Entre el derecho a la vivienda y el derecho al negocio

La Intendencia de Maldonado realojará a las 700 familias que hoy viven en los barrios Kennedy y El Placer, catalogados como asentamientos irregulares por el Instituto Nacional de Estadística. Lo que hace particular este caso es que los emplazamientos están en zonas sumamente apetecibles para el desarrollo inmobiliario.

La Intendencia de Maldonado envió hace poco a la Junta Departamental correspondiente la solicitud de declaración de interés público para habilitar la expropiación de los padrones números 2483 y 2485 de la capital de dicho departamento. Esos predios, vecinos del aeropuerto El Jagüel, alcanzan entre ambos unas 46 hectáreas y serían utilizados por la comuna fernandina para el realojo de las 700 familias que hoy viven en los barrios Kennedy y El Placer, catalogados como asentamientos irregulares por el Instituto Nacional de Estadística. La operación se realizaría en el marco del plan de reordenamiento urbanístico de la zona que tiene por eje la avenida Aparicio Saravia, borde noreste del amanzanamiento de la ciudad de Maldonado, que desemboca en la rotonda de acceso al puente Leonel Viera que conecta Maldonado con La Barra. Se trata de una intervención de fuerte impacto, ya que involucra al 20 por ciento de las familias que viven en asentamientos en el departamento, según el Censo 2011-2012.

Lo que hace particular este caso es que tanto los actuales emplazamientos como el futuro están en zonas sumamente apetecibles para el desarrollo inmobiliario. El barrio Kennedy queda a relativamente poca distancia de la playa y contiguo a las instalaciones de la cancha de golf del Cantegril Country Club; El Placer se ubica en la entrada misma de La Barra. Los padrones que se piensa expropiar, por su parte, están muy próximos al aeropuerto El Jagüel, en una zona en la que están previstos varios proyectos inmobiliarios (entre ellos la construcción de un centro de convenciones), cuya rentabilidad no se verá favorecida por el traslado a la zona de gente de modestos recursos, como son las familias a realojar.

Pero, ¿por qué razón es necesario el realojo? Los terrenos donde hoy están el Kennedy y El Placer no son anegadizos ni inundables, no están contaminados y se encuentran en zonas que poseen los servicios residenciales necesarios. No hay ninguna razón, entonces, que justifique buscar una solución a la precariedad y carencias de las construcciones (no todas) en otro lugar que no sea su ubicación actual. Esto, si el objetivo de la operación fuera la mejora de la calidad de vida de la población que allí habita. Pero si la verdadera finalidad es liberar terrenos que pueden tener un importante costo de mercado, para realizar inversiones inmobiliarias de alto estándar, entonces resulta evidente que lo que molesta allí es la gente: no sólo su presencia actual, sino también una posible cercanía futura.

El barrio Kennedy, en particular, tiene más de cincuenta años y las familias que lo habitan están entre los más antiguos vecinos actuales de Maldonado. Fue creado en los comienzos de la década del 60 del siglo pasado, con la denominación de Barrio Obrero Presidente Kennedy, con el apoyo de Estados Unidos (de ahí su nombre, eran épocas de la Alianza para el Progreso) y como una alternativa de radicación para la población proveniente de otras localidades de Maldonado y de los departamentos próximos, que ya en aquella época constituía una importante corriente migratoria en busca de trabajo.

Con el tiempo el barrio fue creciendo y densificándose, al tiempo que crecían Maldonado y Punta del Este, y lo que hace medio siglo era un terreno en una zona de poco interés, empezaba a cobrarlo a pasos agigantados. Allí empiezan también las ideas de realojo, que por cierto no son nuevas, ni patrimonio exclusivo del nuevo intendente. Los intentos por sacarse de arriba el Kennedy han sido hechos, hasta ahora sin éxito, por sucesivas administraciones, correspondientes a los tres grandes partidos que han gobernado el país y Maldonado.

El intendente Enrique Antía sostiene que ha negociado el realojo con los habitantes y que tiene su acuerdo, habiendo cumplido la condición que le pusieron: que sus nuevas casas no estuvieran a más de un par de quilómetros de las actuales, solicitud bastante modesta si se tiene en cuenta que se trata de gente que vive –y va a seguir viviendo– de los servicios que esa zona requiere, por lo cual sería bien razonable que, llevados a veinte cuadras de distancia también se los proveyera de un ciclomotor. Lo que no queda claro es si el traslado realmente se ha aceptado (la prensa ha recogido versiones diferentes de los propios interesados), y si fuera así, si se aceptó porque hay conformidad con el mismo, o porque no se ha planteado ninguna otra alternativa (en particular la de permanecer, mejorándolos, en las casas y el lugar en que hoy viven, donde construyeron con enorme esfuerzo). O porque en su momento se manejaron otras alternativas peores, como el traslado a Cerro Pelado, que queda aun más lejos.

Sin embargo, el problema que se plantea y que hoy motiva la discusión pública no es si la que se propone es la mejor o por lo menos una buena solución para las setecientas familias a realojar, sino que sus futuros vecinos tampoco los quieren, no porque no deseen vivir cerca de ellos (cosa que no sucedería, porque se trata de inversores y no de residentes) sino porque eso no constituiría precisamente un atractivo para eventuales compradores, ya que el destino de esos predios vecinos es la especulación inmobiliaria.

Se da así la paradoja de que mientras la cuestión central debería ser que se va a desplazar barrios enteros para recuperar tierra codiciada por los inversores privados, la discusión no se da sobre la oposición de esta intención con el derecho de los moradores, sino con otra intención movida también por el afán de lucro: la de los dueños de los terrenos contiguos a los que se expropiarían para construir las nuevas casas de los realojados, que verían afectada la viabilidad de los negocios para los cuales en su momento adquirieron los terrenos.

Los académicos llaman “gen­­trificación”, nombre proveniente de una palabra inglesa, al fenómeno sociourbano por el cual la población originaria de una zona es sustituida por otra de mayores ingresos, desplazando a la primera hacia lugares más alejados y de menor calidad urbana. Esto puede suceder de diversas formas: desde la negociación para comprar y vender el suelo a valores que parecen inimaginables pero que en realidad son un bajo porcentaje de lo que realmente valen, hasta la presión económica e incluso la amenaza a los residentes. Y tampoco son ajenos a estos episodios, muchas veces, los propios jerarcas encargados del control de tales situaciones y de la protección de los actores más débiles, en algunas ocasiones obnubilados por las promesas de inversiones que traerían dinero y trabajo, y en otras porque ellos mismos tienen intereses en la cuestión.

En Uruguay, y en particular en Maldonado, hay muchos ejemplos de este tipo de fenómenos, casi siempre vinculados a suelo próximo a la costa, aunque también se producen en otras zonas. Para poner un solo ejemplo: el actual emplazamiento del hotel Conrad antes supo serlo de un asentamiento llamado La Pastora, del que ya nadie se acuerda. Quizá cuando termine este quinquenio el Kennedy y El Placer también sean un recuerdo. Y haya un caso más de gentrificación para estudiar.

Artículos relacionados