esfuerzo por justificar la millonaria inversión, dos días después el intendente Enrique Antía (PN) reiteró a El País que en 2017, durante el primer año de aplicación del sistema, cayeron “un 32 por ciento las rapiñas y 54 por ciento los arrebatos” en comparación con 2016. Tras cartón, el miércoles pasado la Secretaría de Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado (Idm) informó sobre una entrevista mantenida ese día entre Antía y el presidente Tabaré Vázquez. La reunión trató diversos temas aunque el titular remarcó que ambos “analizaron la inseguridad en el país y destacaron la importancia del centro de videovigilancia”. “Informamos que en este mes quedaron en funcionamiento las 1.200 cámaras y que está dando resultados concretos. Hablamos de varios ejemplos, de que las cámaras han permitido resolver varios casos y que han ayudado tremendamente en la prevención”, resumió el intendente, en declaraciones al área de Comunicaciones. Ayer Brecha solicitó a esa repartición el estudio en el cual Antía basó esta afirmación: se informó que se trata de las estadísticas de 2017, que en realidad establecen una baja “en 26 por ciento para las rapiñas y 49 por ciento, los arrebatos”. Según datos aportados a Brecha desde el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 13 de junio de este año las rapiñas aumentaron en Maldonado un 45 por ciento con respecto a igual período del año pasado. Si estos datos se confirman en julio, siguiendo el criterio estadístico utilizado por Antía, la conclusión será que el objetivo de la videovigilancia en materia preventiva no se logró. Pero las estadísticas generales no alcanzan para evaluar un sistema de este tipo, señaló a Brecha el sociólogo Nicolás Trajtenberg, uno de los pocos académicos doctorados en Criminología con los que cuenta el país. “Para saber exactamente el efecto de la videovigilancia, hay que hacer un diseño experimental. Es importante determinar qué se compara. Por ejemplo, si en 2017 hay un nivel de rapiña diez, se ponen las cámaras y el nivel baja a 8, eso no prueba que el descenso se debió a las cámaras”, remarcó el experto. Para demostrarlo hay que poner cámaras en una zona y comparar los resultados con otra, de características similares, donde no hay cámaras. Otro aspecto a contemplar es el efecto desplazamiento: si las cámaras no están ubicadas en “los barrios de los trabajadores”, puede ocurrir que el delito se disperse hacia zonas menos pudientes, explicó.

En general, Trajtenberg entiende que Uruguay tiene “un problema serio con las fuentes de información” en las que basa su política de seguridad. “La investigación para conocer las causas de la violencia y para saber si las políticas son efectivas es muy pobre: hay muy pocos estudios, de muy poca calidad y sobre todo con muy poca capacidad de dar sugerencias prácticas a los tomadores de decisión”, advirtió el miércoles por la noche, al participar en una mesa redonda sobre “Criminalidad, violencia y seguridad ciudadana” organizada en Maldonado por el conglomerado de agrupaciones frenteamplistas conocido como “la lista del camión”. El académico tampoco soslaya que, al momento de evaluar el éxito de un programa, puede haber conflictos de interés, por lo cual no es conveniente que los analistas sean los mismos que ejecutan ese programa.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo a Brecha que desconoce en qué se basa actualmente la Idm para defender el éxito del millonario proyecto en materia preventiva: “Atenerse a las estadísticas no alcanza para afirmar que un sistema es exitoso”, comentó. En su opinión, el sistema fernandino ha dado “buenos resultados” en cuanto “en algunos lugares sirvió como elemento disuasorio” mientras en otros hubo una mejora de la eficiencia policial y judicial al momento de investigar y aclarar delitos durante 2017. Sin embargo, remarcó que “ningún programa en forma aislada es exitoso para combatir el delito. Las cámaras influyen, pero también influye el sistema de patrullaje y el análisis de la policía en cuanto a dónde y cómo se cometen los delitos”.

El jerarca, que también participó en la mesa redonda realizada en Maldonado, dijo que el gobierno central “vio con buenos ojos” que el intendente Antía se preocupara por la seguridad y adquiriera un sistema para el cual la cartera no contaba con fondos. Así y todo, tomó distancia sobre el proceso de contratación directa de Elbit y la intervención de técnicos israelíes en el diseño del programa: “Apoyamos desde el punto de vista técnico, pero no participamos de la compra y negociación. Nuestros técnicos participaron en la instalación del plan y sé que participó otra gente, sugiriendo que se instalaran cámaras en otros lados, pero eso lo resolvió la Idm con la gente que ellos resolvieron contratar”, señaló, bajo el entendido de que esto no viola el mandato constitucional que otorga exclusivamente al Poder Ejecutivo la definición y ejecución de la política de seguridad nacional. Por otra parte, Vázquez evitó opinar sobre las actividades promocionales desarrolladas por el gobierno de Israel dentro del centro de monitoreo o sobre el uso de la información allí surgida: “Es un problema de la Idm”, concluyó.

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