Óscar Pérez se había hecho famoso seis meses atrás, cuando atacó con granadas la sede del Tribunal Supremo (la suprema corte de justicia venezolana) desde un helicóptero. Dos meses antes se había iniciado una serie de enfrentamientos callejeros que duraron varias semanas más y en los que resultaron muertas unas 125 personas.
Esta semana, Óscar Pérez murió en lo que algunos describen como un enfrentamiento con la policía bolivariana y otros (entre ellos la ex fiscal Luisa Ortega), como una ejecución extrajudicial. Lo cierto es que Pérez, un ex oficial de policía de 36 años que desde aquel ataque del 27 de junio pasado no había cesado de preparar nuevas operaciones para provocar la caída del “narco gobierno de Nicolás Maduro”, fue rodeado junto con un grupo de seguidores en una casa en la que se había refugiado sobre la carretera El Junquito, en las afueras de Caracas, el lunes. Hay versiones de que fue entregado por un dirigente opositor en el marco de las negociaciones que el gobierno y la Mesa de Unidad Opositora (Mud) están manteniendo en República Dominicana de cara a las próximas elecciones. Para el Ejecutivo chavista, Pérez, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, era un “psicópata y asesino”. “Pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica, el grupo terrorista inició de manera artera un enfrentamiento con los organismos de seguridad, generando dos víctimas fatales de las fuerzas de seguridad y ocho oficiales gravemente heridos”, dijo Néstor Reverol, ministro del Interior y de Justicia. “Es un criminal, es un asesino, y le pido la colaboración a todo el pueblo de Venezuela. Si aún se encuentra en territorio nacional, que el pueblo de Venezuela, al identificarlo, lo capture donde esté, a ese terrorista y criminal”, dijo el presidente Maduro poco después del atentado de fines de junio.
La “célula terrorista” perdió, además de al ex oficial, a otros seis integrantes, incluida una mujer. Todo el operativo fue trasmitido en directo por Pérez desde su cuenta de Instagram. En uno de los videos, anuncia que quiere entregarse. En él se basó la ex fiscal general Luisa Ortega, exiliada en Colombia, para afirmar que se trató de una ejecución. “¿Qué más evidencia quieren Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional que el testimonio del inspector Óscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida?”, dijo.
“El Rambo venezolano”, como lo llamaban, era afecto a la comunicación a través de las redes sociales, en las que colocaba videos llamando a la insurrección. Lo acompañaban a menudo hombres encapuchados, y él sostenía que contaba con el apoyo de oficiales y suboficiales activos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. A mediados de diciembre pasado, un comando dirigido por Pérez había robado armas de un cuartel de la Guardia Nacional en San Pedro de los Altos y según las autoridades esa misma célula era responsable de diversos ataques con bombas producidos en las últimas semanas.
La muerte de Pérez, para algunos sectores de la oposición, puede hacer peligrar la continuación de la tercera ronda de negociaciones entre el oficialismo y la Mud. Ambas partes habían afirmado el fin de semana pasado que se habían realizado “importantísimos avances” para llegar a un acuerdo de salida a la crisis política, según había resumido un representante bolivariano.
La Mud, derrotada en las últimas elecciones regionales y municipales, en las que denunció fraude, está dividida, y el gobierno ha aprovechado para imponerle su agenda, según analistas venezolanos, pero al Ejecutivo le surgen nuevos frentes de conflicto, como los saqueos a supermercados producidos por la escasez de productos de primera necesidad, que han dejado diez muertos en Mérida, y el creciente enfrentamiento con la Iglesia Católica.
