Las señales alarmantes que surgieron a partir de distintas declaraciones de la fiscal Gabriela Fossati fueron demasiadas. Sus salidas públicas fueron inusuales, pero sobre todo graves. En ellas no solo asomaba una vieja interna que revelaba una virulenta puja de poder en el ambiente de los fiscales, sino una evidente falta de motivación para asumir el affaire en sus múltiples dimensiones y con toda su profundidad. No había que bucear en alguna entrelínea, porque la abogada se esmeraba en divulgar su voluntad de ser trasladada a una fiscalía especializada (de delitos económicos) a través de distintos medios (incluidas las redes sociales, tan denostadas por ella misma).
Los audios divulgados por el programa Legítima Defensa, en los que Fossati dispara comentarios escandalosos que cuestionan la capacidad del Estado para investigar sus propios abusos de poder –la corrupción–, no hacen más que confirmar el talante anímico con el que encaraba uno de los casos más agudos de los últimos tiempos. Está claro que la magnitud del entuerto la determina no solo la posición que ocupaba Alejandro Astesiano en la esfera del Estado, sino sus peligrosas relaciones con las cúpulas policiales, también con empresarios ávidos de privilegios ilegales, pero sobre todo sus vínculos con el entorno presidencial y el propio presidente de la república.
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Un ejercicio retrospectivo permite ordenar los mojones que anticiparon este final:
• A menos de un mes de la detención de Astesiano, Fossati comenzó a adquirir un perfil alto en redes sociales, a pesar de que es una práctica no recomendada en la Justicia. El 15 de octubre de 2022 eligió responderle por Twitter al senador Jorge Gandini, quejoso frente a la presunta «celeridad» de la investigación penal. De paso, aprovechó para recordar viejas cuitas con el exfiscal de Corte Jorge Díaz, contradictorias además con sus actuales valoraciones: «Ignoró sistemáticamente mis pedidos de asignación de recursos en situaciones excepcionales, lo que hoy no me pasa dentro de las acotadas posibilidades de la institución».
• Dos días después, le contestaría por esa misma red al presidente de la gremial de fiscales, Willian Rosa: «Le pediría que deje de hacer referencia a asuntos que me involucren, menos confundir a la gente» y «debería entender que no puede hablar de lo que no sabe». Rosa solo había recalcado el valor de la independencia de la institución fiscal en alguna entrevista. Antes, Fossati había dicho que ella no integraba la asociación de fiscales y que Rosa no la representaba.
• Pero fue en noviembre cuando las declaraciones de la fiscal se tornaron más complicadas, en coincidencia con las primeras filtraciones de los chats. Justo en ese mes, Fossati esperaba la concreción de su ansiado traslado, pactado con Juan Gómez desde abril, medida que finalmente no se efectivizó, porque el fiscal de Corte prefirió que culminara la indagatoria del caso Astesiano. El 18 de noviembre trascendieron declaraciones de su «entorno» en Montevideo.com que advertían sobre su «soledad» o que trabajaba «con un tenedor». El «entorno» reclamaba mayor apoyo de Gómez y se quejaba de las presiones: «De un lado le pegan para que no se investigue y del otro politizan todo».
• Un día después, surgieron evaluaciones más comprometedoras y de tono similar a las que trascendieron ahora en formato sonoro. Fossati sostuvo que, sin «un compromiso de las instituciones investigadas para depurar los resquicios evidentes (siendo auxiliares de la investigación) y sin apoyo “de adentro”, tiene poco para aportar y prefiere apartarse del caso», publicó el periodista Juan Manuel Carzolio (radio Sarandí). «El hecho de que no se cumplan los compromisos respecto al traslado es para ella un ejemplo de la falta de garantías de la propia institución y del sistema.»
• Sobre fines de ese mes, la fiscal dio argumentos sobre por qué había excluido los chats de Astesiano con el presidente, que no la dejaron bien parada: «El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria fue que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y, teniendo en cuenta su investidura y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable», narró Fossati (El Observador, 30-XI-22).
• Diciembre transcurrió con menos estridencias, hasta que se conoció el nombre de quien ocuparía la Fiscalía de Delitos Económicos de Primer Turno: Alejandro Machado. De inmediato, en enero, sobrevinieron quizás los conceptos más inquietantes: «Le respondí [a Gómez] que tuviera presente que, con turnos semanales y 600 y pico de causas, o bien se enlentecería esta investigación, que a mi juicio debería ser priorizada porque parece ser lo que todos reclaman, o desatendería los otros cientos de casos. Que me deslindaba de toda responsabilidad en ese sentido» (El Observador, 24-I-23). Horas después, el fiscal de Corte divulgó una serie de medidas de contención: desde su disposición para liberar a Fossati del peso de la investigación de los delitos que cayesen en su turno por un tiempo hasta el acompañamiento de distintas unidades de apoyo de la Fiscalía General.
