De acuerdo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como reglas Mandela, mantener a un recluso en régimen de aislamiento durante al menos 22 horas al día por más de 15 días es una forma de tortura, no aceptable «en ninguna circunstancia». Sin embargo, es un procedimiento normal en el régimen 41-bis de Italia, llamado así por una enmienda a la ley de administración penitenciaria introducida como legislación de «emergencia» en 1975, pero modificada varias veces desde entonces, como sucedió, por ejemplo, tras el asesinato del juez siciliano Giovanni Falcone y sus cinco guardaespaldas a manos de la mafia en 1992. La finalidad de la norma en aquel momento era impedir que los jefes mafiosos se comunicaran con sus asociados, pero, como suele ocurrir con otras medidas represivas, su aplicación se ha ido extendiendo progresivamente a otros presos.
Las personas encarceladas de acuerdo con las reglas 41-bis son recluidas en régimen de aislamiento bajo vigilancia constante y no se les permite visitar siquiera el gimnasio o la biblioteca de la prisión. Solo pueden tener una hora al mes para visitas, que se hacen a través de una mampara de vidrio y son grabadas. El acceso a los programas de rehabilitación está restringido. En teoría, el régimen se revisa cada cuatro años, pero muchos de los 750 presos que se encuentran actualmente en el 41-bis están, de facto, enterrados vivos. Los familiares de una prisionera perteneciente a las Brigadas Rojas –Nadia Lioce, que ha pasado más de 20 años bajo el régimen del 41-bis– informan que ya no puede mantener una conversación coherente cuando la visitan. Diversas apelaciones contra el 41-bis por violar los derechos humanos han sido sistemáticamente rechazadas por los tribunales italianos.
El activista anarquista y escritor Alfredo Cospito fue detenido, en 2012, por disparar a las rodillas del director general de la empresa nuclear Ansaldo. Mientras cumplía una condena de diez años por ese ataque, del que admitió la autoría, Cospito fue declarado, a su vez, culpable de participar en el atentado con bomba contra un cuartel de entrenamiento de los carabinieri en 2006, acción que niega haber cometido y en la que nadie resultó herido. Tras la apelación del fiscal, la Corte Suprema reclasificó el atentado como «ataque a la seguridad del Estado», un delito que originalmente conllevaba la pena de muerte (el Código Penal de Italia fue escrito bajo el régimen de Benito Mussolini y adaptado, en lugar de abandonado, después de 1945) y ahora implica una pena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
A lo largo de su encarcelamiento, Cospito ha continuado escribiendo artículos y editando libros, y a través de ellos se ha comunicado públicamente con el movimiento anarquista en Italia y el extranjero. La condena por el ataque de 2006 se basa, en gran medida, en sus escritos realizados en prisión. A pesar de su insistencia en el anarquismo individualista, los tribunales lo describen como líder de una organización, alguien que planea crímenes desde dentro de la prisión a la manera de un jefe mafioso. Se lo puso bajo el régimen del 41-bis en abril pasado, y el 20 de octubre comenzó una huelga de hambre, exigiendo el fin del 41-bis no solo para él, sino para todos los presos que lo padecen (algunos han estado en régimen de aislamiento desde la década del 90). Ha perdido más de 45 quilos y casi no puede caminar. El 30 de enero fue trasladado de la prisión de máxima seguridad de Bancali, en Cerdeña, a la prisión especial de Opera, cerca de Milán, para recibir atención médica constante. La Corte Suprema de Casación fijó fecha de una audiencia para escuchar su caso: el 20 de abril, cita que se adelantó al 21 de febrero luego de que los abogados de Cospito señalaran que para entonces su cliente estaría, casi con seguridad, muerto.
En las últimas semanas ha habido manifestaciones en apoyo a Cospito y contra el 41-bis en toda Italia. Activistas anarquistas han llevado a cabo ataques simbólicos contra embajadas italianas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Alemania, Grecia, Países Bajos, Portugal, España y Suiza. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, dijo que se negaría a hablar con los abogados de Cospito y rechazó su apelación. Después de que el caso fuera debatido en el parlamento italiano, la primera ministra, Giorgia Meloni, fue cuestionada al respecto en una conferencia de prensa con Olaf Scholz en Berlín, y respondió con una carta al Corriere della Sera. En enero, organizaciones de base de Nápoles lanzaron una petición contra el 41-bis y la cadena perpetua. Los firmantes incluyen a Luigi Manconi, exsenador y subsecretario de Justicia, y Laura Longo, exjueza de un tribunal de vigilancia.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa instó, en 2020, al gobierno italiano a «comprometerse en una reflexión seria» sobre el 41-bis. Amnistía Internacional, cuyas oficinas fueron ocupadas por seguidores de Cospito el pasado mes de octubre, pidió que se respeten sus derechos humanos y calificó el 41-bis de «trato cruel, inhumano y degradante». El 1 de febrero se unió a las organizaciones A Buon Diritto y Antigone para reiterar su petición al Estado italiano de sacar a Cospito del 41-bis.
Todas estas críticas son desestimadas por el gobierno de derecha y por la mayor parte de la oposición de centroizquierda, que afirman que relajar el 41-bis cedería terreno a la mafia, algo que aparece reflejado en la carta de la propia Meloni. (Matteo Messina Denaro, un capo de la mafia que había estado prófugo desde la década del 90, fue descubierto y arrestado este 16 de enero en Palermo. Sus delitos incluyen disolver en ácido nítrico al hijo de 12 años de un excómplice. Fue inmediatamente condenado al 41-bis.)
A fines de enero, un congresista de derecha divulgó ilegalmente un video de Cospito en la prisión, en el que se lo ve hablando con presos mafiosos (los únicos compañeros de presidio con los que puede conversar), y sugirió que Cospito está en huelga de hambre presionado por la mafia. Los partidarios de Cospito, por el contrario, argumentan que las herramientas represivas diseñadas para combatir a los mafiosos se utilizan cada vez más para castigar la disidencia política. A fines del año pasado, un grupo de activistas por la vivienda social en Milán fue declarado culpable de asociación delictiva, y la Policía de Pavia solicitó que un activista no violento contra el cambio climático fuera puesto bajo un régimen de vigilancia especial (aunque un tribunal de Milán rechazó luego la solicitud).
Si el gobierno italiano no hace nada en los próximos días, Cospito morirá. El debate público que ha suscitado con su huelga de hambre ha abierto una ventana de oportunidad para repensar un sistema penitenciario que inflige dolor y desesperación, no solo en Italia.
(Publicado originalmente en London Review of Books. Traducción y titulación de Brecha.)