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Este proceso permite entender que los audios enviados el 17 de noviembre al periodista Carlos Peláez no son una muestra solitaria. Con todo, el enunciado articulado mediante su voz y sus inflexiones lo revisten de una inusitada gravedad. La historia posterior es conocida: la imputación al exdirector de Convivencia Gustavo Leal, sin que se conozcan los elementos para tipificarle un posible delito (algo que nada tiene que ver con la falta de oportunismo político del dirigente frenteamplista) y las demandas por difamación contra el presidente del Frente Amplio y dos periodistas de Caras y Caretas. Quizás incómoda frente a las derivaciones de un caso que en sus comienzos iba contra una organización que falsificaba pasaportes, la fiscal respondió a las supuestas presiones del poder con presiones hacia el lado equivocado, porque ser una fiscal no la exime de ser sujeto de crítica (los insultos son otra cosa). Es inquietante que quien ostenta el poder de la acción penal pública, y, por tanto, debe aplicar el derecho de modo represivo a favor de los ciudadanos y nunca en contra, utilice esa investidura contra periodistas y el máximo representante de la oposición.
En este contexto, y quizás contra las cuerdas, Fossati intentó defenderse en una entrevista con Gabriel Pereyra (En la Mira, 1-III-23). Es cierto que logró allí ponderar algunos resultados aceptables, como la formalización del exsubdirector ejecutivo de la Policía Jorge Berriel o la condena de Astesiano –de acuerdo a los archivos de la fiscal, con una pena inédita para el delito de asociación para delinquir–, pero todo tuvo demasiado gusto a poco. Además, esos logros quedaron eclipsados con más opiniones temerarias, a saber: la eventual «cosificación» del exjefe de seguridad presidencial si era sometido a un juicio oral (preocupación humanitaria que el sistema no suele demostrar frente a víctimas menos notorias) o la insuficiencia de recursos para preparar esa instancia en línea con el nuevo Código del Proceso Penal (reforma que nunca fue del agrado de Fossati). Por último, frente a la pregunta de si todavía existía margen para imputar más arriba –en la esfera de los altos mandos políticos–, dio a entender que no llegarían más «sorpresas». El título de una famosa serie policial pareció dibujarse en su rostro: caso cerrado. Un gran signo de interrogación quedó sobre varios asuntos: las demás líneas investigativas, el contenido en otros dos celulares de Astesiano, los chats correspondientes a otros años o los intercambios entre el custodio y el presidente. La fiscal, que no pudo evitar decirles a varios periodistas que «no se iba a inmolar por una investigación que va fatalmente al fracaso» y que se estaba ante un «escándalo institucional de proporciones», se atajaría ahora con que una cosa es una investigación periodística y otra, una penal.
Es cierto que, entre las mayores complejidades del caso –y esto aún no ha sido calibrado en su magnitud–, estaba el involucramiento, en la red de tráfico de influencias regenteada desde la Torre Ejecutiva, de las altas jerarquías de la Policía, institución esencial como «auxiliar» de la investigación de los fiscales, y que el gobierno no aportó las garantías necesarias al no destituirlas en tiempo y forma. Pero el modo en que Fossati intentó sortear esas «piedras» no pareció ir en una línea de reforzar su investigación, sino de debilitarla de una manera provocadora. Así, la abogada parecía hacer todo lo posible para forzar al fiscal de Corte a trasladarla. Pero Gómez también termina debilitado y carente de una lectura política para procesar las señales y proteger la investigación con un cambio de jugadores. Con el mazazo de los audios, Fossati terminó certificándose por motivos de salud y volvió a reclamar su traslado, porque «otros ojos» renovarán la perspectiva. Ahora sí, la claudicación es explícita.
La crisis ha transcurrido en un tortuoso vaivén de impulsos y frenos, de sobresaltos y quietudes, sin que los poderes públicos se sinceraran en torno a la gravedad institucional del asunto. Los vapores anestésicos que emanan de la carnicería digital parecen cubrirlo todo, pero si quienes tienen que investigar al poder se escudan en la falta de recursos, en que fueron presa de presiones políticas, en que no tuvieron tiempo para revisar todos los indicios, lisa y llanamente: estamos en el horno.
